La gran industria española que utiliza cogeneración -produciendo electricidad aprovechando el calor de la propia actividad de sus fábricas en sectores como la cerámica, el papel o la alimentación- denuncia que vive una situación crítica en plena crisis energética. Más del 60% de la cogeneración ha parado en los últimos meses porque, según alertan las empresas, seguir produciendo electricidad les ha dejado de salir rentable por la subida del precio del gas y porque el Gobierno no toma medidas para garantizar que las plantas cubran costes.
La patronal Acogen, que agrupa a unas 600 factorías con cogeneración en el país, denuncia que la “inacción” del Gobierno les condena a las pérdidas por una doble vía: tanto con las condiciones con que se ha puesto en marcha la 'excepción ibérica' como por no actualizarse la retribución que reciben sus plantas mediante el sistema Recore, el que también garantiza una rentabilidad mínima a las instalaciones renovables reguladas. Ante esta situación, la patronal prepara una batalla en los tribunales en España y en la Unión Europea, que puede acabar en la presentación de cientos de demandas por daños y perjuicios por parte de las compañías afectadas.
Por un lado, la asociación empresarial se queja de la “clara discriminación” que sufren sus plantas tras la puesta en marcha de la 'excepción ibérica' en el mercado eléctrico. El mecanismo del tope al precio del gas para producir electricidad activado el pasado junio contempla una compensación para las eléctricas con centrales de gas (ciclos combinados) para cubrir sus costes reales en plena espiral de subida de los precios internacionales del gas, pero las plantas de cogeneración no reciben esa compensación lo que ha hecho que sólo sigan funcionando apenas un tercio de ellas, las que están forzadas a seguir en marcha si no se quiere paralizar también toda la producción industrial.
Por otro lado, Acogen denuncia que el Gobierno lleva más de dos años sin actualizar oficialmente la retribución de las plantas de cogeneración reconocida en el sistema Recore y que la última propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica del este mismo agosto se basa en cálculos realizados con un precio de gas de sólo 90 euros por megavatio hora (MWh), mientras que la compensación que reciben las grandes eléctricas para sus centrales de gas les reconoce costes que muchos días han superado los 200 euros por MWh.
Denuncia en Bruselas
La gran industria con plantas de cogeneración, ha diseñado ya una estrategia jurídica para forzar al Gobierno a tomar medidas. Acogen ya ha activado los procesos administrativos ante la Unión Europea y ante el Gobierno que, de no dar resultados, derivarán en acciones en los tribunales comunitarios y españoles. “No queremos acudir a la justicia, pero es la única vía que nos han dejado”, sentencia Javier Rodríguez, director general de Acogen. “El diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica es permanente, pero es un diálogo sordo. El Gobierno nos niega lo más básico, que es reconocer los costes que pagamos por la subida del gas”.
La patronal presentó el pasado julio una denuncia ante la Comisión Europea para denunciar la discriminación que sufren las plantas de cogeneración frente a las grandes eléctricas con centrales de gas por cómo ha diseñado el Gobierno español el sistema del tope al gas (en Portugal sí se compensa a la cogeneración con el mismo ajuste que los ciclos combinados). La asociación empresarial espera que Bruselas que fuerce al Ejecutivo a acabar con la “discriminación de libro” del diseño de excepción ibérica y amenaza con elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no revierte la situación.
Daños y perjuicios
Por otro lado, este mismo agosto Acogen también ha presentado un recurso ante la Secretaría de Estado de Energía, integrada en Transición Ecológica, por su “inactividad” al llevar más de dos años sin actualizar la retribución del Recore que le corresponde a la cogeneración. “El Gobierno lleva dos años sin publicar en el BOE la revisión de la retribución. Es un fraude de ley. Si no se publica esa orden ministerial en el BOE, no podemos recurrir ante el Tribunal Supremo”, denuncia el director general de la asociación. “Hay alevosía jurídica. Estamos indefensos”.
Este recurso administrativo ante el Ministerio es el primer paso preceptivo para poder acudir a los tribunales. Acogen advierte de que, transcurridos tres meses desde su presentación y si no hay respuesta, el siguiente paso será una ola de cientos de demandas en el Supremo por daños y perjuicios por parte de las plantas de cogeneración.
“El Gobierno tiene dos vías de salida: activar para la cogeneración el mismo mecanismo de compensación que tienen los ciclos combinados con la excepción ibérica o actualizar la retribución del Recore cubriendo los costes reales del precio del gas”, apunta Rodríguez. “No podemos funcionar con la propuesta del Gobierno de retribución con un precio de gas de 90 euros por MWh y con el actual diseño de la excepción ibérica. Todo el sector de la cogeneración está en pérdidas, sólo funcionan las plantas que no pueden parar”.
