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La factura de los ERTE en la provincia: 577 millones para sostener 150.000 empleos

El gasto asumido por el Ministerio de Trabajo desde el inicio de la pandemia para financiar las nóminas de los alicantinos afectados representa el 41% del total de la inversión realizada en el conjunto de la Comunidad

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, flanqueado en el congreso por Jaume Ferrrer y María Emilia Casas ALEX DOMINGUEZ

Los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) se han revelado como una herramienta de primer orden para evitar que la crisis sanitaria de coronavirus haya acabado provocando también una sangría en el ámbito laboral. Ese instrumento, sin embargo, no ha salido gratis, toda vez que ha obligado a las arcas públicas a un esfuerzo económico sin precedentes. Y es que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha tenido que invertir en estos dos años de pandemia nada menos que 577 millones de euros para sostener a 150.000 trabajadores en la provincia de Alicante. Un gasto destinado a las nóminas que representa, a nivel porcentual, el 41% de todo el dinero que se ha derivado a la Comunidad Valenciana.

El drástico confinamiento impuesto a la población en los momentos más duros de la crisis del covid, así como las posteriores restricciones, propiciaron que el Gobierno central, con la complicidad de los agentes sociales, se sacara de la chistera los ERTE, una herramienta diseñada para adaptarse en cada momento a las necesidades de mano de obra de las empresas en un contexto de descenso de actividad. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, que ha visitado este jueves la sede de la Dirección General del SEPE en Alicante y participado en el Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo que se celebra en la ciudad, ha enfatizado la efectividad de esta medida, sobre la base de que ha permitido evitar una auténtica avalancha de despidos.

Y todo ello gracias a una potente inversión económica por parte del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de financiar las nóminas de los trabajadores afectados por estos expedientes. En el conjunto de España, de acuerdo con la información facilitada, el gasto en este sentido ha ascendido a 16.000 millones de euros, lo que ha permitido el sostenimiento de 4.180.000 empleos. De esta suma, 1.400 millones han ido a parar a la Comunidad Valenciana, beneficiando a 433.000 trabajadores, con una distribución que ha dejado en la provincia de Alicante 577 millones para 150.000 empleados. El elevado gasto en este territorio tiene mucho que ver con el fuerte peso del turismo, un sector especialmente castigado por las restricciones, tanto en su vertiente hotelera como en la de la hostelería.

Precisamente a este último sector y a sus dificultades para encontrar mano de obra se ha referido Joaquín Pérez, vinculando directamente el problema a las condiciones laborales que se ofrecen a los trabajadores. Según sus palabras, "en España solo tenemos un 0,7% de vacantes, por lo que no hay un problema generalizado de falta de mano de obra. Las dificultades se dan en algunas profesiones muy cualificadas, donde tenemos que volcar todos nuestros recursos formativos, y también en algunos territorios en los que se genera una tensión específica a causa de la actividad turística". Para estos últimos casos, que se corresponden con puestos de trabajo que no requieren de una gran especialización, el secretario de Estado considera necesaria "una inversión en mejores condiciones de trabajo, tanto salariales como en la garantía de jornadas adecuadas, para que se pueda conciliar la vida laboral y familiar". Joaquín Pérez, por último, destaca los efectos positivos que está teniendo la reforma laboral, ya que "uno de cada dos contratos ya están siendo indefinidos", apostilla.

Los expertos recelan del impacto del teletrabajo en las condiciones laborales y reclaman una regulación

Digitalización, recuperación y reformas laborales. Ese es el lema del XXXII Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS) que se celebra bajo el auspicio de la Universidad de Alicante (UA), foro en el cual los expertos están analizando el impacto, no siempre positivo, que están teniendo las nuevas tecnologías y el teletrabajo sobre las condiciones laborales.

El congreso ha sido inaugurado este jueves en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez; la presidenta de la asociación y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; el decano de Derecho de la UA, Jaume Ferrer; y los presidentes de honor de la AEDTSS, Luis Enrique de la Villa y Jesús Cruz.

María Emilia Casas indica que, a propuesta de la propia UA, el tema central sobre el que gira el congreso es el de la digitalización, un fenómeno imparable de incidencia global con repercusiones en el empleo y en las formas de trabajo y de organización empresarial.

Carmen Viqueira, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad alicantina, encargada de ofrecer la ponencia general, destaca que la pandemia generalizó el trabajo en remoto, situando en primer plano la necesidad de acometer una regulación urgente del proceso de digitalización que se está registrando en las empresas. Porque, añade, si bien este proceso ha propiciado que el trabajador pueda tener una mayor capacidad de autogestión, también esta tecnología permite a la empresa un seguimiento implacable del mismo. Viqueira, asimismo, alerta de posibles efectos nocivos desde la perspectiva de género, en el sentido de que los varones puedan copar los trabajos presenciales y las mujeres los remotos, devolviéndolas a las tareas del hogar. También tilda de necesaria una formación continuada en competencias digitales. Todas estas cuestiones, según los expertos, deberían recogerse en el nuevo estatuto de los trabajadores.

El congreso se clausura este viernes en la UA, estando previsto que asistan la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; y la rectora, Amparo Navarro. Intervendrá por vía telemática la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

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