La dificultad para adaptarse al cambio constante que impone la digitalización, la precariedad o las nuevas formas de trabajo están disparando la prevalencia de las enfermedades de tipo psicosocial en los entornos laborales, hasta el punto de que ya son la causa directa o contribuyen al agravamiento o prolongación de un porcentaje cada vez mayor de bajas. Una realidad a la que, además, la legislación sigue sin responder ya que aún no recoge un tratamiento específico para estas cuestiones.
Así se ha puesto de manifiesto durante la II Jornada de actualización jurídica en contingencias profesionales organizada por Ibermutua en Alicante, en la que también se han debatido las dificultades que añade el teletrabajo a la hora de determinar si un accidente es laboral o no, o la necesidad de facilitar la colaboración entre las administraciones públicas y las mutuas para aprovechar mejor los recursos de que éstas disponen.
El director general de Ibermutua, Carlos Javier Santos, ha destacado que las enfermedades psicosociales se han convertido en uno de los grandes desafíos de la sociedad en toda Europa, que ya destina alrededor del 4% del PIB a tratar este tipo de dolencias, con un consumo cada vez mayor de medicamentos psicotrópicos. “Una realidad a la que no estamos dando una respuesta adecuada”, ha insistido Santos, ya que “la salud mental tiene un desconocimiento muy importante. Nadie nos enseña ni en la escuela, ni en la universidad ni en las empresas a conocer cuando estamos en situación de riesgo y a reaccionar”. Así, ha recordado que de media se tarda entre ocho y 15 años en acudir a un profesional en salud mental, desde que se detectan los primeros síntomas.
“La sociedad está cambiando en lo digital, en las relaciones laborales -con más precariedad-, en las nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, que es bueno para conciliar o para el medio ambiente, pero es malo en cuanto al aislamiento o el deterioro del cuidado físico. Y no estamos acompañando ese cambio, no estamos dando el apoyo necesario para afrontarlo”, ha señalado.
De esta forma, Santos ha señalado que hasta el 14% de los procesos de baja laboral que gestiona Ibermutua son diagnósticos directos de salud mental, aunque si amplía el rango a los casos en los que las enfermedades psicosociales concurren con otro tipo de dolencias, la cifra alcanza el 42% de todas las bajas. Y es que, según ha explicado, los factores psíquicos son determinantes en la evolución y recuperación de los pacientes. Así, ha puesto el ejemplo de una persona que sufre un esguince, una baja que en circunstancias normales suele durar unos 13 días, pero cuando coincide con un despido u otra circunstancia que provoca estrés o depresión, se prolonga hasta 60 días.
Falta de adaptación
En la misma línea, la presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano –recientemente reconocida con el Premio Pelayo, que se concede a juristas de reconocido prestigio- ha insistido en el aumento de la prevalencia de lo que ha denominado “nuevas enfermedades emergentes”, a las que ha sumado también la violencia o el acoso sexual o laboral en el trabajo, o el síndrome del “trabajador quemado”. “Unas situaciones donde la dificultad con la que nos encontramos es que no están reguladas en nuestro ordenamiento”, lo que a su juicio indica que este ordenamiento está “un poco anticuado”. Así, ha señalado que la mayoría de estas enfermedades no se recogen en la Ley de Seguridad Social y que sólo la reciente ley que regula el trabajo a distancia “habla de factores psicosociales a la hora de valorar los riesgos laborales”.
Por su parte, el magistrado del Supremo Fernando Salinas ha abordado las dificultades que los desplazamientos o el teletrabajo generan a la hora de determinar cuándo un accidente tiene carácter laboral o cuándo debe considerarse enfermedad común. “¿Si me caigo cuando bajo a comprar tinta para la impresora, es un accidente de trabajo o no lo es?”, ha bromeado a modo de ejemplo de esta nueva realidad. Unas dificultades ante las que ha señalado que debe primar el “criterio de normalidad” para determinar estas circunstancias.
Ante todos estos cambios, el presidente de Ibermutua, Juan Roca, ha destacado la necesidad de ir adaptando la legislación en la misma medida que avanza la sociedad.
Por otro lado, el director general de la compañía, Carlos Javier Santos, también ha reclamado la creación de un marco que facilite la colaboración entre las mutuas y las administraciones para evitar situaciones como las del 11M en Madrid, donde las ambulancias no pudieron llevar a los heridos a los centros sanitarios de las mutuas que había cerca, o como la que se ha generado durante la pandemia, en la que los trámites para firmar el concierto impidieron que las mutuas pudieran participar de forma más generalizada en la campaña de vacunación.
El 90% de los accidentes son evitables
El magistrado del Tribunal Supremo, Fernando Salinas, ha insistido en la necesidad de la formación y la concienciación para reducir el número de accidentes y enfermedades laborales ya que, según ha recordado, según la Organización Internacional del Trabajo hasta el 90% de estos siniestros son evitables. En la jornada de Ibermutua ha participado también la secretaria autonómica de Justicia, Isabel Fajardo.
