La Sindicatura de Comptes cuestiona casi 2.300 de las subvenciones concedidas por Labora por el covid

La Sindicatura de Comptes pone en cuestión la concesión de cerca de 2.300 de las 43.000 ayudas por el covid que concedió Labora el año pasado a empresas y autónomos de la Comunidad Valenciana y aconseja revisarlos para asegurarse de que se han cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria. Así lo asegura el órgano fiscalizador en el informe de auditoría que ha realizado sobre las subvenciones concedidas el año pasado por el servicio público de empleo y formación de la Comunidad Valenciana–el antiguo Servef-, en el que también pone de manifiesto la ausencia de control sobre esta actividad por parte de la Intervención General de la Generalitat o la falta de definición de los criterios para la aprobación de las ayudas que, a su juicio, se producen en determinados programas.

Unas críticas que rechazan desde Labora, donde aseguran que ya se han revisado los expedientes y que sólo se han hallado errores reales en 52 de ellos.

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Las críticas de la Sindicatura se refieren a las ayudas que convocó Labora dentro de las medidas para combatir las consecuencias del covid y que iban destinadas especialmente a los sectores que se vieron más perjudicados por las restricciones impuestas para frenar la pandemia, como la hostelería, los hoteles, las agencias de viaje y otras actividades artísticas y de ocio, por lo que su concesión se limitó a determinados CNAE (los códigos que reflejan la actividad en la que se da de alta una empresa o autónomo). En total se aprobaron 43.152 subvenciones, que sumaron 50,6 millones de euros.

Sin embargo, el cruce de datos realizado por la Sindicatura reveló que hasta 2.289 beneficiarios por un importe de 1.376.700 habrían recibido la ayuda sin corresponderle o por un importe superior al que le tocaba. El motivo es que estas subvenciones se pidieron mediante una declaración responsable de los peticionarios y luego la Administración autonómica debía comprobar la veracidad de los datos con la información que les remitiera la Seguridad Social y, en estos casos, o bien el CNAE no correspondía con uno de los subvencionables, o bien no constaba.

Tras recibir la comunicación de la Sindicatura –que se produce antes de la publicación del informe-, desde Labora aseguran que se revisaron estos expedientes y que sólo se han encontrado errores reales en 52 casos, que se han procedido a corregir, según afirma la directora de Planificación y Servicios de este organismo, Eva Hernández. Tal y como también se señaló en las alegaciones que presentaron a la Sindicatura, Hernández apunta que se tuvieron en cuenta tres criterios para comprobar que estos autónomos y empresas podían ser beneficiarios de las ayudas. Por un lado, se procedió a comprobar el IAE del peticionario y si este coincidía con un CNAE asimilable a alguno de los contemplados en la convocatoria. Por otro lado, en aquellos casos en los que el domicilio fiscal estaba fuera de la autonomía, se comprobó si existían trabajadores contratados en la Comunidad. Y, por último, se consideró subvencionables aquellos casos en los que, aunque el CNAE de la empresa o autónomo no coincidiera con ninguno de los de la lista, el CNAE en que estaban inscritos sus empleados –que puede ser diferente- sí formara parte de las actividades que podía recibir la ayuda.

Sin embargo, desde la Sindicatura consideran que el único criterio que sería válido sería este último, ya que los dos primeros, "aunque se consideran razonables, no estaban expresamente previstos en el decreto regulador de las subvenciones", según se recoge en el informe. Por ello, mantienen su recomendación de revisar los expedientes. Además, también señalan la existencia de 104 casos de autónomos que ni siquiera estaban dado de alta en la Seguridad Social como tales.

Falta de control

Más allá de esta convocatoria, el informe señala lo que considera otros "incumplimientos significativos" en la gestión de las subvenciones por parte de Labora, empezando por el hecho de que la Intervención General de la Generalitat no ha ejercido el control financiero de esta actividad, tal y como le correspondería, algo en realidad achacable al departamento autonómico de Hacienda.

Por otro lado, asegura que el servicio de empleo no ha remitido la información relativa a los convenios superiores a los 600.000 euros ni ha enviado una relación certificada relativa al conjunto de convenios suscritos el año pasado. Un incumplimiento que desde Labora no consideran como tal, ya que la orden para registrar estos convenios en el sistema informático que pide Sindicatura es de 20 de diciembre de 2021, por lo que consideran que es a partir de 2022 cuando deben inscribirse. Además, aseguran que toda la información ya se manda al registro de convenios de la Generalitat, donde puede consultarse.

En otro orden de cosas, la Sindicatura también considera que los criterios de valoración para la concesión de ayudas de "formación a medida" –una subvenciones que se dan para que las empresas puedan formar a desempleados según sus necesidades, con el compromiso de contratarlos posteriormente- no están "claramente definidos". Una carencia que, de nuevo rechazan desde Labora y achacan las reticencias del fiscalizador a las características especiales y complejidad de este tipo de subvención.

Por último, el informe también considera un incumplimiento que en la convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de Talleres de Empleo no se incluyera una lista de reserva "debidamente ordenada para aquellas solicitudes que en un principio fueran valoradas positivamente y que no pudieran ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria en ese momento y que lo fueron posteriormente, como consecuencia de una mayor dotación presupuestaria o renuncias a subvenciones concedidas". Al respecto, la directora de Planificación y Servicios de Labora señala que en principio no había previsto mayor dotación y que se amplió posteriormente, con lo que se consiguió atender todas las peticiones, por lo que no se rechazó ninguna y la lista no fue necesaria.