España y Portugal estrenarán este martes el mecanismo especial para poner un precio máximo al gas que se utiliza para generar electricidad con el objetivo de bajar el recibo de la luz de millones de clientes domésticos e industriales.

Tras conseguir el visto bueno definitivo de la Comisión Europea, los gobiernos ibéricos pondrán en pie el nuevo sistema para bajar entre un 15 y un 20% el recibo de luz de aquellos cuyo precio depende de cómo evoluciona el mercado mayorista de la electricidad. Esto es, los 10 millones de hogares con tarifa regulada y el 70% de los clientes industriales que acuden al mercado a comprar la electricidad que necesitan. El tope al gas bajará el precio del mercado eléctrico, y con ello el recibo de luz de estos millones de clientes.

De manera simultánea, el Gobierno mantendrá durante todo el verano el sistema creado para evitar que los contratos que firman las eléctricas para vender su energía fuera del mercado mayorista estén inflados y que les aporten beneficios extraordinarios gracias a la crisis energética. El Ejecutivo incluirá también los recortes a las eléctricas contra los beneficios caídos del cielo (windfall profits) en la prórroga de tres meses adicionales, hasta el 30 de septiembre, de la mayoría de las medidas del macrodecreto anticrisis por la guerra de Ucrania que pretende aprobar en las próximas semanas.

El Ejecutivo ya aprovechó el macrodecreto contra el impacto de la guerra para ampliar el alcance de los recortes a las eléctricas para evitar posibles beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos. Y ahora pretende mantener durante todo el verano ese sistema de vigilancia para evitar grandes subidas de la luz en la firma de nuevos contratos por parte de las eléctricas, según confirman desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera.

El Ejecutivo mantendrá el sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías están obteniendo en pleno caos de precios, que desde el pasado marzo incluye todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora, MWh). Un tope de precio que se mantendrá en ese nivel durante todo el verano y que implica que los ingresos de contratos por encima de ese máximo deben devolverse al sistema eléctrico.

El Gobierno ya había advertido a las eléctricas de que ampliaría de nuevo la vigencia de los recortes más allá del verano si aún persistía la crisis energética y sigue habiendo dudas sobre la estrategia de precios de las compañías. En una entrevista con La Vanguardia, la vicepresidenta Ribera ha confirmado que será así y que el tope se prolongará. “Las empresas, aunque están revisando los precios al alza, están teniendo cuidado de no superar los 67 euros por MWh. (…) Si no hubiéramos construido esa referencia de protección al alza de los precios, probablemente nos hubiéramos encontrado con que las eléctricas estarían proponiendo en esas revisiones de contrato precios mucho más altos”, explicó Ribera. “Este tope, que pensamos prorrogar mientras concurran las circunstancias actuales, actúa como un incentivo potentísimo para la contención de las alzas de precio”.

En paralelo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló este lunes que negocia con la parte socialista del Gobierno la inclusión en el nuevo decreto que se prepara de medidas anticrisis de un impuesto extraordinario para eléctricas y petroleras, mediante la aplicación de un recargo especial y temporal en el impuesto de sociedades de los grupos energéticos.

Vigilar a las eléctricas

El Gobierno diseñó el pasado septiembre un sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan). Unos beneficios extra que las compañías eléctricas niegan y subrayan que tienen toda su producción vendida en contratos bilaterales a precios muy inferiores a los del mercado mayorista.

El Gobierno incluyó en marzo en el nuevo macrodecreto todos los nuevos contratos que las compañías firmen a partir de ahora y también las revisiones o actualizaciones de los contratos suscritos actualmente, siempre que el precio del suministro de la electricidad supere los 67 euros por MWh. Por encima de ese tope, que es el que el Gobierno considera precio razonable (resultante de utilizar como referencia un precio del gas de 20 euros por MWh), las compañías serán penalizadas y tendrán que devolver el sobreprecio al considerar que están interiorizando ese precio disparado del gas cuyo coste no soportan en su actividad.

El Ministerio también creó en marzo un sistema de vigilancia especial para las grandes eléctricas para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” a lo largo de la cadena de contratos para acabar trasladando los precios inflados al cliente final. Los grandes grupos eléctricos (singularmente Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol) venden gran parte de la electricidad que producen directamente a sus propias comercializadoras, a empresas integradas en su propio grupo empresarial. El Gobierno decidió poner un foco especial en este tipo de contratos intragrupo y vigila el precio final que las comercializadoras repercuten al consumidor, una medida que también se prorrogará durante el verano.