Los niveles de récord en que se encuentra la inflación, con cifras desconocidas desde hace más de tres décadas en España, están complicando enormemente la negociación colectiva ante las discrepancias que mantienen patronal y sindicatos sobre el reparto de la factura que supone esta subida del IPC. Una situación que mantiene paralizada la renovación de numerosos convenios y que empieza a provocar una escalada de la conflictividad laboral.
Es lo que ocurre en el sector del calzado, una actividad que ocupa a más de 16.500 asalariados solo en la provincia de Alicante –principalmente en los municipios de Elche, Elda y Villena-, y en el que UGT y CC OO han convocado para este jueves varias concentraciones en diferentes puntos de España ante lo que consideran un bloqueo de la negociación del convenio estatal por parte de la patronal. En el caso de la provincia, la movilización será frente a la sede de la patronal autonómica Avecal, en Elche.
En este sentido, a pesar de los intentos de acercamiento que se han realizado, lo cierto es que los negociadores no se han vuelto a sentar a la mesa desde el pasado mes de junio, algo de lo que se responsabilizan mutuamente ambas partes.
Lo cierto es que, a priori, las posiciones no parecen demasiado alejadas. Los sindicatos reclaman un incremento salarial del 4,3% para este año; un 2,5% para 2023 y otro 2% para 2024. Por su parte, la última oferta de la patronal plantea una subida del 4% desde el 1 de julio de 2022 o del 2,5%, si se aplica desde principios de año; además se ofrece un 3% para 2023, un 2,5% en 2024 y los empresarios quieren extender el acuerdo hasta 2025, cuando se subirían los salarios otro 2% adicional.
La discusión está en qué ocurre si la inflación al final de los periodos que unos y otros plantean supera las subidas aplicadas. Los sindicatos exigen que el convenio incluya una cláusula de revisión salarial que equipare la subida final del periodo al IPC real que se haya registrado en este plazo; mientras que los empresarios sólo aceptan esta revisión final si está topada, en concreto, sólo aceptan una subida máxima adicional de dos puntos.
"Nosotros ya hacemos un sacrificio al dejar para el final esta revisión, pero lo que no pueden pretender es que sean los trabajadores los que paguen el coste de la inflación. Y aún menos en un sector donde la mayoría de los salarios son muy bajos", señala en secretario general de UGT en la Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, Ismael Senent.
Desde los sindicatos, además, creen que la actitud de la patronal del calzado se enmarca en lo que ellos consideran que es la estrategia de CEOE de bloquear la negociación colectiva, lo que permite que las empresas mantengan congelados los sueldos de los trabajadores y, por tanto, puedan contener sus gastos, claro está, a costa del bolsillo de los trabajadores.
Un bloqueo que, claro está, desde la patronal niegan y, por el contrario, responsabilizan a los sindicatos de la situación. "No se entiende el rechazo de los sindicatos a esta propuesta salarial, que incluso mejora las condiciones que recibirán los funcionarios y trabajadores públicos el año que viene", ha señalado este miércoles la presidenta de Avecal, Marián Cano, a través de un comunicado. "Creemos que es una buena propuesta, sensata y razonable, que nace con la idea de paliar el encarecimiento de los costes producidos por la elevada inflación y de mitigar la pérdida de poder adquisitivo que están viviendo los empleados del calzado debido al ascenso en los precios de consumo", insiste la portavoz empresarial.
Así, desde Avecal emplazan a los sindicatos a que continúen el proceso de la negociación. "Nosotros seguimos en la mesa de la negociación y no nos hemos levantado en ningún momento de ella desde que la iniciamos, seguimos dispuestos a negociar y estamos abiertos a ello. Queremos conseguir un pacto que beneficie a todos los empleados del calzado, pero que permita que el sector del calzado afronte la situación económica tan difícil en la que se encuentra", subraya Cano.
Por su parte, desde los sindicatos confían en que la movilización de este jueves ayude a ablandar las posiciones de los empresarios. De lo contrario, aseguran que están dispuestos a aumentar la presión y elevar el tono de las movilizaciones.
Mientras no se produzca el acuerdo, los más de 16.500 trabajadores que tiene el sector en la provincia y los más de 54.000 de toda España, según las cifras de UGT, seguirán con el salario oficialmente congelado. No obstante, también es cierto que algunas empresas han aplicado subidas a cuenta desde enero a su plantilla que, eso sí, sólo consolidarán si hay convenio.
