La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, arrojó la semana pasada un jarro de agua fría sobre las pretensiones de la Comunitat Valenciana y otras autonomías para una pronta reforma de la financiación autonómica escudándose en la falta de acuerdo entre las comunidades. Durante un encuentro con la patronal y sindicatos valencianos en presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la también ministra portavoz del Gobierno esquivó cualquier compromiso y justificó en la falta de acuerdo el el hecho de que esa reforma no entre en la próxima Conferencia de Presidentes de dentro de dos semanas en La Palma. Así, pese a que pueda ser un buen momento para que, frente a frente, los presidentes autonómicos acerquen postura, es la falta de acuerdo entre las diferentes autonomías lo que relega este debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Su deseo es que "en un futuro no lejano se pueda llevar este asunto" a la mesa con los máximos responsables autonómicos y del Gobierno, pero no será en el próximo encuentro en el que la situación pandémica y el despliegue de los fondos de recuperación (donde también hay importantes críticas desde territorios gobernados por el PP) protagonizarán la cita. Rodríguez defendió que la estructura que ha de tener el nuevo modelo ha de ser bajo la premisa de la población ajustada que rige el esqueleto presentado por el Ministerio de Hacienda. 

Beneficiadas y perjudicadas

Sobre la propuesta de la población ajustada, un reciente informe del director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, concluía que las comunidades más beneficiadas respecto al modelo actual serán Extremadura y Aragón, y las más perjudicadas Canarias y Galicia. Aunque Fedea ha valorado positivamente que el Ministerio de Hacienda haya mantenido en su propuesta el "núcleo" de las medidas defendidas por la Comisión de Expertos de 2017, ha criticado la utilización en la fórmula de población ajustada «de variables ‘ad-hoc’ que introducen elementos de arbitrariedad en el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas».

Según los cálculos de Fedea, la propuesta de Hacienda aumentaría "muy apreciablemente" las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7%) y reduciría las de Canarias (-3%) y Galicia (-2,7%). Además de estas dos comunidades, las otras regiones que verían reducidas sus necesidades de gasto con la nueva fórmula serían Comunidad Valenciana (-1,7%), Cataluña (-1,58%), Madrid (-1,05%) y Andalucía (-0,54%). En cambio, con el nuevo cálculo propuesto por Hacienda, junto con Extremadura y Aragón, las demás regiones que obtienen un aumento de sus necesidades de gasto son La Rioja (+5,41%), Cantabria (+4,51%), Murcia (+3,28%), Castilla-La Mancha (+3,14%), Asturias (+2,72%), Castilla y León (+2,54%) y Baleares (+2%).

Necesidades de gasto

Fedea explica que la variable de población ajustada es un indicador de necesidades de gasto que responderá las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías. Si la fórmula de costes es correcta, un reparto de los recursos del sistema en proporción a la población ajustada aseguraría que todas las comunidades pueden ofrecer prestaciones similares a sus ciudadanos, aunque tengan mayores costes en unos territorios que en otros. Así pues, precisa que no se está hablando todavía del reparto efectivo de los recursos del sistema de financiación, sino de una fórmula de reparto ideal en base a los costes estimados de proporcionar una cesta homogénea de servicios y prestaciones en todo el país.

Sin embargo, asegura que este "reparto ideal" tiene efectos muy significativos sobre la distribución real de la financiación a través de los mecanismos redistributivos del sistema de financiación porque algunos de los fondos más importantes del mismo se reparten teniendo en cuenta la población ajustada. Según el análisis elaborado por Ángel de la Fuente, Hacienda ha asumido el grueso de las propuestas del comité de expertos relativas a la introducción de una partida de costes fijos y de un indicador de pobreza o exclusión; el desdoblamiento de la variable de necesidades educativas para incorporar un indicador de necesidades de gasto universitario; la introducción de ponderaciones por tramos de edad en la población mayor de 65 años y la actualización del indicador de necesidades de gasto sanitario.