La economía valenciana tiene un problema de productividad, que provoca que las empresas de la zona generen menos riqueza por ocupado que las del resto del país e impide que se cierre la importante brecha en la renta per cápita que separa a la autonomía del conjunto de España. Al contrario, si se compara con la situación que existía en 2007 la distancia ha aumentado y la Comunidad Valenciana ha perdido dos puestos en el ránking español de riqueza por habitante.
Así se ha puesto de manifiesto durante la nueva jornada del V Congreso de Economía Valenciana que la Generalitat y los agentes sociales (CC OO, UGT y la patronal CEV) han organizado este lunes y martes, en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), y que, en esta ocasión se ha centrado en analizar la evolución de los últimos 15 años. Un evento que han inaugurado la directora general de Análisis y Políticas Públicas de la Administración valenciana, Ana Berenguer, y el director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez.
En este contexto, el director adjunto del organismo investigador, Joaquín Maudos, ha presentado el informe Situación y retos de la economía valenciana, que destaca la baja productividad como el principal lastre para el avance de la Comunidad y el origen de la pérdida de posiciones relativa en el conjunto del estado español. El informe señala, por ejemplo, que, tras afrontar tres crisis consecutivas –la crisis financiera de 2007-2008, el covid y la provocada por la guerra en Ucrania- el PIB de la autonomía se sitúa actualmente 5,3 puntos por debajo del que registraba en 2007, si se tiene en cuenta la evolución a euros constantes, es decir, descontada la inflación. Una cifra bastante peor que la nacional, donde el nivel de riqueza también es inferior a la de esa fecha, pero sólo un 3,7%.
El resultado de este crecimiento dispar es que, si hace 15 años la autonomía tenía una renta per cápita un 10% inferior a la española, en la actualidad la brecha se sitúa en el 12% y la Comunidad ha pasado del puesto 10 al 12 en la lista de autonomías en PIB por habitante.
Según expone el documento, el motivo que explica este aumento de la diferencia es la productividad. Y es que, de media, la economía valenciana genera un 5% menos riqueza por ocupado que la del conjunto del país, una diferencia que aún es mayor en el caso del sector privado, donde la brecha alcanza el 6,5%. Igualmente, la productividad del capital también es un 7%.
El documento señala, además, que se trata de un problema generalizado, ya que de los 60 sectores productivos en que puede dividirse la actividad económica, la Comunidad Valenciana sólo presenta un mejor desempeño en 11 de ellos. Unos sectores que apenas aportan el 14,8% de todo el VAB.
Por si esta falta generalizada de eficacia no fuera suficiente, la economía valenciana está especializada en los sectores que generan menor valor añadido por ocupado –como el comercio, industrias tradicionales como el calzado o la restauración-, mientras que aquellos sectores más productivos, como las telecomunicaciones o el sector farmacéutico, tienen menos peso.
Poco formados
Esto se traduce en un uso menos intensivo del capital humano, medido como el nivel de formación del que disponen sus trabajadores. Así, el porcentaje de universitarios sobre el total de ocupados se sitúa en el 31%, frente al 43,2% de Madrid o el 39,3% del País Vasco, las autonomías más productivas.
A todo lo anterior hay que sumar la menor inversión que realizan las empresas en activos intangibles –en los que se encuadra la innovación o la propiedad intelectual-. Que sólo alcanza el 6,2% del PIB frente a la media del 7,1% o el 11,1% de Madrid.
Por último, también influye el menor tamaño de las compañías de la zona. Así, sólo el 12,3% de los valencianos trabaja en grandes empresas –las que tienen el mayor índice de productividad-, frente al 16,6% de la media nacional o el 25,6% de la capital española.
Para rematar la situación, tampoco el sector público contribuye a atenuar estas diferencias, como debería ocurrir. La infrafinanciación provoca que la Generalitat disponga de menos recursos para apoyar la actividad económica y la menor dotación de infraestructuras sitúa el stock de capital público un 17% por debajo de la media.
En el mismo sentido, el volumen de empleo público también es inferior al registrado en la mayoría de autonomías. En concreto, la cifra de empleados públicos en relación a la población es un 6% inferior y, además, presenta un alto índice de envejecimiento: el 40% de los que trabajan para la Generalitat tiene más de 54 años.
Frente a esta situación, desde el Ivie abogan por redirigir mayores cantidades de inversión hacia activos intangibles; profesionalizar la gestión de las empresas para impulsar la innovación y la internacionalización; incorporar recursos humanos cualificados y permanentes a las plantillas; promover la transformación digital de las organizaciones; y difundir e imitar las mejores prácticas de las empresas.
En el caso del sector público, considera necesario mejorar la financiación autonómica y elevar el nivel de las infraestructuras; controlar la sostenibilidad financiera del gasto público; rejuvenecer y renovar los perfiles del empleo público; y evaluar regularmente las políticas públicas.
