El mes de enero suele ser trágico para el empleo, con el fin de la temporada navideña y, este año, sumado a la sexta ola de coronavirus, que, especialmente en la hostelería, ha tenido un impacto brutal. De hecho, el mes volvió a arrojar cifras negativas para el empleo en la provincia, con 3.270 nuevos parados durante el pasado mes, lo que deja el total de desocupados de Alicante en 189.379, casi 38.000 más que hace un año. Igualmente, la Seguridad Social registró una pérdida de afiliación de 11.561 personas, por lo que el número de cotizantes se reduce hasta los 636.031. Se trata de la mayor destrucción de empleo para este mes desde 2012, cuando se perdieron 13.766 puestos de trabajo, aunque lo cierto es que no se aleja demasiado de los datos que se contabilizaron en 2020 y 2019, cuando se dieron de baja 11.092 y 10.627 cotizantes, respectivamente. Sin embargo, hubo un efecto positivo que ha traído consigo la nueva reforma laboral, como es el aumento de los contratos indefinidos y la considerable disminución de la temporalidad.
Así, en enero se suscribieron un total de 7.825 contratos indefinidos en la provincia de Alicante, lo que representa un incremento con respecto a enero de 2021 del 94,17 %. Los efectos de la nueva regulación laboral se empiezan a constatar en tan solo un mes de aplicación. El cambio más destacable es el aumento de la contratación indefinida, con lo cual se alcanza uno de los objetivos prioritarios de la nueva ley: disminuir la temporalidad en la contratación, que es uno de los principales problemas del mercado de trabajo español, con tasas que doblan la media europea.
La reforma laboral fija un periodo de transición hasta el 31 de marzo para la desaparición de los contratos de obra o servicio, principal vía de precarización contractual y que afectan especialmente a dos sectores con mucha repercusión en la provincia, como son el de la construcción y el de servicios.
En cuanto al balance actual de los ERTE, un 20,5% del empleo alicantino ha estado cubierto por este sistema. Desde el inicio de la pandemia, el mecanismo de regulación temporal de empleo implementado por el Gobierno, ha salvado uno de cada cinco empleos en la provincia, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno. Exactamente, 119.600 trabajadores mantuvieron su empleo y salario en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. En la actualidad, sólo continúan protegidos por este mecanismo 3.837 personas en la provincia, lo que significa que se han salvado el 96,8% de los puestos laborales inicialmente afectados.
Otro punto importante de la nueva regulación tiene que ver con la reducción de la subcontratación y su consecuente mejora salarial. Las empresas contratistas o subcontratistas se regirán por el convenio sectorial, una medida que lucha contra la precariedad y la desigualdad de las trabajadoras y los trabajadores de las subcontratas.
Tales datos han sido valorados de forma favorable por la Subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, que ha mostrado su satisfacción por una reforma laboral con la que, asegura, "ganan los trabajadores y las trabajadoras, pero también las empresas, por cuanto es el reflejo del diálogo social y del firme compromiso del Gobierno de España por combatir la precariedad laboral y la temporalidad de los contratos". Para Poblador, la norma supone un evidente avance en las mejoras de las relaciones laborales construida desde el consenso entre los agentes sociales "y el espíritu de superar la pérdida de derechos y la precariedad del mercado laboral que supuso la contrarreforma de Rajoy". Y pone de relieve que la reforma laboral enfatiza en la protección de los trabajadores y en la mejora de sus condiciones de trabajo mediante la subida del salario mínimo, la regulación del trabajo en las plataformas digitales, la eliminación del despido por bajas laborales, la equiparación salarial entre hombres y mujeres y la recuperación de los convenios colectivos con el fin de reequilibrar la negociación entre empresarios y trabajadores. "Un instrumento necesario que se incardina en el contexto de modernización del sector laboral, mejora de la competitividad de las empresas y su adaptación a la nueva economía", zanja la subdelegada del Gobierno en Alicante.
