Situación de alarma entre los consumidores. El indicador adelantado del IPC de junio sitúa la inflación en el 10,2%, la más alta desde abril de 1985. La subida de los carburantes y la alimentación son las partidas que más han subido en el mes de junio. En consecuencia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido este miércoles al Gobierno que tome medidas urgentes "firmes y eficaces" que atajen la subida de los precios y garanticen el poder adquisitivo de los más vulnerables. La suspensión temporal de todos los impuestos relacionados con la energía, la rebaja del IVA de los alimentos y la ampliación de la cuantía y los requisitos para las ayudas directas a los consumidores son imprescindibles según la organización para frenar la escalada de los precios y corregir sus efectos.

La OCU pide al Gobierno que tome medias más valientes y efectivas para atajar la espiral inflacionista que está mermando la capacidad adquisitiva de los consumidores. La "preocupación" existente derivada del incremento de los precios del 10,2%, el mayor en 37 años, es especialmente perceptible en el alza de los carburantes, la alimentación y los precios de hoteles y restauración. Además, la asociación destaca la inflación subyacente, por ser de carácter más duradero, que ha escalado hasta el 5,5%.

Para la OCU, el origen de esta exagerada subida se sitúa el incremento de los precios de la energía desde el verano pasado que se ha visto acelerado por la guerra en Ucrania. Los suministros que se han encarecido un 48% en el caso de la electricidad y de un 55,8% en la gasolina y un 67,7% del diésel. También ha subido más del 11% la alimentación y el 7% el precio de los hoteles y restauración justo antes de la campaña de verano.

La OCU pide una suspensión temporal de todos los impuestos relacionados con la energía. Esta es la única forma de frenar el incremento de las facturas que pagan los consumidores.  A la vista de los datos de alimentación, OCU pide una rebaja temporal del IVA de los alimentos que contenga los precios.

Y que se aumente la reciente ayuda aprobada por el Gobierno hasta 500 euros, y que además se amplíen los criterios de acceso para que llegue a más familias.