El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha cifrado en 302,7 millones de euros la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración en la autopista AP-7 de circunvalación de Alicante. Es decir, el importe que el Gobierno deberá abonar a la anterior concesionaria -o a sus acreedores- por las inversiones y las expropiaciones que tuvo que realizar para poner en marcha la infraestructura, que ahora está en manos de la empresa pública Seittsa, tras la quiebra de la compañía.
Así lo ha señalado el propio ministerio en un comunicado, en el que informa de la apertura del periodo de audiencia para presentar alegaciones ante este nuevo cálculo, el segundo que se realiza después del que se presentó en noviembre del año pasado -que se situó en 308 millones-, cuya tramitación se paralizó, precisamente, ante la reclamación de uno de los interesados. Además, luego se produjeron varias sentencias del Supremo sobre la interpretación de los contratos de varias autopistas rescatadas, que también han obligado a modificar la cantidad prevista. De esta forma, el nuevo plazo para alegar se abrió el pasado viernes, 22 de julio, y tendrá una duración de 15 días hábiles.
La autopista de circunvalación de Alicante entró en funcionamiento en diciembre de 2007 con el objetivo de reducir los atascos que se registraban a diario en la A-70 a su paso por la capital de la provincia. La responsable de la concesión era la mercantil Ciralsa, una sociedad formada por ACS, Abertis y Globalvía.
Sin embargo, la llegada de la crisis provocó que nunca se cumplieran las expectativas de tráfico previstas, como ocurrió con la mayoría de las autopistas que se pusieron en marcha en la misma época, entre ellas las radiales de Madrid.
Así, apenas cinco años después de su apertura, la compañía solicitó el concurso de acreedores y en 2018 el entonces Ministerio de Fomento acabó recuperando la titularidad de la vía, que integró en la empresa pública Seittsa junto con las otras siete autopistas rescatadas.
Aunque la intención era sacar de nuevo a concurso la concesión de estas carreteras, de momento siguen en manos del Gobierno.
El cálculo
Según lo previsto en el acuerdo de interpretación aprobado por el consejo de ministros en abril de 2019 y de acuerdo a los criterios establecidos en las sentencias del Supremo, el Ministerio de Transportes cifra ahora el importa a abonar por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en la Circunvalación de Alicante en 302.712.677 euros.
En concreto, el departamento que dirige Raquel Sánchez estima una RPA por las obras realizadas y no amortizadas de 276,6 millones, además de otros 74,1 millones por las expropiaciones, lo que daría un total de más de 350 millones. Sin embargo, de esa cantidad hay que descontar el valor de las inversiones necesarias para obtener la "perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad", unos trabajos que cifra en 18 millones; así con las indemnizaciones ya pagadas a los expropiados por la propia Administración, que suman otros 15,6 millones. Igualmente, el ministerio calcula que hay que retener otros 14,4 millones para hacer frente a posibles pagos pendientes de los que deba hacerse cargo el Estado por estas expropiaciones.
La publicación de este cálculo, sin embargo, aún no finaliza el proceso, que va para largo. El acuerdo de interpretación aprobado establece que, seis meses después de que se dicte la primera resolución de determinación de la RPA (cuando finalice el actual periodo de audiencia), se procederá a determinar una resolución complementaria, y un año después -de la primera resolución-, la definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este período, como es el pago de expropiaciones.
La Circunvalación de Alicante es una autopista de 33,2 kilómetros de longitud cuyo principal objetivo era desviar el tráfico de largo recorrido de la A-70 a la altura de la ciudad de Alicante, donde la confluencia con el tráfico local provocaba retenciones a diario. Su mejor año hasta la fecha fue el de su inauguración, 2008, cuando llegó a registrar una intensidad media diaria de casi 10.000 vehículos.
Sin embargo, estas cifras se redujeron paulatinamente a raíz del estallido de la crisis económica, hasta que en 2014 tocó fondo, con apenas 5.303 vehículos diarios. A partir de esa fecha, el volumen de tráfico de la vía empezó a remontar, hasta que la llegada de la pandemia volvió a hundirlo a sólo 4.966 vehículos diarios en 2020. El año pasado recuperó buena parte del tráfico perdido con el coronavirus, hasta situarse en 6.421 usuarios por jornada.
La autopista de Torrevieja, en venta
La autopista Ausur, que conecta Alicante con Torrevieja y Cartagena, también estuvo a punto de quebrar y convertirse en la novena vía rescatada por el Estado. Sin embargo, a finales de 2014 logró firmar un acuerdo de refinanciación de su deuda mediante un crédito de 196 millones de euros que suscribieron hasta quince entidades distintas. Al contrario que el resto de autopistas, los bancos consideraron que el volumen de tráfico que registraba permitía su viabilidad. Sus propietarios son la compañía Pralesa, que tiene el 75% del capital, y el Grupo Fuertes, que a finales del año pasado iniciaron un proceso para vender la concesión. Según publicaba hace unas semanas la prensa económica, la firma tendría sobre la mesa una oferta presentada por los fondos DIF Capital Partners y Bestinver.
