Aunque con baja imprevista por el camino, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha conseguido llevar ante el Consejo de Ministros de este martes buena parte de su estrategia de vivienda para los próximos años. Así, si bien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) truncó hace apenas cuatro días los planes de aprobar también este martes el anteproyecto de ley de vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado poner a rodar formalmente el plan de vivienda estatal hasta 2025, el anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura y un bono joven de ayuda al alquiler. Pese a que esta última es una de las medidas más promocionadas desde el Ejecutivo, según los datos aportados por la ministra Raquel Sánchez su alcance será muy limitado: se estima que el bono será accesible para entre 60.000 y 70.000 jóvenes, unas cifras que apenas representan el 1,7% de los jóvenes emancipados en España.

El bono joven al alquiler es una ayuda de 250 euros al mes dirigida a personas de entre 18 y 35 años que ingresen como mucho en torno a 24.300 euros (tres veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que paguen 600 euros por un piso o, en su defecto, 300 euros por una habitación. “Va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un obstáculo para la emancipación de los jóvenes”, ha valorado la ministra a cargo del mecanismo, Raquel Sánchez.

Su departamento entiende que un arrendamiento más caro conlleva implícitamente unos ingresos que permiten pagarlo y que, por lo tanto, estas personas no necesitan una ayuda al alquiler. Eso pese a que según datos del propio Gobierno referentes a 2018, el alquiler medio que se pagaba ya entonces en la provincia de Barcelona eran 690 euros mensuales y solo el 25% de la población abonaba menos de 500. De hecho, como el proyecto aún tiene pequeños flecos que consensuar con las comunidades autónomas, el Gobierno está abierto a dejar que las autonomías suban este límite hasta los 900 euros en el caso de los pisos y a los 450 euros en el caso de las habitaciones, en determinados supuestos.

Criticas del entorno

La cuestión es que los cálculos del Gobierno indican que la ayuda llegará solo a 70.000 personas, una cifra equivalente al número de personas que estudian en la Universidad de Barcelona y que supone solo un 0,7% de los jóvenes de entre 18 y 35 años que hay en España (9 millones en 2021) y un 1,7% de los 2,8 millones que ya están emancipados.

Esta medida es completamente errónea y puede convertirse en una especie de lotería en la que solo un puñado de personas jóvenes en España podrá tener fortuna y beneficiarse de las ayudas”, critica el Consejo de la Juventud de España en un comunicado. “No solo su alcance es muy limitado e insuficiente, sino que es errónea”, añade este organismo, que se coge a un estudio de ESADE para afirmar que políticas de este estilo han servido en otros países para aumentar el beneficio de los propietarios.

Sea como sea, el Consejo de Ministros ya ha dado su visto bueno a que esta partida total de 200 millones de euros ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 se ponga en marcha cuanto antes. En concreto, se prevé que esté definitivamente aprobada dentro de dos meses (aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022), una vez que se hayan completado los trámites con la comunidades autónomas.

Seguro de impago

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Según Raquel Sánchez, se trata del "principal instrumento en manos de este Gobierno para facilitar el alquiler” e incluye tanto ayudas para la rehabilitación de edificios y entornos residenciales como el seguro de impago del alquiler. Esto es una subvención de la cuota de la prima del seguro, con un límite del 5% de la renta anual de alquiler, pensada para que el propietario tenga la garantía del cobro de la renta correspondiente a una anualidad y para aliviar a inquilinos que puedan verse en situación de asfixia sobrevenida.

“Hoy aprobamos más de 2.100 millones de euros para vivienda”, ha concluido Sánchez, que ha insistido en que el nuevo plan tiene un alcance “mucho mayor” al actual y que presta especial atención a “las personas más vulnerables”.

Además de todo esto, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también ha logrado el aval para el anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura, que pasa a tramitación parlamentaria con el objetivo de garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general y de acercarla a la sociedad. Esta ley incluye medidas específicas como el apoyo a empresas o el establecimiento de incentivos y premios