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Las solicitudes de particulares llevan los concursos de acreedores a su máximo histórico en la provincia

Los juzgados alicantinos recibieron 236 peticiones en el primer trimestre, un 14% más que el año pasado, aunque todo el incremento se concentró en los procesos iniciados por personas físicas sin actividad empresarial

La sede de los juzgados de lo Mercantil en Alicante. PILAR CORTES

Los concursos de acreedores batieron su récord histórico en la provincia de Alicante durante el primer trimestre del año, aunque no fueron las empresas -para las que inicialmente se pensó este procedimiento- quienes dispararon estas cifras. Por primera vez en la historia el número de procesos iniciados por ciudadanos particulares superó al que registraron compañías y autónomos, tras dispararse casi un 35% durante el último año.

Un aumento que los expertos vinculan con las consecuencias que la pandemia tuvo en muchas economías domésticas, pero, sobre todo, con el mayor conocimiento de la llamada Ley de Segunda Oportunidad, que permite a cualquier persona librarse definitivamente de sus deudas, siempre que demuestre que ha intentado pagarlas por todos los medios posibles a su alcance sin conseguirlo.

De esta forma, de acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, entre los meses de enero y marzo se presentaron en los juzgados de la provincia 236 solicitudes de concurso, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado y la cifra más alta para un solo trimestre de toda la serie histórica que recoge esta estadística, que se remonta al año 2007.

Sin embargo, la evolución fue muy distinta dependiendo del tipo de solicitante. Así, el verdadero aumento se registró entre las “personas naturales no empresarias”, es decir, entre los ciudadanos particulares que recurren a este método para cancelar sus deudas y evitar que les persigan de por vida. En total fueron 128, un 35% más que hace un año y mucho más del doble que en los mismos meses de 2020 o 2019.

Menos empresas

De esta forma, superaron a las solicitudes de concurso presentadas por empresas, que incluso descendieron ligeramente con relación a hace un año, al sumar 108 frente a las 112 de entonces. No obstante, también hay que hacer una distinción, ya que lo que se redujeron fueron las peticiones de personas jurídicas (sociedades) mientras que repuntaron ligeramente las solicitadas por autónomos (34 frente a 31 del año pasado).

El CEO y socio fundador del despacho especializado en abogacía de los negocio Devesa & Calvo, David Devesa, atribuye el incremento de las peticiones de concurso de particulares a la “resaca” de la pandemia, que dejó sin ingresos a muchos ciudadanos y provocó que algunos de ellos no consiguieran hacer frente a la devolución de sus préstamos.

Sin embargo, más allá de la situación coyuntural, el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, cree que lo que realmente ha espoleado estas cifras es el mayor conocimiento que se tiene de esta posibilidad, que se introdujo en la legislación española a partir de 2015. Antes de esa fecha, cuando un particular tenía una deuda, estaba obligado a responder por ella el resto de su vida, mientras no abonara todos los importes adeudados.

Es más, Menargues anticipa que la cifra seguirá en aumento, ya que las solicitudes de mediación para intentar cerrar un acuerdo con los acreedores –el paso previo a la petición del llamado Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI)- se han incrementado en los últimos meses.

En buena medida, este mayor conocimiento de la Ley de Segunda oportunidad también se debe a las campañas que están lanzando los bufetes especializados que han surgido en los últimos meses, como ya ocurrió con las cláusulas suelo de las hipotecas.

En cuanto al ligero descenso de las peticiones de concurso empresariales, David Devesa recuerda que, de momento, sigue vigente la moratoria aprobada por el Gobierno durante la pandemia, que permite a las compañías retrasar la declaración de insolvencia, sin que sus administradores incurran en responsabilidades penales, lo que podría estar retrasando algunos procedimientos. No obstante, Devesa también señala que la recuperación de la economía y del consumo está permitiendo a la mayor parte de compañías mejorar considerablemente las cifras. “Otra cosa es lo que pueda ocurrir después del verano si la moratoria decae, se frena el consumo y siguen aumentando los costes empresariales como consecuencia de la inflación”, alerta el experto. Eso sí, por ahora, indica que la situación es de “calma” y que ni siquiera se registra todavía una renegociación importante de las deudas bancarias.

Avales y préstamos al consumo

Aunque el perfil de las personas que recurren a la denominada Ley de Segunda Oportunidad es cada vez más variado, el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, señala principalmente dos situaciones detrás de la mayoría de estos casos. Por un lado, están las personas que han firmado como avalistas en algún tipo de deuda, ya sea para facilitar que algún familiar solicitara un crédito, o bien, se trata de empresarios o autónomos que han avalado con su patrimonio personal algún préstamo para el negocio.

El segundo caso más habitual es el que protagonizan las personas que se han sobreendeudado a base de solicitar préstamos al consumo, con mucha frecuencia a través de tarjetas de crédito de tipo “revolving”. Un producto que también está en el punto de mira de muchos bufetes después de que varias sentencias consideraran usurarios los intereses que cobran.

El año pasado fueron 325 los alicantinos que solicitaron en los juzgados la declaración de concurso de acreedores para quedar exonerados de sus deudas, lo que supuso un incremento del 27% sobre las cifras del año anterior. Un número que este ejercicio se incrementará más aún, si se mantiene la tendencia actual.

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