El Estado gestionará otros diez años la circunvalación de Alicante y congela los peajes

El Estado seguirá gestionando la autopista de circunvalación de Alicante, la AP-7, durante otros diez años y además congelará sus tarifas para el próximo ejercicio "ante la situación económica actual". De esta forma, el Gobierno descarta sacar de nuevo a licitación esta vía, que tuvo que asumir en el año 2018, junto con otras ocho autopistas, tras la quiebra de sus respectivas concesionarias privadas.

En concreto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a la renovación del convenio que la Administración General del Estado mantiene con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) para la gestión de estas carreteras. Una renovación que será por diez años, lo que supone que la circunvalación seguirá en manos públicas hasta 2032.  

El nuevo convenio para la gestión de las autopistas rescatadas también permitirá a Seitt completar las inversiones pendientes y optimizar su organización y gestión. Así, en el conjunto de estas vías se prevén actuaciones de reforma, modernización, reposición, adecuación de túneles, iluminación, ampliación de capacidad, construcción de enlaces, ramales o nudos exigibles para mantener la infraestructura en óptimas condiciones de vialidad y circulación, y todas aquellas actuaciones de digitalización y sostenibilidad para incorporar a la carretera los avances técnicos existentes y conseguir una movilidad segura, sostenible y conectada, según la información remitida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Unas actuaciones que se financiarán mediante el cobro de los peajes a los usuarios y las aportaciones de capital del Ministerio de hasta un máximo 128 millones de euros entre 2023 y 2025, para acelerar su ejecución y cubrir el déficit que se genera en dichos años.

Además de la circunvalación de Alicante, la Seitt gestiona las radiales R-2 de Madrid a Guadalajara, la R-3 de Madrid a Arganda del Rey, la R-4 de Madrid a Ocaña, la R-5 de Madrid a Navalcarnero, la M-12 Eje Aeropuerto, la AP-41 de Madrid a Toledo, la AP-36 de Ocaña a La Roda y la AP-7 de Cartagena a Vera.

Congelación de tarifas

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también la congelación de los peajes que se aplican a estas vías, "dada la situación económica actual". De esta forma, los precios de estas autopistas se mantienen invariables desde que las asumió el estado en 2018. Además, el nuevo convenio de gestión permitirá la aplicación de bonificaciones por motivos medioambientales o para mejorar el nivel de servicio.

La autopista de circunvalación de Alicante entró en funcionamiento en diciembre de 2007 con el objetivo de reducir la saturación que sufría a diario la A-70 a su paso por la capital de la provincia. La ganadora de la concesión fue la mercantil Ciralsa, una sociedad conjunta que formaron ACS, Abertis y Globalvía.

 El problema fue que su inauguración, en diciembre de 2007, coincidió con el inicio de la crisis económica, lo que provocó que nunca se cumplieran las previsiones económicas con las que se construyó, al igual que ocurrió con la mayoría de autopistas de segunda generación que se pusieron en marcha en la misma época. Su mayor volumen de tráfico se registró en 2008, cuando llegó a contar con una intensidad media diaria de casi 10.000 vehículos.

Sin embargo, estas cifras se redujeron paulatinamente a raíz del estallido de la crisis económica, hasta que en 2014 tocó fondo, con apenas 5.303 vehículos diarios. A partir de esa fecha, el volumen de tráfico de la vía empezó a remontar, hasta que la llegada de la pandemia volvió a hundirlo a sólo 4.966 vehículos diarios en 2020. El año pasado recuperó buena parte del tráfico perdido con el coronavirus, hasta situarse en 6.421 usuarios por jornada.

Así, apenas cinco años después de su apertura, la compañía solicitó el concurso de acreedores y en 2018 el entonces Ministerio de Fomento acabó recuperando la titularidad de la vía, que integró en la empresa pública Seitt.

Rescate de 300 millones

El paso de la carretera a manos del Estado obligará a indemnizar a la constructora de la autopista por la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración, es decir, el valor de la infraestructura existente. En el caso de Ciralsa, el último cálculo realizado por el Ministerio de Transporte el pasado junio cifra en 302,7 millones la cantidad que deberá abonarse por este motivo.

En concreto, el departamento que dirige Raquel Sánchez estima una RPA por las obras realizadas y no amortizadas de 276,6 millones, además de otros 74,1 millones por las expropiaciones, lo que daría un total de más de 350 millones. Sin embargo, de esa cantidad hay que descontar el valor de las inversiones necesarias para obtener la "perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad", unos trabajos que cifra en 18 millones; así con las indemnizaciones ya pagadas a los expropiados por la propia Administración, que suman otros 15,6 millones. Igualmente, el ministerio calcula que hay que retener otros 14,4 millones para hacer frente a posibles pagos pendientes de los que deba hacerse cargo el Estado por estas expropiaciones.