El Colegio Oficial de Auditores de la Comunidad Valenciana ha alertado de un aumento del 33% en los concursos de acreedores durante el mes de agosto, con respecto al mismo periodo del año anterior. La principal causa de este incremento es la retirada de la moratoria concursal determinada por el Gobierno a causa de la crisis sanitaria y económica y que tuvo su fin en julio, según ha informado la entidad en un comunicado.

Tras conocerse los datos sobre concursos publicados por el Registro Mercantil, los auditores destacan que el número de concursos de acreedores ha ascendido a 32 en la Comunidad Valenciana, un 33% más, con lo que supera en 17 puntos porcentuales a la media nacional. La región valenciana, junto con Madrid y Cataluña, se sitúa entre las peores con respecto a la media nacional, ya que suman conjuntamente cerca de siete de cada 10 concursos presentados.

Esta cuestión, según el vocal de la Junta directiva del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana y responsable de los asuntos judiciales, José Andreu, "es coherente con la retirada en julio de la moratoria extraordinaria que se puso en marcha con motivo de la crisis sanitaria y económica en nuestro país".

Sin embargo, ya en el mes de junio, tal y como explicó INFORMACIÓN, se alertaba de que los concursos de acreedores habían batido su récord histórico en la provincia de Alicante durante el primer trimestre del año. Pero en este caso no fueron las empresas -para las que inicialmente se pensó este procedimiento- quienes dispararon estas cifras. Por primera vez en la historia el número de procesos iniciados por ciudadanos particulares superó al que registraron compañías y autónomos, tras dispararse casi un 35% durante el último año.

Un aumento que los expertos vincularon en su momento con las consecuencias que la pandemia tuvo en muchas economías domésticas, pero, sobre todo, con el mayor conocimiento de la llamada Ley de Segunda Oportunidad, que permite a cualquier persona librarse definitivamente de sus deudas, siempre que demuestre que ha intentado pagarlas por todos los medios posibles a su alcance sin conseguirlo.

La Comunidad Valenciana, por encima de la media en concursos de acreedores

Las cifras desde el inicio del año colocan a la Comunidad Valenciana entre las autonomías españolas con mayor aumento del número de concursos, superando a la media nacional que se sitúa en una crecida del 15,6%.

José Andreu ha señalado que "buena parte de ese incremento viene dado por las dificultades que vienen atravesando empresas del sector servicios y autónomos, principalmente negocios de hostelería. Además, la incertidumbre frente a una nueva regulación concursal a punto de aprobarse, también influye en ese incremento además de los problemas colaterales que está causando la guerra en Ucrania".

El próximo 26 de septiembre entrará en vigor la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma de la Ley Concursal sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

Según Andreu, "esta ley tiene como objetivo asegurar la posible continuidad de empresas y negocios que puedan ser viables pero que se encuentren en dificultades financieras y por lo tanto, puede reducir el número de concursos en los próximos meses una vez empiece a asentarse la nueva regulación pre-concursal".

Al respecto de esta ley, los auditores valencianos resaltan los principales objetivos que persigue y que valoran como positivos para la economía en este periodo de recuperación de la crisis económica. "La reforma de la Ley Concursal supone la agilización de los procedimientos de insolvencia, la reducción de sus costes y la posibilidad de facilitar la continuidad de los deudores, empresas y profesionales, en dificultades financieras sin tener que recurrir al concurso de acreedores", ha explicado José Andreu.

Además, desde el Colegio de Auditores resaltan de la Ley que las personas físicas que desarrollen o no una actividad empresarial o profesional podrán acogerse a un nuevo procedimiento de exoneración de deudas más flexible y con posibilidad de evitar la liquidación de su vivienda habitual y demás activos afectos a la actividad.

"La intervención profesional del auditor censor jurado de cuentas en esta nueva regulación de la Ley Concursal resulta fundamental por la puesta en valor de su conocimiento del mundo empresarial tanto a través de los Planes de Reestructuración, actuando como experto, como en su intervención como administrador concursal y en los procesos de valoración de empresas o bien de sus unidades productivas", ha sostenido.