ITVs ¿un cambio a peor?

La provincia de Alicante sería la más perjudicada en el cambio de modelo de gestión de las ITV en la Comunidad Valenciana a partir de 2023. «Poblaciones como Santa Pola, Calp, Orihuela, Elda, Redován, Monóvar o Pilar de la Horadada se van a quedar sin servicio lo que supone que se quedarían sin atender unas 100.000 inspecciones. Pero además, no se prevé construir estaciones nuevas en Alicante, concretamente solo se ha anunciado la construcción de cuatro centros en Valencia y Castellón», indicó Francisco Llopis, portavoz de AECOVA-ITV.

Los representantes de las empresas que gestionan las ITV ven «inviable» la reversión pública de este servicio con tan poco margen de tiempo. En el debate, «La situación de las ITV en la Comunidad Valenciana ante el cambio de gestión anunciada por el Botànic», se abordaron las principales preocupaciones ante esta decisión de la Generalitat. «No se puede hacer este cambio de manera tan precipitada porque finalmente va a repercutir en el usuario, en los talleres y en los trabajadores», destacó el portavoz de AECOVA-ITV.

En el encuentro, los representantes del sector indicaron que esta decisión lleva también consigo asumir la construcción de instalaciones nuevas, modernizarlas, heredar la nómina de 1.200 trabajadores y destinar dinero público para este servicio. «Se trata de hacer un cambio tan drástico en un mes y no hay mucho planificado. Nos preocupa perder la calidad del servicio y el absentismo, las personas que no pasan la inspección técnica del vehículo, porque estamos hablando de seguridad vial y medio ambiente», resaltó Alejandro Pastor, presidente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

Desde ATAYAPA, Alejandro Rico, miembro de la junta directiva, subrayó que la solución no es reducir estaciones, «el objetivo es reducir los tiempos de espera y evitar el colapso que ya tenemos, reducir estaciones es inviable si ya tenemos dificultades el colapso será mucho mayor».

En este sentido, el moderador de la jornada, Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, puso sobre la mesa diversas cuestiones como las alternativas que existen, la situación de los trabajadores, si se van a perder estaciones en algunas zonas de la provincia o si es posible aprovechar el tiempo de prórroga para hacer un convenio colectivo.

En el caso de la Comunidad Valenciana son siete empresas concesionarias distintas las que están prestando el servicio, por tanto, son siete maneras diferentes de gestionarse. Estas empresas se agruparán en una nueva empresa pública, con lo cual la situación de los trabajadores también es preocupante, según señaló Alejandro Pastor, «les han prometido que todos iban a ganar lo mismo, que se equipararían los salarios, unas condiciones que son poco creíbles. El convenio de referencia es el del metal, elaborar un convenio colectivo llevaría tiempo y no se podría realizar en tan solo dos meses. Los trabajadores tuvieron una asamblea el pasado domingo y han decidido que si no se negocian las nuevas condiciones laborales antes de la reversión pública a partir del día 2 de enero irán a la huelga».

1.200 personas trabajan en las plantas de ITV que se encuentran en la Comunidad Valenciana cada una de ellas están acogidas a ocho convenios distintos, por lo que, según AECOVA, habrá algunos trabajadores que perderán condiciones.

«Hemos pedido 6 meses de prórroga, estamos abiertos a dar el testigo de la mejor forma posible pero necesitamos un tiempo de ir intercambiando información, un cronograma que a día de hoy no tenemos. Queremos un cambio de manos tranquilo, hay 1.2000 familias en juego y un parque que realiza 2 millones de inspecciones», recalcó Francisco Llopis.

Un modelo de gestión referente

Durante la jornada se hizo hincapié en el buen servicio del modelo de gestión indirecta de las ITV de la Comunidad Valenciana «pienso que hemos sabido reaccionar en momentos complicados como ha sido la pandemia y hemos puesto los recursos necesarios. Estamos haciendo un servicio de calidad y homologable», expresó el portavoz de la patronal. Asimismo, se incidió en que este cambio de modelo es peligroso de cara al usuario y se prevé que el servicio empeoré, «entendemos que es un modelo que se puede prestar pero no es el más usado en el resto de comunidades por toda la problemática que conlleva. El mejor modelo no es la prestación directa por la administración», sostuvo el presidente de AECA-ITV.

En lo que se refiere a los profesionales, para agilizar el servicio desde ATAYAPA se tomó la iniciativa de crear una línea específica de ITV, «el objetivo era reducir los tiempos de espera de los profesionales, no sabemos cuál va a ser la solución que van a adoptar con el nuevo modelo para garantizar la fluidez para los profesionales», destacó Alejandro Rico.

Por otra parte, las empresas que gestionan las ITV de la Comunidad Valenciana expusieron que la Generalitat espera ganar 16 millones de euros al año con la gestión directa, «yo creo que la Generalitat no ha hecho números porque habló de que ganaría 39 millones de euros, ahora hablan de 16 millones. Pero, con el modelo actual la Generalitat está ingresando alrededor de 22 millones de euros», explicaron desde la asociación AECOVA.

La Comunidad Valenciana, pionera en la prueba de contaminación acústica

En el encuentro celebrado este lunes, organizado por el Club INFORMACIÓN y Levante EMV, las empresas que gestionan las ITV de la Comunidad Valenciana incidieron en la importancia de la prueba de contaminación acústica.

«Comunidad Valenciana es pionera en este test. Desde Conselleria han indicado que van a eliminar la prueba, quitarían así tiempo de inspección y esto llevaría también a ajustar las plantillas de personal. Pero en un año o dos la prueba de contaminación acústica se implantará en el resto de España, con lo cual eliminarla ahora no tiene mucho sentido», destacó Alejandro Pastor, presidente de AECA-ITV.

Al suprimir esta prueba, la tarifa de las ITV se abarataría. Sin embargo, desde AECOVA destacan que esta prueba garantiza la calidad de las inspecciones técnicas de los vehículos. «En el caso de la Comunidad Valenciana la prueba de comprobación sonora viene legislada por la ley de contaminación acústica, es una prueba para cuidar del medio ambiente. Además, es algo que en los próximos años Europa va a empezar a exigir a todos los países miembros», remarcó Francisco Llopis.

En esta línea, en la jornada se puso sobre la mesa que la Generalitat Valenciana en su proyecto de funcionamiento lo primero que propone es una auditoría del personal «lógicamente, si quitan alguna prueba va a conllevar una reestructuración de la plantilla. La Generalitat necesitaría más de nuestra colaboración ya que somos los que mejor conocemos cómo funcionan las inspecciones técnicas de vehículos», manifestó el portavoz de la asociación.