La Generalitat ha dado un paso decisivo para asumir de forma directa la gestión de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana, con la publicación del decreto por medio del cual se autoriza la creación de la sociedad que se encargará de la prestación del servicio a partir de 2023. La medida, con todo, deja en el aire el futuro de las estaciones de Orihuela y Redován, para las que se va a buscar una solución en el grupo de trabajo que se va a crear para planificar la reversión. Las concesionarias de ambos municipios defienden que, al contrario de lo que sucede con el resto, no les caduca la autorización el 31 de diciembre de este año, hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales.
El decreto, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV), señala que en las estaciones de ITV hay que distinguir entre las que son titularidad de la Generalitat, las construidas por las entidades concesionarias en el periodo concesional, y las que las empresas ITV Vega Baja, de Redován, y Pistas Iteuve, de Orihuela, aportaron para prestar el servicio atendiendo a las condiciones de su adscripción al pliego concesional.
Una vez finalizada la concesión, las segundas revertirán a la Administración. El uso de las estaciones de ITV de titularidad de la Generalitat y las que reviertan a la Administración deben cederse a la nueva mercantil, mediante la adscripción directa de los bienes afectos al servicio público de ITV.
En el caso de las estaciones de ITV de Redován y Orihuela (San Bartolomé), dichas infraestructuras son de libre disposición de las mercantiles propietarias, aunque no se podrán dedicar al servicio de ITV, ya que dejarán de estar habilitadas para ello al finalizar la concesión el 31 de diciembre.
El texto publicado expone que se acredita la urgencia de esta regulación mediante decreto ley por el hecho de que debe garantizarse la continuidad de la prestación del servicio de ITV y, una vez finalizado el contrato de concesión es necesario que la Generalitat tenga preparados los medios y la organización que haya de prestar el citado servicio.
La nueva mercantil podrá ampliar el parque de estaciones de ITV, previa autorización de la Conselleria, y una vez agotada la vigente concesión administrativa, en la Comunidad Valenciana únicamente se habilitarán las estaciones que presten el servicio de ITV en régimen de gestión directa, según las disposiciones adicionales.
Con todo, la Generalitat creará un grupo de trabajo con las siete empresas que gestionan las ITV en la Comunidad Valenciana para lograr un proceso de reversión a gestión pública «amable» a partir de 2023, cuando expira la actual concesión de 25 años. «No lo vamos a hacer de manera unilateral», ha garantizado el conseller de Economía, Rafa Climent, y ha confiado en que el nuevo servicio será «ejemplar».
Así lo ha acordado con la Asociación de Entidades Concesionarias para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) en una reunión celebrada un día después de las criticas de esta entidad al Consell por basar la reversión en un estudio lleno de «errores». Aecova también amenazó con interponer reclamaciones judiciales por los 133 millones de euros más intereses que asegura que les adeudan por las tarifas anuladas.
Será en esta comisión donde, según han señalado fuentes de la conselleria, se busque una solución para los casos concretos de Orihuela y Redován, sin que en estos momentos se descarte ningún tipo de escenario.
Ricardo Pérez, presidente de ITV Vega Baja, asegura que, al contrario de lo que sucede con el resto de estaciones de la Comunidad, tanto en Redován como en Orihuela cuentan con autorizaciones ministeriales de 1983 para prestar el servicio durante 99 años, por lo que no comparten para nada la visión de la conselleria. «Ya hemos mantenido alguna conversación, y confiamos en llegar a un acuerdo a través del diálogo. No queremos acudir a los tribunales, aunque recurriremos a ellos sin no nos dejan otra opción». Por su parte, Pepe Guilló, de Pistas Iteuve, también confía en cerrar un acuerdo.
Las matriculaciones de vehículos caen un 14,5%
Las ventas de vehículos en la provincia de Alicante siguen de capa caída. Según los últimos datos facilitados por el Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), las matriculaciones han caído un 14,58% en los primeros cuatro meses de 2022, en comparación al mismo periodo del año anterior, quedando situadas en 8.463. En el caso concreto de abril, el descenso ha sido del 8,45%, con un total de 2.806 operaciones formalizadas.
Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) se atribuye esta situación a la lenta entrada de vehículos en los puntos de venta, causada por la crisis de los microchips, y a una demanda cada vez más condicionada por la incertidumbre económica. En parecidos términos se expresan en la patronal de los concesionarios (Faconauto), que, a la falta de stock suficiente, suma la parálisis de la recuperación económica como consecuencia de la guerra de Ucrania, lo que propicia que no sea el mejor momento para plantearse la adquisición de un vehículo. El otro factor que está influyendo son las dudas por parte de los clientes potenciales a la hora de decantarse por motores eléctricos o de combustión.
