Las ITV alertan de que la reversión dejará en el aire 400.000 inspecciones en la provincia

Las concesionarias avisan de la desaparición de las estaciones de Calp, Santa Pola, El Campello, Novelda, Elda y Pilar de la Horadada y los problemas para mantener Redován y Orihuela, mientras que el Consell busca fórmulas para asegurar el servicio

Vehículos esperando su turno ante la ITV de Redován, una de las que presenta dificultades para la reversión.

Vehículos esperando su turno ante la ITV de Redován, una de las que presenta dificultades para la reversión. / TONY SEVILLA

M. Vilaplana

M. Vilaplana

La reversión del servicio que prestan las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana amenaza con generar un problema de considerables dimensiones a los usuarios. Así al menos lo denuncia la asociación que aglutina a las concesionarias, que alerta de que nada menos que 400.000 inspecciones anuales se encuentran en estos momentos en el aire en la provincia de Alicante debido a la desaparición de las estaciones móviles de Calp, Santa Pola, El Campello, Novelda, Elda-Petrer y Pilar de la Horadada, y las complicaciones legales para mantener operativas las ubicadas en Redován y Orihuela. El Consell, por su parte, afirma que está buscando diferentes fórmulas para asegurar el servicio en estos municipios, bien sustituyendo las estaciones o llegando a acuerdos que permitan una subcontratación transitoria.

La Conselleria de Economía está ultimando los trámites para asumir la gestión de las ITV de la Comunidad Valenciana. La reversión se tenía que haber hecho efectiva el pasado 1 de enero, aunque finalmente, y a instancias de una reclamación de las propias concesionarias, el contrato se amplió para compensar el tiempo que las estaciones permanecieron inactivas a raíz de las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Así las cosas, está previsto que Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinarós y Xàtiva finalicen el contrato el 24 de febrero, mientras que Alicante, Alzira. Castellón, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Ribarroja del Túria, Sagunto, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart y Villarreal lo hagan el 3 de marzo.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV), sin embargo, considera insuficiente esta prórroga, por lo que sigue reclamando otros 15 meses con la finalidad de garantizar lo que denominan una "transición tranquila", que evite problemas como los que vaticina para la provincia de Alicante. Así lo señala el presidente de la citada entidad, Alejandro Pastor, quien no duda a la hora de señalar que esta reversión, que considera precipitada, va a provocar "un caos y un colapso del servicio".

Estaciones móviles

De entrada, explica, las estaciones móviles que están diseminadas por la provincia van a desaparecer de un plumazo. Según sus palabras, "se trata de líneas de inspección que las empresas concesionarias decidieron habilitar para facilitar el servicio durante la época más complicada de la pandemia, y que desde entonces han seguido funcionando de manera continuada. Así que, en el momento en el que finalice el contrato, dejarán de estar operativas". A ello hay que añadir los problemas legales existentes con las estaciones fijas de Redován y Orihuela. Se trata de empresas que recibieron en su momento la autorización del Ministerio de Industria, y cuyos propietarios, al contrario de lo que opina el Consell, consideran que la reversión no les tendría que afectar. Con todo ello, añade Pastor, "nos encontramos con que hay cerca de 400.000 inspecciones anuales que quedan en el aire, porque no habrá sitio para que se puedan realizar".

No opina lo mismo Josep Albert Quilis, gerente de la Sociedad Valenciana de ITV, entidad que se encargará de la gestión pública, quien garantiza la prestación del servicio a la ciudadanía. Según sus palabras, "desde la Generalitat y la Conselleria de Economía venimos trabajando desde hace tiempo en la reversión, con un nuevo modelo de gestión directa que permitirá salvaguardar la seguridad viaria, rebajar las tarifas, modernizar las estaciones y mejorar la calidad, eficiencia y competitividad del servicio".

En este sentido, señala que se están buscando fórmulas para asegurar la prestación en los municipios de la provincia de Alicante donde hay más complicaciones. Así, y en lo que respecta a las estaciones móviles, Quilis explica que las opciones pasan por sustituirlas por otras que la sociedad pública pueda habilitar, o por llegar a acuerdos de subcontratación transitoria, "teniendo en cuenta -explica-, que se necesitará de un tiempo para configurar las nuevas infraestructuras". En lo que respecta a las estaciones fijas de Redován y Orihuela, señala que también se están manteniendo conversaciones "para ver de qué forma podemos abordar esta singularidad. Jurídicamente no es fácil, pero vamos a encontrar una solución para que el servicio de ITV siga prestándose con normalidad en estos municipios".

Las empresas ya advierten en su web de que dejarán de dar citas

Las concesionarias de las estaciones de ITV ya han empezado a advertir en su página web de que dejarán de dar citas a partir del momento en que finalice la concesión del servicio, el 24 de febrero en unos casos, y el 3 de marzo en otros. Este es el caso del dominio «Circuitv» de las estaciones de Gandia, Ondara, Alzira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent, donde un mensaje advierte, textualmente, que «a partir de esas fechas y salvo nueva disposición, todos los servicios asociados a la ITV deberán solicitarse a la propia Administración a través de los cauces y medios que en su momento dará a conocer, y pondrá a disposición de los usuarios».

Las empresas mantienen que no pueden dar citas más allá del final de la concesión ante la imposibilidad de garantizar la prestación del servicio cuando pase a manos de la Generalitat. La Conselleria de Economía, por contra, mantiene que una resolución las obliga a concertar la prestación del servicio hasta el 30 de junio, bajo la amenaza de ser intervenidas si incumplen este requerimiento».