Como ya ocurrió con el centro de oficios de Coepa, de nuevo el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat vuelven a enfrentarse por la situación de un edificio cedido a una organización económica de la provincia que se encuentra en apuros. En este caso, el complejo que en estos momentos todavía ocupa la escuela de negocios Fundesem en la calle Deportistas Hermanos Torres. El alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, ha amenazado este viernes con solicitar la reversión de la parcela de titularidad municipal que se cedió hace 30 años, si la administración autonómica no muestra una mayor "sensibilidad" con Fundesem. Y, sobre todo, ha dejado claro que sea cual sea el destino del complejo, la solución deberá contar con el visto bueno del Ayuntamiento, propietario de los terrenos.

Una amenaza a la que poco después ha respondido el conseller de Economía, Rafa Climent, que, si bien ha rechazado los argumentos del alcalde, ha querido tender la mano al consistorio y se ha mostrado dispuesto a dialogar para conseguir un acuerdo satisfactorio para todos.

En el fondo está la diferencia de posiciones entre ambos sobre cómo afrontar la crisis de Fundesem, ya que mientras que el Ayuntamiento de Alicante se ha mostrado partidario del proyecto de Cayetano Sánchez Butrón para subarrendar parte del edificio a la Universidad Europea –lo que, según el máximo responsable de la escuela de negocios, le permitiría obtener unos ingresos adicionales de 400.000 euros anuales y hacer frente a la deuda de 1,65 millones de euros que mantiene con el Ivace-, desde el organismo autonómico no ven claro el plan, hasta el punto de que el pasado miércoles optaron por rescindir el contrato de arrendamiento y exigir el pago de la deuda, al considerar que la no reclamación de estos importes hubiera supuesto una ilegalidad. De hecho, la directora general del Ivace, Júlia Company, considera que el planteamiento ni siguiera cubriría la deuda.

El conseller de Economía, Rafa Climent. AXEL ALVAREZ

El origen del choque institucional está en la fórmula que se utilizó para construir el edificio en cuestión, muy similar a la que algunos años después se empleó también en el centro de oficios de Coepa. Tras años en unas instalaciones cedidas por Jesuitas, los empresarios lograron implicar en 1992 a la Generalitat y el Ayuntamiento en un acuerdo a tres bandas para que construyeran a Fundesem una sede más acorde a la imagen que debe proyectar un centro de estas características.

El consistorio se encargó de ceder la parcela de titularidad municipal y el entonces Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa –hoy Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace)- se encargó de construir el edificio, que albergaría el centro formativo y la propia sede del Impiva.

Después de que ya el primer día el alcalde mostrara su rechazo a la decisión del Ivace de rescindir el contrato de alquiler de Fundesem y reclamarle la deuda, este viernes Luis Barcala ha hecho aún más explícito su apoyo señalando que el convenio de cesión está cerca de expirar –según fuentes municipales, la fecha sería el 2 de noviembre de este año, cuando se cumplen 30 años de su firma- y que, dada la situación, podría reclamar la reversión de los terrenos.

Desde la Generalitat, sin embargo, la directora del Ivace asegura que la fecha de finalización del convenio sería en 2024, ya que los 30 años deben contarse desde que las instalaciones se pusieron en marcha.

Lo cierto es que la redacción del convenio señala textualmente que "el uso a que se condiciona la cesión deberá iniciarse en el plazo máximo de cinco años y mantenerse durante los treinta años siguientes", tal y como se refleja en el acuerdo de la junta de gobierno municipal que hace solo unos días, el 22 de junio, aprobaba los cambios necesarios para que la Universidad Europea pudiera instalarse en el edificio.

En cualquier caso, más allá de la diferente interpretación de la fecha de vencimiento, desde el consistorio recalcan que las condiciones del acuerdo establecen explícitamente que la parcela debe destinarse al centro de formación de Fundesem y a la sede del Impiva. Y en la modificación del pasado día 22 se añade que, "además" también pueden impartir formación otras entidades. Es decir, que en todo caso el condicionado de la cesión exige que Fundesem siga en el edificio. Por tanto, si se le desahucia, el consistorio entiende que se ha incumplido el acuerdo y que puede iniciar un expediente de reversión.

La directora del Ivace, de nuevo, discrepa de esta interpretación y considera que el condicionado solo exigía que se construyera el edificio y se destinara a este uso, como se hizo. Que no obligaría a mantenerlo hasta el final. Además, insiste en que, en todo caso, la administración autonómica no tenía otra opción que rescindir el contrato ante la ilegalidad que suponían los impagos del centro formativo.

En cualquier caso, el conseller Rafa Climent también deja clara su disposición a dialogar con el Ayuntamiento para decidir juntos el nuevo destino del edificio ya que, como recalca, ambas administraciones coinciden en la necesidad de que Alicante albergue una escuela de negocios. Otra cosa es que tenga que ser bajo la marca Fundesem. En el precedente de Coepa, tras años de desencuentros, ambas administraciones han logrado llegar a un acuerdo para transformarlo en un centro de Labora.