Aunque internet o los teléfonos móviles han facilitado notablemente la forma de relacionarse con las entidades financieras para la mayoría de la población, lo cierto es que aquellos que necesitan acudir físicamente a una sucursal para firmar una operación o, simplemente, retirar dinero lo tienen cada vez más complicado. Una situación que se agrava aún más para aquellos que residen en pequeñas poblaciones, donde lo más habitual es que los recortes que la banca lleva aplicando desde el inicio de la crisis de 2008 hayan dejado al municipio sin oficina y, en los casos más extremos, sin ningún tipo de servicio financiero.
De esta forma, hasta 9.102 alicantinos sufren lo que podría considerarse como una exclusión financiera total, lo que significa que obligatoriamente deben desplazarse a otra población para conseguir cualquier tipo de prestación de este tipo, de acuerdo con un informe elaborado por el Ivie para las patronales del sector. Es decir, la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), que destacan que la cifra sería mucho más elevada de no ser por las soluciones alternativas que han facilitado las entidades, como el mantenimiento de cajeros o los acuerdos con Correos para realizar operaciones en sus oficinas.
En este sentido, el informe, dirigido por el investigador Joaquín Maudos, refleja la debacle que han sufrido las redes de sucursales desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, que en el caso de la provincia de Alicante ya ha supuesto la desaparición del 63,6% de todas las oficinas bancarias que existían en la zona. Un recorte que tan sólo superan Tarragona, donde han cerrado el 73,1% de las sucursales; Barcelona, con el 72,6%; Girona, con el 71%; Castellón, con el 66%; y Palencia, con el 64,2%.
Unos recortes que las propias patronales atribuyen a la crisis financiera, los problemas de baja rentabilidad del sector en un contexto de reducidos tipos de interés y el crecimiento de la competencia por parte de otros operadores ajenos al sector, como las fintech.
El resultado es que en estos momentos hasta 67 de los 141 municipios de la provincia ya no tienen ninguna sucursal, aunque, claro está, se trata de aquellas poblaciones de menor tamaño, por lo general en la zona de la Montaña y del interior.
Hasta 67 de los 141 municipios de la provincia ya no tienen delegación bancaria
Estos municipios sin banco suman ya 49.735 residentes, lo que supone el 2,6% de toda la población de la provincia, un porcentaje inferior a la media nacional, donde hasta el 3,3% de los ciudadanos –más de 1,5 millones, en total- viven en municipios sin entidades, y muy alejada de las que registran provincias como Zamora, Segovia, Salamanca o Palencia, donde superan el 20%.
Sin embargo, en muchos de estos casos las entidades han decidido mantener el cajero automático, para que sus clientes puedan retirar dinero o realizar operaciones básicas. Un servicio al que también ha contribuido la Generalitat, que ha subvencionado la presencia de terminales en aquellas zonas en riesgo de despoblación.
Otra de las alternativas por la que están apostando muchas entidades son los agentes comerciales, que son profesionales autónomos que ejercen de intermediarios para los bancos. Una fórmula mucho más barata que la de tener una oficina propia. Por último, otra de las opciones que se han puesto en marcha son los convenios de colaboración que algunos bancos mantienen con Correos y que permiten retirar o ingresar dinero, o pagar recibos en sus oficinas. Una forma de aprovechar la extensa red del ente público.
Viajar 4,4 kilómetros
A pesar de todo lo anterior, todavía quedan 9.102 personas en la provincia y hasta 657.557 en el conjunto de España que viven en poblaciones donde no hay ni una sola de estas alternativas, por lo que deben desplazarse obligatoriamente a otro municipio. En el caso de Alicante, la distancia media que deben recorrer es de 4,4 kilómetros, algo menos que a nivel nacional, donde son 7,6 kilómetros. Eso sí, también hay un pequeño porcentaje de estos afectados –el 5,7%- que se ven obligados a conducir o a que los lleven a más de diez kilómetros de distancia.
Desde las patronales que han encargado el estudio destacan el reducido porcentaje de población que sufre esta exclusión severa –el 1,4% del total de residentes a nivel nacional y el 0,4% en Alicante- a pesar del recorte tan grande que se ha registrado en la red. Además, señalan que la exclusión financiera forma parte de un problema estructural de mayores dimensiones, como es la despoblación de determinadas zonas del país.
En cualquier caso, el objetivo del estudio es conocer la realidad para que ahora las entidades puedan decidir nuevas medidas con las que combatir esta situación, que podría pasar por facilitar el acceso al efectivo a través de comercios o de otros establecimientos. Las propias patronales bancarias preparan un plan, junto con el Gobierno, para abordar este problema.
