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Trabajo aflora más de 2.000 empleos sumergidos y 2.600 contratos fraudulentos en plena pandemia

La lucha contra la irregularidad recauda en la provincia más de 41 millones entre multas y cuotas de la Seguridad Social en 2020, a pesar de las dificultades que supuso el covid para la labor inspectora

Una mujer realiza trabajo de aparado de calzado en su casa. | ANTONIO AMORÓS

Las restricciones derivadas de la pandemia o la necesidad de priorizar la realización de informes para la comprobación de Expedientes de Regulación de Empleo dificultaron enormemente la tarea de la Inspección de Trabajo durante el año 2020 y redujeron considerablemente tanto su número de actuaciones como las infracciones detectadas. Aún así, la última memoria de este organismo vuelve a evidenciar el elevado grado de incumplimiento de la normativa laboral que se registra en la provincia y el arraigo que aún en plena crisis tiene el fenómeno de la economía sumergida.

De esta forma, en total, la Inspección de Trabajo realizó durante el citado ejercicio 26.744 actuaciones en Alicante, que derivaron en la tramitación de 2.994 expedientes de infracción, en ambos casos con una caída de alrededor del 16% sobre el ejercicio anterior, el último antes de la aparición del covid. Fruto de estas intervenciones se impusieron sanciones por valor de 13,7 millones de euros (-23%), una cantidad a la que hay que sumar los 27,6 millones de euros de los expedientes de liquidación que cursó la Seguridad Social como consecuencia de las irregularidades detectadas (-20%), con lo que la lucha contra el fraude reportó a las arcas públicas un total de 41,3 millones de euros. Sólo en Madrid, Barcelona y Valencia -todas ellas con volúmenes de trabajadores bastante superiores a los de Alicante- se registraron importes mayores.

Entre las distintas actuaciones que se llevaron a cabo destacan las destinadas específicamente a combatir la economía irregular, que se saldaron con la detección de cerca de un millar de infracciones y que propiciaron el alta en la Seguridad Social de 2.006 trabajadores que estaban sin contrato. Comparada con 2019 supone un descenso de alrededor de un 75%, pero no deja de ser llamativa si se tienen en cuenta las circunstancias y la caída de actividad que se produjo en el ejercicio, con miles de trabajadores incluidos en los ERTE.

En la misma línea, la Inspección de Trabajo continuó con sus campañas específicas para evitar el abuso de la contratación temporal o, directamente, el fraude que realizan aquellas empresas que dan de alta a sus empleados únicamente por media jornada, aunque en la práctica trabajen las ocho horas de una jornada completa.

En el primer caso, los inspectores promovieron la transformación en indefinidos de 2.176 contratos temporales que estaban en fraude de ley, de los que 1.198 correspondían a trabajadores varones, y 978 a mujeres. En el caso de las falsas jornadas a tiempo parcial, se aumentó el tiempo de cotización de 441 empleados, que trabajaban más tiempo del declarado.

En cuanto a las actuaciones para detectar el cobro indebido de prestaciones, las inspecciones permitieron descubrir 168 situaciones de fraude y procedieron a dar de baja estos pagos.

Por último, la Administración laboral investigó 256 accidentes de trabajo en 2020 -incluidos 29 que resultaron mortales- y que derivaron en la apertura de 137 expedientes de infracción que sumaron unas multas conjuntas de 1,3 millones de euros.

Reforma laboral

Para la secretaria general de UGT en l’Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, el elevado número de infracciones e irregularidades que se detectaron en 2020, a pesar de la caída de actividad provocada por la pandemia, revela «el peso que aún mantiene la economía sumergida en la provincia», que espera que la reforma laboral pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal -y que ahora tramita el Congreso- contribuya a frenar. A su juicio, una de las claves que puede propiciar el necesario cambio de mentalidad está en la decisión de modificar la normativa para que, cuando se detecte una infracción, no se imponga una única multa a la empresa responsable, sino que se sancione por cada uno de los trabajadores afectados. Una medida con la que se quiere evitar que salga más a cuenta arriesgarse a pagar la sanción que regularizar a los empleados

Por su parte, el secretario general de CC OO en l’Alacantí y les Marines, Francisco García, denunció la escasa dotación de medios con que cuenta la Inspección de Trabajo en Alicante que, según afirmó, dispone de un volumen de personal muy inferior al que le correspondería en función de la actividad y del número de trabajadores que tiene la provincia, por lo que hizo un llamamiento a la Generalitat y al Gobierno central, que son corresponsables de este servicio. En su opinión, esta falta de recursos es otro de los motivos que propicia que pueda seguir existiendo un considerable volumen de economía sumergida en la zona. Además, pidió focalizar más los esfuerzos en combatir los centros de trabajo ilegales frente a otras actuaciones.

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