El Congreso de los Diputados ha puesto esta semana su mirada en dos de los sectores más vulnerables de la sociedad, protagonizados sobre todo por mujeres. El martes la Cámara baja admitió a trámite una iniciativa legal destinada a abolir la prostitución y este jueves, salvo sorpresas de última hora, ratificará el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve la igualdad de trato entre las empleadas domésticas y los trabajadores en general. 

Desde la formulación del Convenio en 2011, el movimiento feminista, los sindicatos y las organizaciones de las empleadas del hogar han estado peleando para que España se sume al listado de 35 países que ya lo han ratificado, pero no lo han conseguido hasta ahora, pese a que era un compromiso del PSOE ya desde su primer gobierno en solitario. España ha ido arrastrando los pies hasta que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ha considerado que la norma española, que excluye de las prestaciones por desempleo a las trabajadoras del hogar, vulnera la directiva europea.

Ha sido tan larga la lucha que las organizaciones de empleadas del hogar están "pletóricas" ante la ratificación del convenio, según explica Amalia Caballero, portavoz de Territorio Doméstico. Pero son conscientes de que se trata sólo de un gesto, del "inicio del camino", porque aún se tiene que materializar en un cambio de normativa que recoja el espíritu del tratado internacional. "Nos preocupa que aún tarde en materializarse uno o dos años y los tiempos de la vida de las mujeres, las vulneraciones, son día tras día", avisa Ramona Fernández, presidenta de Sindihogar.

Los cambios

Ante la necesidad de cambiar la legislación nacional, el movimiento feminista y las organizaciones de trabajadoras del hogar han lanzado 11 reivindicaciones esenciales y que podrían cambiar completamente la vida de las cuidadoras y limpiadoras. Como medida fundamental, exigen su incorporación plena al régimen general de la seguridad social. Asimismo, reclaman tener derecho a paro, eliminar la figura del desistimiento, que permite el despido libre e injustificado y que sus pensiones se equiparen a las del resto de trabajadores.

Al mismo tiempo, reclaman incrementar las inspecciones de trabajo para garantizar que las empleadas del hogar, especialmente las internas, no son esclavas al servicio de una familia, sino que realicen los descansos y las vacaciones que les corresponden.

600.000 empleadas

El cambio legal afectaría a unas 400.000 personas, en su mayoría mujeres, que cotizan al sistema especial de empleadas del hogar. Pero existen otras 200.000 que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), ni siquiera tienen contrato. "Toca aflorar el empleo no declarado y que tengan condiciones laborales dignas", exigen desde CCOO.

Ramona y Amalia dan buena cuenta de las vulneraciones existentes. Ramona trabaja en Barcelona y, como muchas otras, empezó cuando no tenía permiso de residencia. Pero aún hoy, que ya tiene "papeles", sigue en la economía sumergida. "En muchas casas trabajo sin contrato, me pagan por horas y si no voy porque estoy enferma, no me pagan ni tampoco las vacaciones", explica.

Y Amalia trabajaba como interna en una casa, en la que cuidaba a una niña cuya madre viajaba mucho y aunque tenía que iniciar su descanso de 36 horas seguidas el sábado, la madre no llegaba muchas veces hasta por la noche y no le permitía librar el domingo "hasta que terminaba de limpiar la casa". "Mi permiso se quedaba en una horas", lamenta.

Yolanda Díaz se reunió el martes con el sector y le trasladó los cambios que el Ministerio de Trabajo está preparando y que permitirán "acceso a las prestaciones por desempleo o la protección ante el despido". Su departamento señala que la modificación legal se conocerá en "breve".