Lo que era impensable hace apenas un año, ahora ocurre cada vez con mayor frecuencia. La subida de costes de alrededor de un 30% que ha sufrido el sector de la construcción desde la reactivación económica tras el confinamiento está provocando que cada vez más licitaciones de obra pública que se quedan desiertas porque los precios establecidos en los proyectos no resultan rentables para las empresas. Una realidad a la que acaba de poner cifras la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), con un exhaustivo informe en el que cifra en 484 los concursos de todo el país en los que no se ha recibido una sola oferta, con lo que esto supone de pérdida de negocio y de actividad.

En el caso de la provincia de Alicante, el estudio recoge hasta una decena de obras de todo tipo, la mayoría de carácter municipal, que se han visto afectadas por este problema tan sólo en los últimos tres meses. Unos proyectos cuyo importe va desde los 46.693 euros que pensaban destinarse a la creación de un punto de recarga de vehículos eléctricos y la instalación de paneles solares para el bombeo de agua potable en Salinas, hasta los 17,7 millones de euros que se preveían para las dos fases de las obras del postrasvase del Júcar, que tampoco consiguieron despertar el interés de ninguna mercantil.

También se quedaron desiertos en noviembre los trabajos de adecuación y reforma del colegio público Virgen del Rosario, de Albatera, presupuestado en 1,14 millones; la mejora de la entrada de Novelda desde Aspe, por 347.107 euros; la reurbanización de las avenidas de Alicante y Valencia en Poble Nou de Benitatxell, por 200.998 euros; y hasta la construcción de una nueva galería de nichos en el cementerio de Almoradí, por 82.644 euros, entre otros.

«El problema es que las administraciones están sacando a licitación las obras sin actualizar los precios, con proyectos que se redactaron hace varios años, cuando la situación era muy distinta», señala el presidente de la Federación de Obra Pública de Alicante (Fopa), Javier Gisbert, que recuerda que hay materiales que han llegado a multiplicar varias veces su precio por la escasez que se produjo tras el confinamiento o los problemas de transporte.

Gisbert señala, además, que, junto a las licitaciones que se quedan directamente desiertas, también hay cada vez más concursos en los que sólo se recibe una oferta, lo que resulta casi peor. «Como los plazos para presentarse son tan ajustados, muchas veces no da tiempo a calcular bien y se acaban presentando ofertas erróneas, lo que resulta todavía más engorroso porque los trámites de renuncia, cuando la empresa se da cuenta de que no puede asumir el precio, son todavía más engorrosos y retrasan aún más que el proyecto pueda volver a salir a licitación», explica el empresario.

«Algunas administraciones son conscientes del problema, pero se la juegan y sacan el concurso porque de otra forma no llegan para recibir determinadas subvenciones o fondos de los que dependen los proyectos», asegura Gisbert. En este sentido, otro de los temores de los empresarios es que muchos ayuntamientos quieran aprovechar la llegada de los fondos europeos de recuperación presentando proyectos «que tenían en el cajón», sin actualizarlos, con lo que se corre el riesgo de desaprovechar esta oportunidad por falta de candidatos para ejecutarlos.

Eso sí, desde Fopa apuntan que también hay organismos que lo están haciendo bien y pone el ejemplo de la Universidad Miguel Hernández, que ha decidido revisar los proyectos que tenía pendientes para adecuar los costes y evitar este tipo de problemas, según explica el presidente de la organización empresarial. En su conjunto, las obras que se han quedado desiertas en estos tres meses en la provincia suman un importe cercano a los 20 millones de euros, según la CNC.

El sector reclama un mecanismo de revisión de precios

Además de las licitaciones desiertas, las subidas de precios también han obligado a muchas empresas a renunciar a trabajos que ya se habían adjudicado y tenían en marcha. Desde el sector se reclama al Estado que arbitre algún sistema que permita actualizar los precios de las adjudicaciones en casos como el actual, como ya está ocurriendo en algunos países europeos.