Por si no fuesen suficientes los problemas que afectan a la industria del calzado, la reciente reforma laboral ha añadido un nuevo factor de incertidumbre. Y es que el nuevo contrato fijo-discontinuo, según se ha afirmado en el foro "Converses de futur", no tiene en cuenta la temporalidad que afecta al sector, lo que propicia que ante las necesidades de reducir la actividad no vayan a tener otro remedio que recurrir a la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE). Las empresas reclaman la mediación de la Generalitat ante el Ministerio de Trabajo, algo a lo que se ha comprometido Ximo Puig, aunque desde el acuerdo en el marco del diálogo social.

El presidente de Inescop, Antonio Porta, recuerda que desde 1961 el calzado ha venido disponiendo de un ERE específico que permitía suspender la actividad un máximo de 60 días, teniendo en cuenta que el sector cuenta con dos temporadas de producción muy diferenciadas y separadas en el tiempo, como son otoño-invierno y primavera-verano, y que en medio hay periodos en los que la actividad se paraliza o se reduce de manera notable. Estos ERE, añade, fueron sustituidos en 1990 por un contrato fijo-discontinuo que otorgó flexibilidad a las compañías en el mismo sentido.

El problema, con todo, ha venido ahora con la reforma laboral, toda vez que, explica Porta, las empresas han recibido un escrito del Ministerio de Trabajo advirtiendo de que los empleados fijos-discontinuos deben pasar a fijos ordinarios si han estado en el paro menos de 60 días o un 20% de la jornada anual. "De imponerse el criterio de la ministra -subraya-, el sector va a tener un grave problema". Más lejos ha ido la CEO de Pedro García, Mila García, quien asegura que "las empresas se van a ver forzadas a recurrir a los ERE si se nos suprime esta herramienta importantísima que facilita la labor de todos. Incluso los trabajadores están contentos".

En su respuesta, Ximo Puig ha afirmado que desconocía el impacto que la reforma laboral puede tener sobre el sector, comprometiéndose a mediar ante el ministerio de Trabajo, aunque siempre a través del diálogo y del acuerdo con los agentes económicos y sociales, "para tener una posición lo más fuerte posible".

El jefe del Consell, por otro lado, ha aprovechado su estancia en Elda para mostrar su compromiso con la economía del Vinalopó, multiplicando por 10 las ayudas al calzado en seis años, mejorando las áreas industriales y reforzando la innovación. También ha subrayado que la Generalitat, a final de legislatura, habrá desplegado actuaciones en la zona de Elda por cerca de 100 millones de euros, destacando las mejoras en las carreteras. En materia sanitaria, asimismo, ha señalado que antes de final de año se licitará el segundo edificio del Hospital de Elda por ocho millones y la ampliación del servicio de hemodiálisis y salud mental por un millón. Será a principios de 2023 cuando salga a concurso un nuevo edificio de consultas externas y aparcamiento del hospital por 21 millones. También ha destacado la apuesta del Consell por el puerto seco, afirmando que "daremos todo nuestro respaldo al proyecto más viable", y se ha referido al "avance histórico" que ha supuesto que, "600 años después, fluya el agua con intensidad del Júcar al Vinalopó".

En materia de infraestructuras, el presidente de Fetrama, Juan José Hernández, ha agradecido las inversiones de la Generalitat, aunque ha reclamado otras como la adecuación de la autovía A-31 para reducir la siniestralidad, el desdoblamiento de la ronda sur o la puesta en marcha de una ITV fija.