Glovo deberá pagar 79 millones de euros por emplear de manera fraudulenta como falsos autónomos a 10.614 repartidores en Barcelona y Valencia. Es la sanción más grande impuesta hasta ahora por Inspección de Trabajo a la empresa de reparto a domicilio fundada en la capital catalana y propiedad actualmente del gigante alemán 'Delivery Hero'. La 'policía laboral' considera probado que el modelo organizativo de Glovo vulnera la ley con el fin de ahorrarse pagos a las arcas de la Seguridad Social y va en detrimento de las condiciones laborales de los repartidores, tal como ha avanzado La Ser y ha podido confirmar El Periódico. Estas dos actuaciones en Barcelona y Valencia son el resultado de una macro operación en toda España avanzada por este medio y que dejó sus primeras actas en Girona, Lleida y Tarragona.

Concretamente en Barcelona la Inspección ha acreditado 8.331 'riders' y ha requerido 63,2 millones de euros -entre sanción y cuotas impagadas-; y en Valencia han sido 2.283 'riders' y un requerimiento de 15,75 millones de euros. Fuentes conocedoras de las actuaciones precisan que la policía laboral ha impuesto una sanción adicional por obstrucción a la labor inspectora de 2.500 euros. No es la primera vez que Glovo dificulta a sabiendas la tarea de la inspección y este año ya acumula 14.000 euros por ello. 

Glovo ha desafiado desde su fundación (en 2014) la opinión manifestada por jueces (Tribunal Supremo incluido) e inspectores de trabajo de que sus repartidores deberían estar empleados como asalariados y no como autónomos. Pese a las multas que la Inspección ha ido emitiendo -y que hasta ahora superaban los 20 millones de euros- y la nueva 'ley Rider' que entró en vigor en agosto del 2021 y que establece explícitamente que los repartidores deben ser asalariados salvo que la empresa demuestre lo contrario. La flota actual de Glovo ronda los 16.000 efectivos, según fuentes del sector y únicamente unos 2.000 -localizados en la sección de supermercados- están contratados.

No obstante, en el pulso entre Trabajo y Glovo la velocidad de la Inspección de Trabajo juega a favor del segundo. Pues las multas conocidas este miércoles en Barcelona y Valencia hacen referencia a actuaciones anteriores a la nueva 'ley Rider'. Y sobre ellas cabe posibilidad de recurso ante los tribunales, lo que dilataría el pago final por parte de la empresa, que pese a ello sigue operando con autónomos. La gran cantidad de repartidores implicados en estos procesos retrasa el cierre de los procesos. "Desde el Ministerio de Trabajo no vamos a parar, van a cumplir la ley", ha declarado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en los pasillos del Congreso.

Competencia desleal

Hasta ahora Glovo había asumido el coste de desafiar las decisiones judiciales y seguía operando con falsos autónomos, en aras de ganar cuota de mercado frente a sus competidores. Operar con autónomos permite a Glovo tener flotas de repartidores más grandes, ya que solo paga por aquellos servicios que finalmente acaban efectuando y no tiene que acarrear con las cotizaciones mientras no trabajan, ni les tiene que pagar vacaciones ni bajas. Flotas más grandes le permiten atender a un número mayor de pedidos y con mayor velocidad, lo que redunda en un mejor servicio para el cliente final, en detrimento de las condiciones del repartidor.

Lo que genera una ventaja respecto a firmas de la competencia como Uber Eats o Just Eat, que sí decidieron en un primer momento cumplir con la ley. En un primer momento, pues desde Uber Eats vieron como el desacato de Glovo no tenía consecuencias inmediatas y decidieron volver a operar con autónomos para disputarle esa cuota de mercado en igualdad de condiciones.