Con el progresivo envejecimiento de la población y la cada vez mayor demanda de servicios a las administraciones por parte de los ciudadanos, el sector público no deja de ganar protagonismo como principal fuente de ingresos para una parte cada vez más significativa de las familias alicantinas. La apuesta por el estado del bienestar, que durante la reciente pandemia ha sido clave para contener los efectos del coronavirus en la actividad económica, supone que en estos momentos hasta 552.000 alicantinos viven de algún tipo de transferencia del Estado, ya sean pensionistas, funcionarios o parados que reciben alguna prestación. Una cifra que supone el 34,3% de toda la población adulta y el 45,7% de todos los perceptores de ingresos de la provincia, es decir, sin contar estudiantes o las personas que se dedican a las tareas del hogar que, no cobran por su trabajo.
En concreto, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Alicante contaba a 1 de mayo con 328.465 perceptores de pensiones contributivas. Son 60.000 más que en 2008, cuando la cifra de ocupados era similar a la actual (780.000 del primer trimestre de 2008 frente a 796.000 del mismo periodo de este año). Pero a este número habría que añadir alrededor de 17.000 alicantinos que reciben una pensión no contributiva, lo que eleva la cifra total de este colectivo a más de 345.000.
Por su parte, con los refuerzos para la pandemia, la cifra de ocupados en el sector público ha batido su récord absoluto en la provincia, hasta alcanzar los 136.500, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Una cifra que, de nuevo, contrasta con los 80.000 del año 2008, aunque cabe señalar que la mayor parte del aumento se ha registrado en el último par de años, desde que el coronavirus hizo su aparición, por lo que habrá que ver qué porcentaje de estos puestos de trabajo se mantienen en el futuro. En cualquier caso, esto supone que el empleo público representa en estos momentos el 17,2% del total.
Por último, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el mes de abril hasta 69.803 desempleados alicantinos, de un total de 137.400, cobraban la prestación o el subsidio de paro.
De esta forma, el total de residentes de la provincia cuyos ingresos dependen del Estado asciende a 552.095, mientras que los ocupados en el sector privado suman 655.600, de acuerdo con la EPA. En otras palabras, que el 45,7% de los perceptores de ingresos de la provincia cobran una paga pública.
Por debajo de la media
A pesar de que pueda parecer una cifra elevada, en realidad supone dos puntos menos que la media a nivel nacional, donde hay 15 millones de perceptores de ingresos públicos, frente a 16,6 millones de empleados del sector privado. También se sitúa bastante alejado de las cifras que se dan en otras autonomías más envejecidas, como Asturias, donde quienes viven de una paga del Estado superan a los ocupados en el sector privado.
En este sentido, ciñéndonos exclusivamente a los datos de la Seguridad Social y la denominada tasa de sostenibilidad de las pensiones, la provincia también presenta una situación ligeramente mejor que la media, con 2,12 afiliados por pensión contributiva, frente a los 2,018 del conjunto del país, o los 1,3 que registran en Asturias.
La duda que surge al ver estos datos es si el peso del dinero público no resulta excesivo y si se puede mantener. A este respecto, la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull advierte contra el error de pensar que los trabajadores del sector privado son los únicos que sostienen con sus impuestos los salarios y prestaciones públicas y recuerda, por el contrario, que la educación, la sanidad y, en general, los servicios públicos también generan riqueza y contribuyen de forma muy significativa al PIB nacional.
Así, recuerda que, si se toman los datos de antes de la pandemia para evitar distorsiones, en España el gasto público se situaba alrededor del 44% del PIB, mientras que en muchos países europeos, en especial los más avanzados, rondaba o superaba el 50%. Es decir, que en estos países el sector público pesa más que el privado, lo que no supone un problema. Al contrario, se trata de países con rentas más elevadas que la española.
Por lo que respecta a las pensiones, Taltavull señala que la clave no está tanto en el número de trabajadores en activo por cada jubilado, sino en la productividad que generan esos trabajadores. Por tanto, la clave para la sostenibilidad en el futuro estaría en conseguir que el empleo genere mayor valor añadido.
Un elevado peso de la economía sumergida
Con independencia del peso del sector público, lo que parece no cambiar en el mercado laboral alicantino es el elevado peso que sigue registrando la economía sumergida en la provincia, que se refleja en la importante discrepancia que existe entre los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa y los de la Seguridad Social.
De esta forma, tanto una como la otra recogen un importante aumento del número de alicantinos que tienen trabajo durante el último año, aunque las cifras son bastante diferentes. Así, mientras que el número de afiliados dados de alta alcanza los 696.000, la cifra de ocupados según la EPA se dispara hasta los 792.100, lo que supone una diferencia de 96.000 personas. Un dato que, más allá del margen de error estadístico y de las diferencias de criterios aplicadas, indica el mantenimiento de una importante bolsa de empleo irregular.
La situación es bien conocida por los sindicatos, que llevan años reclamando un aumento de la dotación de la Inspección de Trabajo en la provincia para perseguir este fraude, vinculado a sectores con mucho arraigo en la zona.
