Desde que el pasado enero el Consejo de Ministros aprobara el bono del alquiler para jóvenes, muchas dudas han surgido en torno a esta subvención que está destinada a ayudar a los jóvenes que tengan dificultades para hacer frente al precio de sus viviendas. Entre las cuestiones más consultadas están los requisitos para solicitar el bono del alquiler para jóvenes, cómo afecta el bono del alquiler a la declaración de la renta o cuándo se puede pedir esta ayuda y el Real Decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha desvelado nuevas claves sobre el bono del alquiler para jóvenes. En concreto, la publicación explica que los beneficiarios del bono del alquiler para jóvenes 2022 deberán justificar su uso ante la administración concedente.  

El joven de entre 18 y 35 años que reciba la ayuda de 250 euros para el alquiler tendrá que acreditar "por cualquier medio admitido en derecho" el pago de la renta o del precio de la cesión de todas las mensualidades en las que haya recibido la subvención, como consta en el artículo 16 del texto. Esta justificación del bono del alquiler para jóvenes deberá realizarse "con una periodicidad mínima semestral" y "en el plazo máximo de tres meses" desde la finalización del último mes natural en el que se recibió la subvención.

Estos comprobantes con los que se acreditará la inversión del bono joven en el alquiler de la vivienda servirán para que la comunidad autónoma que ha concedido la ayuda certifique ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el cumplimiento del objeto de la subvención.

De esta forma el Ministerio de Transportes transferirá los fondos a cada una de las comunidades autónomas, una vez que se decida su reparto en la Conferencia Sectorial, que deberá convocar el Ministerio en un plazo máximo de dos meses, como señaló esta semana la ministra, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para el bono joven del alquiler, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contemplan una partida de 200 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 millones de euros en el próximo año. Además, las comunidades autónomas podrán decidir si aumenta el límite de la renta que recoge el decreto (600 euros en el caso de los pisos y de los 300 euros para el arrendamiento de habitaciones), en función del tensionamiento del mercado de la vivienda en la zona. Por lo que estos límites en el precio del alquiler podrían elevarse hasta los 900 y 450 euros respectivamente.