IFA comenzará su nueva andadura como empresa pública en enero de 2023

Ël pasado 2 de diciembre se constituyó formalmente la nueva mercantil que se encargará de gestionar el recinto ferial

Las instalaciones de IFA.

Las instalaciones de IFA. / Sergio Ferrández

David Navarro

David Navarro

La Institución Ferial Alicantina (IFA) empezará a operar como empresa pública a principios el próximo mes de enero, después de que el pasado 2 de diciembre se constituyera formalmente la nueva mercantil responsable del recinto, que se denominará Societat Valenciana Fira Alacant SA. Se trata del último paso que quedaba para completar el rescate de las instalaciones y garantizar su viabilidad a futuro, tras los problemas que atravesó por la deuda que acumulaba por el fallido proyecto de su ampliación.

Así lo han comunicado este martes desde la propia IFA, que recuerdan que la nueva sociedad estará adscrita a la Conselleria de Economía Sostenible, se regirá por el ordenamiento jurídico privado, una legislación específica y por lo que contemplan sus propios estatutos. Además, a partir de enero el actual patronato que ejerce de órgano de gobierno máximo de la institución dará paso a una nueva organización, que incluirá una junta general, una dirección general y un consejo de administración, que estará presidido por el conseller Rafael Climent.

Como recuerdan las mismas fuentes, Fira Alacant tendrá como objeto promocionar, programar, crear, controlar y coordinar las ferias comerciales autorizadas y declaradas internacionales, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, así como las ferias comerciales oficiales, de carácter local, provincial, autonómico o nacional.

Una imagen de la Institución Ferial Alicantina.

Una imagen de la Institución Ferial Alicantina. / Información

Con este último trámite, la Generalitat completa el proceso de rescate de la feria, que inició en julio de 2017, cuando las deudas pusieron al borde de la desaparición a la institución. Para entonces, IFA debía 76 millones de euros, principalmente por el coste del proyecto de ampliación que se puso en marcha bajo con el anterior Ejecutivo autonómico y que nunca llegó a completarse.

Un agujero al que se le sumaron los embargos que llegó a decretar Suma por el impago del IBI o la sentencia que condenó a la feria a abonar 1,8 millones de euros al arquitecto responsable del proyecto de ampliación.

Ante esta situación, la Generalitat asumió la deuda –al igual que también hizo con los 474 millones de euros que también debía Feria Valencia- y se quedó con la titularidad de los bienes de la institución.

Posteriormente aprobó la creación de una empresa pública, con el propio Consell como accionista único, para gestionar el recinto y mantener su actividad.

Por su parte, los terrenos de la ampliación se han incorporado a la órbita de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) para la creación de un polo de empresas innovadoras, donde, por ejemplo, se quiere instalar la nueva fábrica de cohetes espaciales de la ilicitana PLD Space. Además, también está previsto que se ubique en esta zona en centro de estudios del envejecimiento.