Tras meses de duras negociaciones, Bruselas da el visto bueno al primero de los ‘megaproyectos’ con fondos públicos diseñado por el Gobierno español. La Comisión Europea ha aprobado el esquema de ayudas públicas contemplado en el proyecto estratégico para la recuperación económica (PERTE) del sector de la automoción, lo que sirve para allanar el camino para el resto de PERTE que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez como grandes iniciativas tractoras contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal y como informa El Periódico de España.
La Comisión Europea ha confirmado este jueves la aprobación de los 3.000 millones de euros en ayudas destinadas al PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que serán financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Unas ayudas que servirán para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), así como las medidas de protección del medio ambiente y de eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados digitalmente.
Bruselas da el ok a las ayudas públicas de 3.000 millones de euros contempladas en la parte industrial del megaproyecto. Esas ayudas se completarán con otros 1.300 millones de dinero público articulados a través de las ayudas del Plan Moves, el Programa Moves Proyectos Singulares, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado, hasta alcanzar los 4.300 millones. El objetivo del Gobierno es movilizar inversiones de más de 24.000 millones hasta 2023 entre inversiones públicas y privadas.
La Comisión Europea avala que estas ayudas publicas se concedan mediante un proceso de selección competitivo y en forma de subvenciones directas y de préstamos preferentes en condiciones favorables. Cuando el presidente Pedro Sánchez presentó el proyecto el pasado julio, aun no estando todavía en marcha, anticipó de manera sorprendente la participación protagónica en el PERTE de Seat y de otra quincena de empresas, entre las que se encontraban Iberdrola, Telefónica o CaixaBank.
Nacionales y extranjeras
Las ayudas deberán estar abiertas a consorcios de empresas tanto españolas como extranjeras. Cada consorcio tiene que incluir empresas activas en distintos sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios deberán ser pequeñas y medianas empresas (pymes).
"Este plan español de 3.000 millones de euros contribuirá a hacer posible una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo", comentó la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
El Gobierno aprobó el pasado verano el primero de los megaproyectos estratégicos clave para impulsar áreas clave y transformadoras de nuestra economía con los fondos europeos como empuje milmillonario. El PERTE de la automoción tiene como objetivo crear un hub europeo de la electromovilidad con ayudas e inversiones en toda la cadena de valor (investigación, fabricación, ensamblaje, producción de baterías para los coches eléctrico, desarrollo de la red de enchufes de recarga…) y ligándolo al empuje de conectividad del 5G y de la inteligencia artificial.
Balón de oxígeno
La aprobación por parte de Bruselas supone del balón de oxígeno para el Gobierno español al dar un impulso al resto de PERTE en cartera. El Ejecutivo ha estado presionando desde el verano a la Comisión Europea para que aclarara de una vez el marco de ayudas públicas que se podrá utilizar en los mastodónticos proyectos de los PERTE y fijara los límites para los que se podrán repartir las subvenciones sin necesidad de pasar por el filtro de Bruselas y sin tener que contar con su aprobación formal.
Hasta ahora, los nervios en el Ejecutivo son evidentes y en estos meses se ha venido metiendo prisa a Bruselas para poder sacar adelante el resto de PERTE diseñado por España y sortear el cuello de botella que suponía tener que pedir permiso para cada subvención. Según confirman fuentes gubernamentales, el visto bueno de la Comisión a las ayudas del PERTE de automoción servirá para utilizarlo de modelo para el resto de proyectos estratégicos en cartera.
El Gobierno ha confirmado su intención de sacar adelante varios PERTE. Además del programa del vehículo conectado, España ha aprobado el PERTE de salud de vanguardia, ha anunciado otro megaproyecto en torno a la nueva economía de la lengua para impulsar el español en la ciencia, inteligencia artificial y en las industrias culturales. Y España también tiene en estudio el PERTE aeroespacial y el de una agroalimentación inteligente y sostenible, y el Ejecutivo ha mostrado interés en impulsar otros PERTE de la inteligencia artificial y del hidrógeno verde.
Estos proyectos estaban a la espera de que la Comisión Europea diera el sí al PERTE de automoción para que sirva de guía para establecer las ayudas públicas para todos los demás. De ahí las presiones para conseguir cierta laxitud en el reparto de las ayudas, que han venido siendo ejercidas por los Ministerios implicados en la aprobación de los PERTE pendientes, y que también ha estado encargando el Gobierno a otras instituciones y reguladores españoles en cada encuentro que mantienen con representantes de la Comisión Europea.
Las dificultades para poner en marcha los proyectos se encuentra paradójicamente en las propias reglas europeas, porque el Marco de Ayudas de Estado limita la cantidad de recursos públicos que se pueden dedicar a apoyar inversiones empresariales sin contar con el visto bueno previo de Bruselas. El Gobierno español negocia con Bruselas precisamente como articular las ayudas de los PERTE dentro ese Marco para facilitar las convocatorias grandes, según fuentes conocedoras de estas conversaciones.
El calendario que maneja el Ministerio de Industria pasa por aprobar la convocatoria de ayudas en diciembre, dar de plazo hasta febrero de 2022 para que las compañías presenten sus solicitudes y en julio proceder a la resolución de la concesión de las ayudas. En julio, justo un año después de su aprobación por el Consejo de Ministros.
