La DG Mare, dirigida por la directora general Charlina Vitcheva, no se esperaba lo que sucedió el martes. La búlgara daba por hecho que los países miembro de la Unión Europea respaldarían su propuesta de vetar la pesca de fondo en 94 zonas de la cornisa atlántica, desde el Golfo de Cádiz y la zona norte del histórico caladero de Gran Sol, para la protección de ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés). Sin embargo, los representantes de los estados no se mostraron nada convencidos ante la propuesta de reglamento de ejecución de la Comisión y así se lo hicieron saber en la votación. Según pudo saber Faro de Vigo, la deficiente consulta sobre la medida llevada a cabo por Bruselas y, sobre todo, la inexistencia de datos sobre los efectos socioeconómicos provocó que 11 países (Polonia, Portugal, Lituania, Grecia, Bélgica, Croacia, Malta, Chipre, Estonia y, por no estar presentes, Italia y Eslovenia) se abstuvieran en la votación, a los que se sumaron, en contra, tanto España como Irlanda.
El resto de países, 14, votaron a favor (incluida Francia), aunque a la mayoría no les afecta la medida por no pescar en esas zonas. El resultado fue una “no opinión”, de acuerdo al procedimiento de funcionamiento regulado por la UE. “Lo que ha sucedido es tan excepcional que no se sabe qué va a pasar ahora”, reconoce el gerente de la patronal europea Europêche, Daniel Voces. Y es que ahora la Comisión Europea tiene dos opciones: aplicarlo de forma unilateral o volver a tramitarlo y presentarlo ante los países para una nueva votación. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nueve de cada diez gransoleros (80 gallegos de bandera española) se quedarían sin caladero.
Para el sector, la CE no ha estado "a la altura"
La postura común de los países de la necesidad de conservar los mares comunitarios antojaba una victoria segura por parte de la Comisión Europea en la votación. Sin embargo, no fue así. España e Irlanda, dos de los países afectados por los cierres junto a Portugal y Francia, se posicionaron en contra. Según trasladaron al sector desde el Ministerio, incluso algunos países sin intereses directos en la propuesta mostraron sus fuertes dudas sobre los impactos socioeconómicos y el proceso llevado a cabo para las consultas, que desde el sector pesquero ya negaron que existiese.
La votación se saldó con la ausencia de una mayoría cualificada a favor o en contra y ahora, tras el resultado de “no opinión”, tanto el Gobierno como la propia industria comunitaria deberá esperar para ver qué decisión toma la Comisión Europea. “No es algo en absoluto habitual en el funcionamiento interno de la Unión Europea”, reconocieron desde el Ministerio.
Según el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, en inglés), Iván López, se espera que “la CE tomará una decisión en los próximos días”. “Lo lógico es que la propuesta se retire y sea reformulada para buscar unanimidad”, señala el armador vigués.
La EBFA lanzó ayer un contundente comunicado a través de Europêche en el que entendían que la CE había quedado “abandonada” en la votación y que “sería especialmente sorprendente que la Comisión forzara su aprobación”.
Las organizaciones censuran principalmente la falta de “un proceso de consulta adecuado”. “Ciertamente, la Comisión no está a la altura de las normas de transparencia y debate abierto que tanto exige a los demás”, critican Europêche y la EBFA. “Los caladeros tradicionales se cierran a la pesca más allá de una necesidad real, sólo para alcanzar objetivos políticos sin ningún beneficio real para la naturaleza y con enormes consecuencias para los pescadores y la seguridad alimentaria”, critica Iván López.
De la misma forma opina la conselleira del Mar, Rosa Quintana. “La decisión supone un gran perjuicio para la flota de Gran Sol y los barcos de arrastre de litoral y pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, señala. Para la Xunta, “es totalmente indignante” que no se tuviesen en cuenta “los informes aportados por Galicia” sobre la escasa huella de carbono e hídrica del arrastre. “Por contra, la Comisión no aportó los dictámenes biológicos y socioeconómicos en los que sustenta su propuesta”, critica Quintana.
Según el Ministerio, la propuesta implica que en Gran Sol 79 de los 89 buques con bandera española podrían verse sin zonas donde pescar. A estos habría que sumar los afectados entre la flota de litoral.
Pesca señala que la propuesta de Bruselas “no es asumible”
España e Irlanda fueron los únicos dos países que votaron en contra de la polémica propuesta de la Comisión Europea para vetar la pesca de fondo en 94 áreas de las aguas comunitarias. Según explican desde el el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a consultas de este periódico, para el Gobierno la medida “no es asumible”.
“España se opone a la propuesta de la Comisión Europea sobre ecosistemas marinos vulnerables”, explican, aunque matizan que no están en contra “de la protección de los ecosistemas marinos vulnerables” y que su postura es la de “compatibilizar la protección de los ecosistemas marinos y de su biodiversidad con la sostenibilidad del sector pesquero”.
“La propuesta de la CE no ha sido apenas consultada con el sector y no se han atendido sus preocupaciones y sensibilidades. Tampoco se ha escuchado a los Estados miembros”, apuntan desde el Ministerio, que recuerdan que “los marineros son los primeros interesados en mantener ese equilibrio”.
