El Gobierno pretende ahora que el nuevo impuesto de solidaridad, para patrimonios a partir de 3 millones de euros, entre en vigor ya en 2022 de modo que a partir de junio de 2023 puedan entrar en caja los 1.500 millones de euros que Hacienda prevé recaudar de los 23.000 contribuyentes potenciales a los que alcanzará el nuevo tributo.

En repetidas ocasiones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había precisado que el nuevo impuesto iba a entrar en vigor en 2023. El 29 de septiembre cuando Montero presentó el nuevo impuesto recibió esta pregunta en la rueda de prensa: "Sobre el impuesto de grandes fortunas me gustaría saber si tendrá efecto sobre el patrimonio de 2022 o si afectaría al patrimonio a partir de 2023". Y la ministra respondió: "Su entrada en vigor será a partir de 2023". Eso implicaba gravar el patrimonio del año próximo sujeto al nuevo impuesto y recaudarlo, por primera vez, en 2024. Y es lo mismo que se afirma en una parte del Plan Presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado 15 de octubre: "En cuanto a su ámbito temporal, se prevé una vigencia de dos años, 2023 y 2024".

Sin embargo, en ese mismo documento remitido a Bruselas el Gobierno también transmite que ya en 2023 prevé ingresar 1.500 millones a partir del nuevo impuesto de solidaridad. "Y ello solo es posible si el impuesto ha entrado en vigor en 2022", tal como ha detectado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de la lectura del documento y ha explicado este martes su director de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas. El propio Ministerio de Hacienda ha confirmado después, este mismo martes, que ese es el propósito del Gobierno si, según lo previsto, el nuevo impuesto logra estar aprobado antes del 31 de diciembre de este año. De este modo, las tres nuevas figuras tributarias creadas por el Gobierno para obtener recursos con los que financiar las medidas anticrisis -sobre las grandes energéticas, las mayores entidades financieras y los patrimonios a partir de 3 millones en comunidades donde no están gravados- girarán sobre bases imponibles de 2022.

La entrada en vigor este mismo año no es baladí. Los 23.000 contribuyentes que se verán afectados proceden en principio, sobre todo, de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, donde ha sido suprimido el impuesto sobre patrimonio. Estos contribuyentes, con un patrimonio neto a partir de 3 millones de euros, aún dispondrán de dos meses, hasta que finalice el ejercicio 2022, para llevar a cabo posibles planificaciones si pretenden minimizar el impacto del nuevo tributo. El nuevo impuesto no afectará a comunidades como Catalunya, donde no solo se aplica el impuesto sobre patrimonio sino que además lo hace de una forma más gravosa que la ley estatal de origen.

Mismo esquema que patrimonio

El Gobierno prevé crear el nuevo tributo de solidaridad dentro de la nueva ley para la creación de los nuevos impuestos sobre la banca y las energéticas que ya se tramita en el Congreso de los Diputados. La idea es incorporar la nueva figura al proyecto de ley a través de una enmienda parcial y el objetivo es que el texto esté aprobado antes del 31 de diciembre. Según lo adelantado por la ministra de Hacienda, el nuevo impuesto de solidaridad será temporal, para 2023 y 2024, si bien al final del periodo se evaluará la conveniencia de mantenerlo o no. Para un patrimonio neto entre 3 y 5 millones, se aplicará un tipo fiscal del 1,7%. Entre 5 y 10 millones de patrimonio neto se aplicará un tipo del 2,1%; a partir de 10 millones, será aplicable el 3,5%. Más allá de la tarifa, el nuevo impuesto se regirá por las reglas del actual impuesto sobre patrimonio para su determinación. Así, por ejemplo, el nuevo tributo conserva la exención de la vivienda habitual hasta 300.000 euros que existe en el de patrimonio o las reglas que se aplican para las empresas familiares.

Del nuevo impuesto de solidaridad serán deducibles las cantidades abonadas por el actual impuesto sobre el patrimonio que se paga en las comunidades autónomas. Por ello, en la práctica, el nuevo impuesto supone una armonización para una tributación mínima en el impuesto sobre patrimonio: en comunidades como Catalunya, el futuro tributo no tendrá ningún efecto adicional sobre sus contribuyentes, pues el impuesto autonómico sobre el patrimonio ya es más gravoso que el nuevo; en comunidades como como Madrid y Andalucía, donde el impuesto sobre patrimonio está bonificado al 100%, pasarán a tributar, al menos en 2023 y 2024, los patrimonios a partir de tres millones de euros. Además, si Madrid y Andalucía conservan la bonificación al 100% todo lo que se recaude por el nuevo tributo irá a las arcas del Estado y no se quedará en la comunidad autónoma. Desde ambas comunidades ya se ha anunciado que cuando se apruebe el nuevo impuesto estudiarán la posibilidad de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional pues ambos gobiernos regionales interpretan que la iniciativa de Hacienda atenta contra su autonomía financiera.