La nueva ronda de ERE que a lo largo del año pasado acometieron los principales bancos españoles aceleraron considerablemente el proceso de cierre de oficinas en la provincia de Alicante, donde desde el estallido de la burbuja inmobiliaria ya han desaparecido prácticamente dos tercios de las sucursales que llegaron a contabilizarse en la época de mayor extensión de la red.
De acuerdo con el último balance del Banco de España, entre enero y diciembre del año pasado, las entidades dieron de baja el año pasado 124 oficinas en la provincia, hasta dejarlas en solo 640, lo que supone la segunda mayor reducción de delegaciones de toda la serie histórica, únicamente superada por la que se registró en 2012, cuando desaparecieron del mapa 179 sucursales. Por aquel entonces, el principal motivo del recorte fue la caída e intervención por parte del FROB de buena parte de las cajas de ahorros, incluida la de la CAM, que aquel año pasó a estar controlada por el Banco Sabadell.
Fue el inicio de un proceso de concentración, que acaba de finalizar su última ronda -por el momento- con la integración definitiva de la red del Popular en Santander y la fusión de CaixaBank con Bankia. Dos operaciones que el año pasado acapararon una parte significativa de los ajustes. Así, el Santander ha pasado de 94 a 59 sucursales en la provincia, y la nueva CaixaBank cerró diciembre con 150 frente a las 186 que sumaban las dos entidades integradas un año atrás.
Pero no son los únicos. Los otros dos grandes bancos -BBVA y Sabadell- también adelgazaron su estructura de forma considerable mediante sendos Expedientes de Regulación de Empleo, que en el primer caso supuso reducir sus sucursales de 94 a 76, y en el segundo, de 160 a 139. Unos ajustes que, en este caso, se tomaron después de que fracasara el intento de fusión entre ambos.
Oficinas comerciales
Aunque los cuatro grandes bancos del Ibex lideraron los recortes, lo cierto es que en mayor o menor medida estos afectaron a la práctica totalidad de las entidades, con la única excepción de algunas cajas rurales procedentes de otras autonomías, que están aprovechando los huecos que dejan los anteriores en el mercado para meter la cabeza. Eso sí, en muchas ocasiones no lo hacen con sucursales al uso, sino con oficinas comerciales que, aunque tienen el mismo aspecto, en realidad no son propiedad de la caja en cuestión, sino de un agente comercial que ha firmado un acuerdo con ellas. Una forma más barata de extender la red.
La pregunta sigue siendo hasta cuándo seguirán encogiendo las redes. Los últimos recortes han hecho especial mella en el ánimo de las plantillas, como prueba el hecho de que estos días se hayan multiplicado y hayan sido mucho más duras las intervenciones de los representantes de personal en las juntas de accionistas que han celebrado los bancos españoles. Los trabajadores se quejan de que la digitalización de la clientela en la que se excusan las entidades para sacar la tijera no va tan rápido como los responsables bancarios aseguran, lo que ha tensionado el ambiente en las sucursales, con quejas cada vez mayores de la clientela. Unas quejas que cristalizaron hace unos meses en la campaña del jubilado valenciano Carlos San Juan, que bajo el lema "Soy mayor, no idiota", obligó al Gobierno a dar un toque de atención al sector.
Baja rentabilidad
Sin embargo, en los mercados financieros la situación se ve de forma distinta, y los accionistas siguen demandando que mejore la rentabilidad de los bancos españoles, como explica el director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos. "En el negocio en España, la ROE de 2021 ha sido del 6,8%, inferior al coste del capital que se sitúa, como mínimo, en el 8%. Y en 2020 la ROE fue negativa, por el saneamiento realizado. Por tanto, no hay más remedio que recortar costes para ganar eficacia y eso pasa por aligerar la red de oficinas. Y hay margen, porque, a pesar de los cierres desde 2008, seguimos teniendo una de las redes más densas de la UE", asegura el experto.
La subida de tipos que ya anticipan los mercados echará una mano a las entidades a la hora de mejorar sus ingresos, aunque un encarecimiento del precio del dinero demasiado rápido también podría resultar contraproducente, porque elevaría los impagos. No obstante, Maudos cree que estamos lejos de esa situación y que el aumento de los tipos será moderado.
En cuanto a las posibles situaciones de exclusión financiera, el director adjunto del Ivie pone la situación en perspectiva y recuerda que el porcentaje de municipios sin banco es menor que el de aquellos que carecen de un colegio y un centro de salud. Además, insiste en que es un problema que deben abordar las administraciones públicas -como ha hecho la Generalitat al subvencionar la instalación de cajeros en determinadas poblaciones- y no puede recaer exclusivamente en las entidades.
