El tirón del sector inmobiliario y la recuperación del turismo internacional permitieron que, tras el bache de la pandemia, la provincia registrara el pasado verano su récord histórico de ocupación. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), hasta 812.000 alicantinos tenían trabajo en el tercer trimestre del año, la mayor cifra desde que se elabora este estudio. Sin embargo, ese dato revela también otra realidad y es que la reactivación económica ha supuesto también el regreso de las importantes bolsas de economía irregular que han existido tradicionalmente en la provincia, que se habían visto notablemente reducidas con el confinamiento y la caída de facturación de muchos sectores estacionales.
Si se cruzan los datos de la EPA con la cifra de afiliados medios a la Seguridad Social del pasado mes de septiembre –casi 706.000-, el resultado es que en la provincia había más de 107.000 trabajadores que aseguraban tener empleo, pero que no estaban dados de alta. Es decir, que trabajaban de forma irregular. Esto supone que alrededor del 13% del empleo de la zona está sumergido.
Aunque al tratarse de fuentes distintas no puede tomarse la cifra al pie de la letra –al ser una encuesta la EPA tiene cierto margen de error y también influye el momento de toma de datos- los expertos coinciden en que supone un indicador bastante aproximado del peso de la economía irregular en la zona.
Tradicionalmente, este volumen de empleo irregular había oscilado entre las 100.000 y las 130.000 personas a lo largo del año –siempre crecía en verano-, a pesar de los esfuerzos de la Administración y los sindicatos por combatir esta lacra. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia la cifra descendió rápidamente desde los 112.000 ocupados en la economía informal que reflejaba la EPA del primer trimestre de 2020, hasta poco más de 69.000 en el segundo trimestre, cuando se produjo el confinamiento.
En los siguientes trimestres el volumen de trabajadores sin dar de alta se mantuvo inusualmente bajo, moviéndose en cifras de entre 65.000 y 85.000 personas, hasta que con el arranque de 2022 la situación sanitaria se normalizó definitivamente, lo que supuso también la "normalización" de la actividad irregular. Así, la diferencia entre la EPA y la afiliación a la Seguridad Social volvió a superar las 100.000 personas en el primer trimestre de este año, y alcanzó los 107.000 a lo largo del tercero.
La punta del iceberg
La existencia de importantes sectores estacionales, vinculados al turismo o la agricultura; las bolsas de empleo irregular que persisten en industrias tradicionales, como el calzado, junto con un sector empresarial muy atomizado y, por tanto, difícil de controlar son algunos de los factores que explican este importante peso del empleo sumergido en Alicante, según apuntan los sindicatos, que no obstante, señalan que los trabajadores sin dar de alta son solo una parte del problema.
"La realidad es aún peor, porque a esto hay que añadir los que están contratados por media jornada y luego trabajan otra media en 'B' o sin cobrar, o los que tienen contratos de categorías inferiores a las tareas que realmente realizan", apunta el responsable de Empleo de CC OO en l'Alancantí-les Marines, José María Ruiz Olmos. "Los tentáculos de la economía sumergida en Alicante son muy largos y abarcan muchas más actividades de las que parece", señala, también, la secretaria general de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, que destaca la falta de medios de la Inspección de Trabajo, aunque también reconoce que el problema no se erradicará si no hay una importante labor de concienciación.
Por su parte, el catedrático del departamento de Economía Aplicada de la UA y experto en el mercado laboral Hipólito Simón apunta que las dificultades que tuvieron estos trabajadores para acceder a las medidas de protección articuladas por el Gobierno durante la pandemia fueron otro de los factores que redujeron el empleo irregular con el covid. "Aunque no conozco ningún estudio al respecto, existe la impresión de que en el contexto de la pandemia existían menos incentivos para el empleo irregular, dado que el mismo dificultaba el acceso a las ayudas públicas extraordinarias, tanto para los asalariados (ERTEs) como para los autónomos (pago por cese de actividad), lo que es coherente con la caída de la diferencia de empleo de ambas fuentes (EPA y afiliación a la Seguridad Social) en la provincia", asegura.
En cuanto a las consecuencias de este elevado peso de la economía sumergida en la provincia, la catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la UA y Premio Rei Jaume I, Carmen Herrero, señala que el empleo irregular contribuye a perpetuar y aumentar la desigualdad y la pobreza, al mermar la protección social de los afectados, pero también al reducir los recursos del Estado. "La mejor forma de ser solidarios es pagar todos los impuestos que te toquen, porque el Estado tiene que recaudar para poder redistribuir a través de los servicios públicos y las ayudas sociales", señala la experta, que recuerda que los shocks provocados por la pandemia y ahora por la inflación están contribuyendo a aumentar la brecha y a deslizar a una parte de la clase media hacia la pobreza.
