La rehabilitación parcial o integral de edificios residenciales y viviendas cuenta actualmente con numerosas alternativas en forma de subvenciones públicas y, en nuestra opinión, el Ingeniero Civil es el profesional técnico más capacitado para llevar a cabo estas intervenciones, así como para gestionar y tramitar unas ayudas con las que estamos muy familiarizados.
El “Programa de ayudas para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation. Este programa pretende impulsar la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y barrios, y la distribución de los fondos se canaliza a través de la Generalitat Valenciana.
A través del citado programa se prevé alcanzar las 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026. Este número total de actuaciones de rehabilitación durante todo el periodo de aplicación del PRTR, implica un ritmo medio de 71.000 viviendas al año. En 2019 se rehabilitaron algo más de 31.100 hogares y, aunque supone un 10% más que en 2018, el objetivo del Gobierno es multiplicar la actividad por diez de aquí a 2030, llegando a las 300.000 viviendas al año.
Reducir el consumo de energía
El objetivo global de las actuaciones es reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable en los hogares y descarbonizar y bajar la demanda de calefacción y refrigeración como mínimo un 7%. Es importante acreditar la reducción del consumo y para ello un experto tiene que expedir un certificado energético de la vivienda o del edificio antes y después de la actuación. La vía más efectiva para alcanzar los umbrales exigidos en el marco del PRTR es actuar sobre la envolvente del edificio, colocando aislamiento tanto en fachadas como en cubiertas, y sustituir las carpinterías por otras con rotura de puente térmico para evitar que el frio entre por las ventanas.
Por otro lado, el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativo a la eficiencia energética de los edificios, establece que cada Estado miembro elaborará una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo.
Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España.
Para cumplir este mandato comunitario, España ha desarrollado la ERESEE 2020: Actualización 2020 de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España. También se realizaron diversos estudios e informes sobre temas específicos (demanda energética en viviendas, tipologías y prospectiva de sistemas de calefacción en residencial y terciario, potencial solar, financiación y prácticas innovadoras en Europa y en España, impacto macroeconómico, etc.) que deben marcar la hoja de ruta a medio plazo.
Una vez repasado someramente el marco legal, cabe destacar que hay una gran variedad de alternativas en cuanto a las actuaciones sobre edificios y viviendas. Por ejemplo, a nivel de edificio y en materia de mejora de la eficiencia energética, se pueden subvencionar actuaciones como las siguientes: mejoras del aislamiento en la envolvente del edificio, instalaciones de energía solar fotovoltaica/eólica para generar energía renovable, instalaciones de agua caliente sanitaria, solar o aerotérmica renovable, instalaciones de calefacción y refrigeración u otras actuaciones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética.
Otras obras de mejora
Respecto a obras que afectan propiamente al edificio, estas son algunas de las más demandadas: reparación o conservación del edificio, mejora de la accesibilidad, mejora de la estanqueidad del edificio, adecuación de los espacios comunes, entre otras.
A nivel de vivienda, solo se protegen las actuaciones que intervengan directamente en la mejora de la eficiencia energética del inmueble. Estas actuaciones serán las que afecten a instalaciones térmicas o de energías renovables y/o las que afecten a elementos constructivos de la envolvente térmica como el aislamiento de muros, suelos y cubiertas, y las carpinterías exteriores.
Compromiso con la sostenibilidad
El compromiso social con la sostenibilidad es total por parte del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y, además, la Comisión Europea ha trazado un camino muy claro a seguir: a partir de 2030, todos los edificios nuevos deben registrar cero emisiones.
Concretamente, para aprovechar el potencial de una actuación más rápida en el sector público, todos los edificios públicos nuevos deberán tener cero emisiones ya desde 2027. Esto significa que los edificios deben consumir poca energía, alimentarse con energías renovables en la medida de lo posible, no producir emisiones de carbono in situ procedentes de combustibles fósiles e indicar en su certificado de eficiencia energética el potencial de calentamiento global en función de las emisiones producidas durante todo su ciclo de vida.
En cuanto a las renovaciones, se proponen nuevas normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE, que exigen que el 15 % menos eficiente del parque inmobiliario de cada Estado miembro se actualice y pase de un certificado de eficiencia energética de grado G a uno de grado F como mínimo, de aquí a 2027 para los edificios no residenciales y de aquí a 2030 para los edificios residenciales. Centrar la atención inicialmente en los edificios con menor eficiencia cumple el doble objetivo de maximizar el potencial de descarbonización y de reducción de la pobreza energética, según promueve la Comisión Europea.
Además, los certificados de eficiencia energética deben proporcionar información públicamente disponible sobre el consumo de energía y supondrán una importante guía a la hora de tomar decisiones de inversión, compra o alquiler. Es más, de aquí a 2025, todos los certificados deberán basarse en una escala armonizada de A a G.
A modo de conclusión, consideramos que el Ingeniero Civil es el profesional técnico más capacitado para llevar a cabo este tipo de intervenciones y también para gestionar las diferentes ayudas que los organismos públicos ponen a disposición de la ciudadanía.
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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante
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