Desde que Vladímir Putin decidió invadir Ucrania, los promotores alicantinos prácticamente habían asumido la pérdida del mercado ruso de compradores de segundas residencias de cara al futuro. Un golpe duro -al fin y al cabo, se trata del octavo mercado en importancia para el sector inmobiliario de la Costa Blanca y llegó a ser el segundo-, pero que los empresarios confían en compensar gracias al incremento que experimentan las ventas a otras nacionalidades, como alemanes, holandeses o polacos.
Sin embargo, lo que no entraba en los cálculos de los promotores es que las sanciones impuestas por la Unión Europea podían dar al traste con las operaciones que ya estaban apalabradas. Es decir, las viviendas que se habían vendido sobre plano, de las que ya se ha pagado una parte considerable, pero que todavía no se han escriturado al no estar finalizadas las obras.
Una amenaza que se ha vuelto muy real después que Bruselas haya incluido explícitamente la prohibición de la venta o transferencia a ciudadanos rusos de cualquier bien raíz ubicado dentro de las fronteras de la Unión, en su propuesta para el sexto paquete de sanciones que los estados miembro deben aprobar próximamente.
Las alarmas saltaron el pasado miércoles, cuando Bloomberg se hacía eco del borrador presentado por la CE, que dejaría fuera de esta medida a los rusos que tengan la ciudadanía o la residencia en algún país de la UE o Suiza.
Según calculan desde la Asociación Provincial de Promotores (Provia), la decisión dejaría en el aire entre 200 y 300 compraventas que ya estaban firmadas por contrato privado, generando un problema importante a las compañías afectadas. "Hablamos de viviendas que se vendieron en el año 2019 ó 2020, mucho antes del conflicto, que debían entregarse este año", explica el secretario general de esta organización, Jesualdo Ros, que ya ha empezado a dar los primeros pasos para alertar a la Administración del problema que se generaría.
En concreto, Provia ya ha reclamado la mediación del director general de Turismo de la Generalitat, Herick Campos, y del secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, para que trasladen a las autoridades europeas la situación y presionen para que la medida no se aplique a estas operaciones ya en marcha.
"Los empresarios se pueden encontrar con que no van a cobrar un dinero que ya han gastado en la construcción de las viviendas y con que, además, tienen que devolver las cantidades adelantadas", insiste Ros. Una situación que se complica doblemente con el bloqueo a los bancos rusos, vigente desde el inicio de la contienda.
"¿Cómo vamos a devolver ese dinero ahora? ¿Dónde lo ingresamos si tienen las cuentas bloqueadas? Es un follón tremendo", se quejaba este lunes un importante promotor alicantino, que prefiere mantener el anonimato y que recuerda que no todos los rusos apoyan a Putin y que muchos también están huyendo de la situación creada en este país.
"Lo que pedimos es que haya seguridad jurídica y que se respeten los contratos firmados, aunque aún no hayan pasado por la notaría. La situación no es un drama, pero puede hacer un roto a las empresas afectadas", insisten desde Provia.
Casi 900 operaciones anuales
Los rusos llegaron a ser el segundo mercado internacional para los promotores alicantinos en el año 2013, cuando llegan a comprar 1.861 viviendas en la Costa Blanca. La primera tanda de sanciones aprobadas contra Rusia cuando invadió la península de Crimea y la devaluación del rublo provocaron un desplome de las ventas a menos de la mitad.
Una caída de la que poco a poco se fue recuperando el mercado -en 2019 se contabilizaron 1.271 operaciones- hasta que la pandemia volvió a hundir las ventas. Así, en 2021 los rusos escrituraron la adquisición de 863 viviendas en la provincia, según datos del Colegio Notarial. El importe medio de cada compra fue de 166.276 euros, una cifra que incluye tanto las operaciones de obra nueva, generalmente más caras, como los inmuebles de segunda mano.
Bloqueo generalizado a las transferencias bancarias
La situación de los compradores rusos de segundas residencias ya es complicada, incluso sin la prohibición expresa para la compra de bienes inmuebles que quiere incluir la UE. El bloqueo de las transferencias desde los principales bancos rusos ya estaba impidiendo a muchos inversores abonar las cantidades acordadas con los promotores, lo que ha llevado a la paralización de algunos pequeños proyectos, como ya publicó este diario. También tienen problemas los ciudadanos de esta nacionalidades que, a pesar de tener la residencia, no pueden acceder a su principal fuente de ingresos en su país. Una situación que ha llevado a algunos de ellos a poner en venta sus propiedades en la provincia para conseguir liquidez.
