El portavoz de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, Manuel Hernández, ha asegurado que serán sus bases las que finalmente decidan si se convocan nuevos paros, al no haber recibido garantías por parte del Gobierno de que la ley que evitará que trabajen por debajo de costes esté aprobada a final de mes.

"El Ministerio nos ha trasladado que están trabajando en la ley que nos prometieron, pero no tenemos garantías de que para el día 30 esa ley vaya a estar puesta en marcha", ha explicado Hernández al terminar la reunión.

En este sentido, ha dicho que en un plazo breve de tiempo se trasladará a las bases de la Plataforma el resultado de la reunión, para que decidan si se retoman los paros que decidieron desconvocar a finales de marzo tras 20 días en los que suspendieron toda su actividad.

Sin embargo, Hernández ha asegurado que mantendrán el voto de confianza al Gobierno "hasta el último momento", y ha celebrado la predisposición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a tener comunicación directa con la Plataforma para informar sobre los progresos en la confección de la ley.

"Nuestra situación no nos permite aguantar así mucho más. Es una situación grave económicamente. Ojalá de aquí al 30 se pueda contar con esa protección para que de verdad pueda ser viable trabajar con un camión", ha declarado Hernández.

La reunión entre representantes del Ministerio y la Plataforma se ha producido este jueves, en un clima marcado por las amenazas de los transportistas autónomos y pymes de convocar nuevos paros si la regulación para evitar el trabajo por debajo de costes no está aprobada el próximo día 30.

En la reunión de esta tarde, el Gobierno ha estado representado por el director general de transporte terrestre, Jaime Moreno García-Cano, han confirmado a Efe desde el Ministerio.

Desde que desconvocaron las movilizaciones a comienzos de abril, la Plataforma asegura que de media los transportistas autónomos están perdiendo 2.000 euros por camión, por lo que urgen al Gobierno a que cumpla el plazo de los tres meses que dijo que necesitaba para aprobar la ley que combate el trabajo de los transportistas por debajo de los costes.

En este marco, la ministra Sánchez ha pedido en los últimos días "tranquilidad" y ha dejado claro que su compromiso con los transportistas autónomos es sacar el proyecto de ley antes del 31 de julio.

Un primer borrador

Al respecto, el Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC), el órgano formado por representantes de diferentes agrupaciones del sector para servir de interlocutor con el Gobierno -aunque la Plataforma dice no sentirse representada-, ha desvelado horas antes de la reunión que ya cuenta con un primer borrador que le ha hecho llegar el Ministerio.

Esta ley busca aplicar los principios de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera, con el objetivo de prohibir que los transportistas puedan trabajar sin cubrir sus costes de explotación.

Con ello se intentarán evitar situaciones de abuso sobre la parte más débil de la cadena de suministro que son las empresas de transporte, autónomos y pymes en su mayoría.

Así, la normativa quiere garantizar que "el precio que percibirá un transportista por sus servicios deberá ser siempre igual o superior a sus costes efectivos individuales", explica el CNTC, que detalla que para ello se propone, entre otros aspectos, fomentar la transparencia en la contratación y subcontratación de las operaciones de transporte.

El CNTC apunta sin embargo que aún no ha estudiado el texto y que lo hará "a la mayor brevedad posible", aportando con rigor todas aquellas aportaciones que consideren necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del mercado y el fortalecimiento del tejido empresarial.

En los últimos días, en diferentes provincias ya han tenido lugar diversos actos de protesta promovidos por esta plataforma para exigir al Gobierno que cumpla su compromiso de aprobar la citada ley.

A comienzos del pasado abril esta plataforma desconvocó unos paros que durante cerca de veinte días lograron paralizar la distribución en el país tras lograr el compromiso de que en tres meses estaría lista la mencionada ley.

Los transportistas argumentan que pese a las promesas y a sus reiteradas advertencias de que los autónomos y pymes del sector trabajan en condiciones insoportables a largo plazo, su situación actual incluso ha empeorado con respecto a la de marzo, ya que el carburante no ha dejado de encarecerse, a pesar de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante impuesta por el Gobierno desde abril.

De hecho, la gasolina ha marcado un nuevo máximo, el segundo consecutivo, tras venderse la última semana a un precio medio de 1,917 euros el litro, mientras que el gasóleo se acerca cada vez más a su récord, pese a que ambos incluyen la bonificación pública de 20 céntimos por litro.

Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 7 y el 13 de junio, el gasóleo se vende en España -una vez aplicado el descuento- a una media de 1,803 euros el litro.

"Esta gente está arruinada ya, a los precios a los que trabajamos con los costes que tenemos las cuentas no salen", lamentaba este fin de semana el coordinador de esta plataforma en Extremadura, Germán Martínez, dispuesto a iniciar una huelga el mismo 1 de julio si para entonces no está aprobada la citada ley.