La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) ha reclamado durante la celebración de su asamblea anual una respuesta política y empresarial para proteger a las empresas y colectivos más afectados por la pérdida de poder adquisitivo, y no solo medidas públicas y subvencionadas. La entidad empresarial exige “reforzar nuestro compromiso de defender todas y cada una de las entidades de nuestra provincia, entre ellas, la Cámara de Comercio de Alicante y la Diputación Provincial de Alicante”, puesto es esencial que el sector empresarial y económioa pueda contar con ellas.
El presidente del organismo, Juan José Sellés, señaló las amenazas que tiene la economía en forma de inflación, aumento de los tipos de interés, elevación de los costes de la energía, de los problemas de la logística internacional y los futuros efectos en forma de contracción de la demanda y el incremento de la presión fiscal.
Para UEPAL, hay que generar un clima de contención de la crisis que “permita proteger a las empresas y dar respuesta a los grupos sociales que ven mermado su poder adquisitivo con el objetivo final de que nadie se quede en una situación de desprotección social”.
Sellés, ante la situación económica actual y los retos que el sector empresarial tiene, pide “unas políticas de cohesión territorial que también deben articular mecanismos entre las comarcas y, sobre todo, generar espacios de colaboración, cooperación y sinergias impulsadas por las autoridades autonómicas y estatales favoreciendo también una mayor integración de las ciudades de Elche y Alicante”.
Desde su punto de vista, “la apuesta por la región funcional Alicante-Elche como motor socio-económico, es parte importante de la solución para el desarrollo de nuestra provincia, el equilibrio y cohesión de nuestra Comunidad, considerándonos gran núcleo urbano, industrial y empresarial en el conjunto de España y de Europa. La primera piedra de esta cohesión territorial es la voluntad. La segunda, las infraestructuras”.
UEPAL, en otro orden de cosas, también reclama “unidad empresarial” ante la decisión del Gobierno Central de recortar los caudales del trasvase Tajo-Segura destinados a la provincia de Alicante. Sellés, ha afirmado que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica es “es un mensaje claro contra el modelo de agricultura de nuestra provincia, a nuestros recursos y al principio de solidaridad estatal”.
El presidente de la entidad apeló directamente a los representantes políticos y reclamó “una respuesta contundente” que garantice “un modelo de gestión definitivo que asegure los derechos de nuestros agricultores. Sólo escuchamos promesas, sólo oímos mensajes, pero año tras año los recursos del Tajo hacia nuestra provincia son menores, llegan con más dificultades y se acrecientan las amenazas”.
En el mismo sentido, se expresó el presidente de la CEV Alicante, Joaquín Pérez, invitado a la clausura de la reunión de la Asamblea, quien apeló a la “lealtad” y al “trabajo conjunto de todos los empresarios para plantear las demandas necesarias para la provincia ante Valencia, ante Madrid o antes Bruselas, si es necesario”.
En opinión de Sellés, la movilización prevista para el próximo 17 de mayo, organizada entre otros colectivos por Asaja-Alicante, es una cita fundamental de rechazo a la pérdida de competitividad del sector primario de la provincia de Alicante.
“El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante”, ha criticado el presidente de UEPAL.
