Pesca y ecologismo: ¿quién financia los lobbies en la UE?

10 de agosto de 1982. Seis tripulantes del emblemático buque 'Sirius', de Greenpeace, se encadenaban a unas plataformas del carguero 'Gem', dispuesto para arrojar al mar unos 4.000 bidones con residuos radiactivos a 700 kilómetros de Fisterra. No era la primera vez que se llevaba a cabo una acción para impedir un vertido de este tipo frente a las costas gallegas –se había producido otra en septiembre del año anterior, con el palangrero 'Xurelo' al frente–, pero la labor de denuncia y concienciación de esta ONG fue determinante para poner fin a unas prácticas que habían convertido la Fosa Atlántica en un cementerio nuclear desde los años cincuenta. Aquella sincronía entre el 'Sirius' y el 'Xurelo' –el pesquero se lanzó a la mar con el mismo propósito, pero porque el buque de Greenpeace se había averiado– es difícil de imaginar ahora, sobre todo después de que la misma organización hubiese asaltado a dos palangreros gallegos este verano por faenar tiburón y pez espada (con licencia). La convivencia es compleja, pero constante, y tanto entidades medioambientalistas como patronales participan a diario de los 'pasillos' de la Comisión Europea, donde se legisla en materia pesquera para toda la UE. ¿Quién financia sus actividades y cuánto dinero reciben? Las ONG –sirva como 'spoiler'– llevan mucha ventaja.

Como expone el Parlamento Europeo, el 'Registro de Transparencia' es una base de datos en línea en la que figuran los grupos y organizaciones que intentan influir en la formulación o aplicación de las políticas y la legislación de la UE. Es decir, donde se anotan los 'lobbies'. El objetivo de esta base de datos es, entre otras cuestiones, difundir públicamente con quién se reúnen, por qué y quién paga su actividad. En el caso de Greenpeace, por ejemplo, su actividad es ingente: ha participado, por ejemplo, en la iniciativa para reservar el 30% de las aguas comunitarias como zonas protegidas para el año 2030. Según este registro oficial, dispone de un presupuesto anual de 1,84 millones de euros, sufragado por aportaciones de donantes regulares. Cero euros de la Comisión Europea; no es lo habitual.

Oceana es una de las organizaciones cuyas actividades en defensa del medio ambiente son más prolíficas y mediáticas. Dispone de un presupuesto superior a los tres millones de euros, como apunta su registro, aunque correspondiente al ejercicio 2020. Casi la mitad de ese importe procedió de ayudas de la Comisión Europea: 1,4 millones. Esta ONG, como publicó Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, ha solicitado la prohibición del arrastre de fondo en todas las áreas consideradas sensibles o vulnerables, así como la exención fiscal a los carburantes que hace viable, a día de hoy, la actividad extractiva en alta mar. La aportación en subvenciones de la UE a Stichting BirdLife Europe, que también envió una opinión sobre el proceso de descarbonización de la flota, alcanzó en 2021 los 481.887 euros, procedentes de programa LIFE. Dispuso de un presupuesto de 3,87 millones de euros, con ingresos cuantiosos de otras organizaciones no gubernamentales o empresas. Cuenta con el respaldo de la cementera HeidelbergCement, la fundación MAVA (fundada por el filántropo Hans Lukas Luc Hoffmann) o la de David y Lucile Packard.

El rastro Damanaki

Damanaki es miembro del consejo de Global Fishing Watch

Existen organizaciones de este tipo cuyo principal aporte financiero proviene de las arcas de la Comisión. Es el caso, por ejemplo, de la North Sea Advisory Council, con sede en la ciudad de Zoetermeer (Países Bajos). Centrada en “preparar y brindar asesoramiento sobre la gestión de las pesquerías del Mar del Norte en nombre de las partes interesadas para lograr los objetivos de la PPC”, reconoce que “hasta el 90% de las operaciones están cubiertas por subvenciones” de Bruselas. Para este año ha ingresado unos 240.000 euros en subsidios. Una cantidad mucho más modesta que los 1,65 millones percibidos por la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves o los 322.500 euros de la Associação Natureza Portugal. Eso sí, por encima de los 26.220 euros repartidos a The Shark Trust (activistas contra la pesca de tiburones), y Världsnaturfonden WWF (189.800 euros). Ecologistas en Acción, Generation Climate Europe, Our Fish, Bloom Association o Blue Marine Foundation (respaldada por Barclays) no han ingresado ayudas públicas.

¿Y en el sector privado? La comparación es complicada. Frente a ayudas dispensadas a más de una docena de ONG vinculadas con acciones legislativas de la pesca, y por 9,7 millones de euros, constan dos entidades vinculadas al sector extractivo. No como 'lobbistas', sino como beneficiarios de fondos de la Comisión. La primera es la patronal europea de armadoras Europêche, cuya representación a efectos de este registro está en manos del vigués Daniel Voces. En el ejercicio 2020 percibió 21.804 euros del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (EMFF, por sus siglas en inglés); el pasado ejercicio ingresó otros 18.288 por el programa Erasmus+. La otra organización patronal francesa Federation of European Aquaculture Producers, que ingresó 72.000 euros de un “proyecto europeo). Su presupuesto anual es de 350.000 euros.

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