Las ITV de la Comunidad anuncian un ERE para 300 trabajadores por la supresión de las pruebas de ruido en turismos

El sector afirma que la medida, adoptada para abaratar el precio de las inspecciones, se ha tomado de forma unilateral y a escondidas

Las instalaciones de la ITV de Redován.

Las instalaciones de la ITV de Redován. / Tony Sevilla

M. Vilaplana

M. Vilaplana

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) ha anunciado el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 300 trabajadores, como consecuencia de la decisión de la Conselleria de Economía de suprimir a partir del 1 de enero la prueba de ruido para los turismos. El sector afirma que la medida, adoptada para abaratar el precio de las inspecciones, se ha tomado de forma "unilateral y a escondidas".

La supresión de la prueba de ruido, que tiene un coste de 11,25 euros, es una de las enmiendas conjuntas que presentó el Gobierno del Botànic a la ley de acompañamiento de medidas fiscales, que ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV). El objetivo es reducir el precio de las inspecciones, sobre la base de que esta prueba solo se realiza en la Comunidad y convertía a las ITV valencianas en unas de las más caras del país.

Pues bien, la decisión ha sido duramente criticada desde Aecova, que ha lamentado  “la improvisación y mala fe del conseller Climent al modificar una ley sin avisar, sin tener la decencia política de comunicárselo a las todavía empresas concesionarias hasta el próximo mes de marzo de 2023”. Asimismo, añade, “esta falta de seriedad y de planificación modifica, en el último momento y sin previo aviso, las premisas sobre las que la Conselleria de Economía concedió a las empresas la prórroga”. 

Aecova también ha denunciado “la incongruencia que significa respecto a lo manifestado por el conseller a las empresas, desdiciéndose de la palabra dada y de las últimas noticias publicadas por los medios de comunicación”. Algo que “parece tratarse de una acción premeditada con la que se desafía a la eficiencia de gestión y al principio de proporcionalidad”.

Por lo tanto, de no deberse a un error de planificación, “fruto de la ignorancia acerca del funcionamiento de las ITV y de la improvisación”, la entidad informa de que el anuncio “obliga a las concesionarias a iniciar, desde el mismo lunes 2 de enero y por causas objetivas, las conversaciones con los sindicatos y los delegados de personal para la extinción de los contratos afectados por la decisión del conseller”.

Aecova ha hecho una primera valoración del impacto que tendrá el anuncio publicado hoy en el DOGV. Según estima, un 20% de la plantilla actual de las ITV en la Comunidad Valenciana se verá afectada (unos 300 trabajadores) y un 90% de las inspecciones técnicas de vehículos. Por otro lado, la eliminación de esta prueba, añade, significa también un nuevo desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada en las premisas por las que se les concedía la prórroga a las concesionarias. Por último, destaca, los propios presupuestos de la empresa pública quedan desfasados y superados.