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PLAN ESTATAL DE SOLVENCIA EMPRESARIAL

Aragón devuelve casi 72 millones al Estado de las ayudas directas a empresas por la covid

La DGA achaca que se hayan quedado sin asignar el 50,7% de los fondos concedidos a la comunidad por las condiciones restrictivas fijadas por el Ministerio de Asuntos Económicos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño A. Pérez Meca - Europa Press

Uno de cada dos euros que el Gobierno central destinó a Aragón para ayudar a las pymes y los autónomos más afectados por los estragos económicos de la pandemia se quedaron sin asignar. En concreto, sobraron 71,7 millones de euros, el 50,7% de los 141,3 millones asignados a la comunidad autónoma, un importe que ya ha sido han devuelto a las arcas del Estado, según la información facilitada a este diario por el Departamento de Hacienda. El Ejecutivo autonómico logró adjudicar, en dos convocatorias, un total de 69,6 millones de euros entre 4.205 empresas beneficiarias que cumplieron los requisitos fijados por el Ministerio de Asuntos Económicos para repartir el fondo extraordinario de apoyo a la solvencia empresarial, recogidos en el real decreto ley 5/2021.

La DGA trató sin éxito de sacar adelante una tercera ronda para el reparto del excedente. Con este propósito, a finales de diciembre 2021 alcanzó un acuerdo con el sector de la hostelería y las organizaciones empresariales para reclamar a Madrid la utilización del dinero sin asignar con un nuevo modelo de ayudas con condiciones más flexibles, pero la iniciativa no prosperó y el pasado mes de junio el Pignatelli acabó transfiriendo el sobrante al Tesoro Público.

En la primera convocatoria de estas ayudas directas, abierta en junio de 2021, el Gobierno aragonés repartió 47,1 millones entre cerca de 2.600 empresas. Cuatro meses depués, se lanzó una segunda ronda después de que el ministerio aceptara algunas modificaciones en los requisitos de las subvenciones, lo que permitió asignar otros 19 millones entre unos 1.600 beneficiarios. Otros cerca de 4 millones fueron concedidos tras darse el visto favorable a las reclamaciones recibidas.

A nivel nacional, las comunidades autónomas han reintegrado al Estado el 25% de los fondos, es decir, 1.700 millones de los 7.000 que les concedieron. Solo Baleares y Canarias, que tuvieron un tratamiento específico en el plan y se llevaron la mayor partida (2.000 millones), lograron ejecutar la totalidad de las ayudas debido a que cuentan con un mayor volumen de negocios turísticos y, por tanto, de empresas elegibles. Al igual que Aragón,. Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, Cantabria, Asturias y Valencia han devuelto al Estado más de la mitad. Andalucía, Extremadura, Cantabria y Castilla y León, en torno a un 40%. Navarra y La Rioja, un tercio. Y Galicia, una cuarta parte. Madrid y Cataluña presentan mejores porcentajes por contar con un tejido productivo más voluminoso, pero aún así retornaron 103 y 137 millones, respectivamente.

Los datos ponen de relieve el balance gris de esta línea de ayuda públicas lanzadas por el Estado para compensar las pérdidas provocadas en los negocios por la pandemia y las restricciones sanitarias, especialmente en sectores, como la hostelería y el turismo. Los fondos tardaron en llegar mucho más que en otros países europeos y cuando se aprobaron se hicieron con unas condiciones muy rígidas que limitaron en gran medida las empresas que podían aspirar a las subvenciones.

Así lo advirtieron las organizaciones de empresarios y de autónomos, que en el verano 2021 ya advirtieron que el dinero no iba a llegar a todos los que lo necesitan por los restrictivos requisitos exigidos por el Gobierno central. El Gobierno de Aragón compartía estas críticas y el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, envió por ello varias cartas a las ministras de Economía y de Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente, para que se flexibilizaran las condiciones.

Con este fin, amplió el número de actividades económicas que se podían favorecer de las ayudas a 491, 396 por encima de las señaladas por el Gobierno de España y estableció los mayores plazos posibles.

Desde el Departamento de Hacienda de la DGA, que ha sido el encargado de administrar estos fondos, recuerdan que fue el ministerio que dirige la vicepresidente Nadia Calviño el que campo de actuación y los criterios de reparto de las ayudas, pero destacan que la gestión "intachable" y "ejemplar" que ha hecho la comunidad dentro del margen y los "ajustados" plazos marcados desde Madrid.

La DGA ha tratado de flexibilizar y ampliar todas las posibilidades que permitía el real decreto que rige esta línea de apoyo a las empresas, tanto en lo referente a los Códigos Nacionales de Actividades Económicas CNAES –que pasaron de los 95 códigos propuestos de inicio a los 491 que aprobó Aragón– como de plazos de presentación, dejando un amplio margen temporal en la primera convocatoria e impulsando un segundo llamamiento para que los beneficios de esta medida se extendieran al mayor número posible de empresas y autónomos.

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