El Pleno del Consell ha autorizado el pago anticipado del 50% de las subvenciones directas que otorga la Conselleria de Economía Sostenible a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Valenciana, es decir, CC OO-PV, UGT-PV y la patronal autonómica CEV. El montante total de este adelanto asciende a 1.337.366,22 euros, según ha informado este viernes la propia Generalitat.
El objetivo de estas ayudas es compensar los gastos en los que incurran estas organizaciones por su participación y colaboración institucional durante el ejercicio 2022. Es decir, por su participación en los comités, las reuniones para diseñar las políticas públicas o su presencia en organismos como el Comité Económico y Social, además de por el trabajo que realizan en la negociación de los convenios colectivos para el conjunto de trabajadores.
En este caso, el adelanto, que supone la mitad de la cantidad anual contemplada, supondrá un desembolso para la Administración autonómica de 400.000 euros para cada uno de los dos sindicatos que tienen el reconocimiento de ser los más representativos en la autonomía, y de 537.366 euros para la CEV, la organización empresarial que cuenta con mayor número de empresas asociadas y, por tanto, con mayor representatividad.
La participación institucional es la que se hace formalmente efectiva a través de la asistencia e interacción de los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en las comisiones, consejos u otros órganos colegiados parecidos de dirección, participación, consultivos o de asesoramiento así como en las mesas o foros específicos de negociación o concertación socio económica a qué sean convocados.
También por medio de otras acciones realizadas a iniciativa de las propias organización que tengan relación con la propia participación institucional.
Estas aportaciones públicas suponen una parte importante del presupuesto de las organizaciones beneficiarias, que complementan la financiación que cada una de ellas obtiene a través de las cuotas de sus asociados.
La Generalitat aprobó la Ley valenciana de Participación Institucional en el año 2015, con el objetivo de dar estabilidad a las aportaciones que el Ejecutivo autonómico realiza a sindicatos y patronal, y evitar la arbitrariedad en el reparto de estas ayudas. Una decisión que se tomó después de que las anteriores patronales provinciales de Alicante (Coepa) y Castellón, y también la autonómica Cierval acabaran quebrando por las deudas que arrastraban. Unas quiebras que propiciaron que la hasta entonces patronal provincial de València se transformara en autonómica y diera paso a la actual configuración de organizaciones empresariales en la Comunidad Valenciana.
