La vertiginosa escalada del precio de los combustibles amenaza con desencadenar un colapso económico de proporciones inimaginables, toda vez que está impactando de lleno en sectores considerados esenciales. Este es el caso de la pesca, que en la provincia de Alicante tiene previsto amarrar la flota en el plazo de una semana, debido a que el incremento de hasta el 40% en los costes propicia que continuar con la actividad sea totalmente inviable. Algo muy similar le ocurre al transporte. El sector denuncia que llenar los depósitos de los camiones resulta ahora 300 euros más caro que hace 15 días, de ahí que exija medidas al Gobierno para evitar el cierre de empresas.
El encarecimiento de los carburantes viene siendo una constante desde que en mayo de 2020 tocaran fondo en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus. Los sectores más afectados ya venían expresando sus quejas por esta incesante escalada, pero la irrupción del conflicto bélico en Ucrania ha disparado definitivamente todas las alarmas, habida cuenta de que los precios se han disparado de forma exponencial en las últimas dos semanas hasta alcanzar baremos nunca vistos.
Y los efectos, lógicamente, no han tardado nada en ponerse de manifiesto. La pesca, que ya se encontraba contra las cuerdas, ha acabado por colocarse en una situación límite. Y es que el precio del litro del gasoil que consume el sector ha pasado de 0,70 euros hace dos semanas a 1,14 en la actualidad, por lo que, si antes el gasto de una embarcación media en combustible venía siendo de 1.000 euros al día, ahora se ha disparado hasta los 1.500.
El secretario de la federación provincial, Juan Mulet, destaca que, con todas las subidas que se vienen acumulando, el sector está teniendo que hacer frente a un incremento de costes de alrededor del 40%, por lo que, lamenta, “resulta del todo inviable salir a faenar en estas condiciones. Todo lo que sea pasar de un euro el litro es completamente inasumible”. Mulet, además, critica que el Gobierno “le eche la culpa de todo a la guerra, cuando tienen la posibilidad de reducir los impuestos de los carburantes. Lo que pasa es que, cuando más suben, más recaudan, y por eso estamos como estamos”.
Desde la federación se está planteando la posibilidad de una reducción o una exención de los cánones de ocupación que pagan las cofradías por las instalaciones que tienen en los puertos, lo que permitiría rebajar las cuotas de los pescadores, pero el sector ya advierte de que, en caso de no prosperar ninguna iniciativa, no habrá otra salida que amarrar la flota.
El plazo para que materialice esta amenaza es de apenas una semana. El punto de inflexión se sitúa en una reunión prevista, en principio, para el próximo martes, entre las patronales pesqueras y el ministro Planas. Así lo señala Ángel Luchoro, responsable de la Cofradía de Santa Pola, quien destaca que “si de ahí no salen medidas concretas y urgentes, vamos a parar. Es del todo imposible continuar de esta forma”.
Lo mismo opina el patrón mayor de la Cofradía de Alicante, Rafael Torres, quien destaca que “el precio del pescado no ha subido, ni de lejos, en consonancia con lo que lo están haciendo los carburantes. No tiene ningún sentido salir al mar a pasear o, directamente, a perder dinero. Lo que está ocurriendo es un auténtico desastre”.
Cabe recordar que este no es el único problema al que se enfrenta la pesca, toda vez que, debido a los recortes impuestos por la Unión Europea, este año solo van a poder trabajar 180 días al año de los 240 de los que disfrutaban hace apenas dos ejercicios. El sector provincial esta configurado por 236 embarcaciones, la mitad de arrastre y la otra mitad de artes menores, que generan 800 empleos directos.
Pero este no es el único sector que se encuentra en una situación límite. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha denunciado que, desde que se inició la guerra, el precio del gasóleo A se ha encarecido un 20%, lo que supone que llenar el depósito de un vehículo de carga general de 1.000 litros cuesta 299 euros más que hace dos semanas.
El presidente de la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama), Juan José Hernández, señala que, tras el acuerdo alcanzado recientemente con el Gobierno, las empresas pueden repercutir los incrementos en sus tarifas, “pero -precisa- la volatilidad que estamos registrando en estos últimos días lo hace inviable”. En este sentido, el sector ha solicitado una reunión urgente con el presidente del Gobierno para garantizar la aplicación de este tipo de medidas y evitar el colapso económico que supondría la desaparición de empresas transportistas.
La CEV exige ayudas a fondo perdido y rebajas de impuestos
La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) teme que las paradas de producción y los ERTE que, tal y como ha avanzado INFORMACIÓN, se han empezado a presentar, deriven en cierres de empresas si no se adoptan medidas valientes que ayuden a contrarrestar en el corto plazo los elevados precios de la energía. La patronal reclama ayudas a fondo perdido, así como la suspensión coyuntural de los impuestos que gravan la electricidad, el gas y los combustibles.
La comisión de Energía de la CEV, presidida por Vicente Nomdedeu, se ha reunido este jueves para analizar la complicada coyuntura actual. Según ha hecho constar este organismo, los precios de la luz, el gas, y el combustible, disparados por la invasión rusa de Ucrania, están poniendo contra las cuerdas al sector industrial y al de servicios, que no pueden permitirse ni más incrementos de costes, ni una pérdida de posicionamiento competitivo. En opinión de la entidad patronal, la crisis energética, agravada por el conflicto bélico, justifica la adopción de medidas coherentes y excepcionales, de carácter nacional y europeo, que favorezcan un “precio razonable” de la energía y compensen los riesgos financieros de las empresas.
En ese sentido, el plan de la CEV pasa por reducir de forma directa e inmediata el coste de todas las energías y de todos sus usos, incluidos los industriales, con especial atención al precio del gas, y que sea el Gobierno quien asuma el déficit tarifario. También se plantea suspender de forma coyuntural, o reducir al máximo, los impuestos que gravan cada una de las energías, incluido el gasoil.
La CEV, igualmente, propone aprobar ayudas directas a fondo perdido a empresas afectadas por la subida de precios energéticos, y agilizar los trámites administrativos para desbloquear realmente el fomento de la inversión en energías renovables, estimular el autoconsumo y favorecer las medidas de eficiencia energética.
El plan empresarial también incluye la creación de una plataforma europea centralizada de compra de gas natural que facilite la creación de reservas estratégicas a nivel de la Unión Europea, así como alargar el cierre de las centrales nucleares.
