La administración concursal del Grupo Amaro ha sacado a subasta el complejo industrial que la que fuera la mayor empresa pesquera de la provincia ocupaba junto al polígono del Llano del Espartal. Una zona que se ha convertido en una de las ubicaciones más codiciadas por las empresas de logística que quieren instalarse en la capital de la provincia, por su cercanía a la autovía A-31, la A-7 o los accesos al puerto. La venta forma parte del proceso de liquidación de la compañía, que se declaró en concurso en noviembre del año pasado, después de que los cierres de la hostelería por la pandemia agravaran la delicada situación que atravesaba.

La compañía había sido vendida dos años antes por la familia Amaro al fondo de inversión Acadia Capital, una operación que acabó en los tribunales ante las discrepancias que surgieron entre ambas partes.

La encargada de realizar la subasta será la plataforma especializada Eactivos.com, que, de hecho, ya ha publicado el anuncio en su web para que puedan realizarse ofertas. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 3 de noviembre.

Este tipo de subastas son habituales cuando no se consigue encontrar un comprador para lo que se denomina la unidad productiva de la empresa, es decir, cuando no hay ningún inversor que quiera hacerse cargo del negocio y darle continuidad. Entonces la administración concursal inicia la venta de los activos de la empresa uno por uno y los más importantes se subastan con el objetivo de conseguir el mayor importe posible en su venta, para pagar a los acreedores.

Al hacerlo a través de un portal como Eactivos se permite que pueda pujar cualquier persona, siempre que realice un depósito equivalente al 10% de la valoración que se ha hecho del activo. En este caso, la nave de Amaro se ha valorado en nueve millones de euros, por lo que hay que depositar 900.000 euros, aunque esto no implica que la oferta que se presente deba alcanzar esa cantidad. De hecho, no hay una puja mínima, según apuntan desde esta plataforma.

La nave que se vende es una de las mayores que puede encontrarse en la ciudad, con unas dimensiones totales de 22.449 metros, distribuidas en cinco parcelas y con distintos cuerpos de edificación. Por dar una referencia, la parcela que ocupa la denominada "colmena" de Mercadona muy cerca de allí tiene 19.000 metros cuadrados.

En cuanto a la distribución del conjunto de edificios, existe uno destinado a oficinas con cuatro plantas (y una superficie de 1.450 metros cuadrados) así como una zona de garajes y de acceso, un muelle de carga y descarga y cobertizos destinados a aparcamientos con sus respectivas zonas de paso. Asimismo, es posible acceder a otro edificio, entre la calle Estrella Polar y la Avenida de Saturno, que se distribuye en tres plantas comunicadas entre sí por las escaleras y el montacargas. Esta alberga aparcamientos, almacenes, aseos, salas de máquinas, sala de manipulación, zona de lavado, antecámaras, muelles de carga y descarga, cámara de fresco, almacén, oficinas auxiliares, zonas de almacén y aseos.

En el complejo también se puede encontrar un conjunto de cámaras frigoríficas, dos almacenes, túneles de congelación, departamentos de máquinas, de electricidad y otro destinado a servicios. En cuanto a la edificabilidad, en caso de querer aumentar el complejo construyendo, la altura máxima permitida para hacerlo es de 4 plantas y 16 metros.

Las cinco sociedades que forman parte del Grupo Amaro solicitaron el concurso voluntario de acreedores a finales del año pasado con un pasivo total de alrededor de 26 millones de euros, aunque la mayor parte se trata de deuda intraempresas, es decir, entre las distintas mercantiles que componen el conglomerado. La deuda financiera y con proveedores rondaría los nueve millones, según las fuentes consultadas.

La solicitud se produjo después de que la compañía no consiguiera cerrar un acuerdo de refinanciación con la banca ni tampoco vender la mayor de sus naves para obtener liquidez.

Los problemas de la firma afloraron después de que la familia fundadora vendiera la compañía a Acadia Capital en agosto de 2019. Como parte del acuerdo, se realizó una auditoría que, según el fondo, reveló pasivos ocultos y una situación peor de lo previsto, que provocó un desencuentro por el precio de la operación. De hecho, los antiguos propietarios presentaron una demanda en el juzgado para denunciar la situación.