El Consell intensifica las negociaciones con los ayuntamientos para garantizar las ITV móviles

Contrarreloj. Así está negociando la Conselleria de Economía para mantener en funcionamiento las estaciones móviles de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que operan en la provincia de Alicante una vez se haga efectiva la reversión del servicio en los plazos previstos del 25 de febrero y el 4 de marzo. El objetivo que persigue el departamento autonómico es sustituir las instalaciones de El Campello, Santa Pola y Calp, que la empresa propietaria descarta ceder, y subcontratar el servicio en las de Elda, Novelda y Pilar de la Horadada.

Las estaciones móviles fueron habilitadas por las concesionarias para facilitar el servicio en los momentos más complicados de la pandemia y, desde entonces, han estado funcionando de manera continuada. El problema se ha suscitado ahora con la reversión, toda vez que, al tratarse de instalaciones propiedad de las empresas, no pasarán a manos de la Sociedad Valenciana de ITV, entidad que se encargará de la gestión pública.

Así las cosas, y ante la amenaza de dejar a una amplia zona de la provincia sin servicio, en los últimos días se han intensificado las gestiones para tratar de hallar una solución. Según ha explicado el gerente de la sociedad, Josep Albert Quilis, en estos momentos, y ante la imposibilidad de obtener la cesión de las instalaciones, se mantienen conversaciones con los ayuntamientos de El Campello, Santa Pola y Calp para sustituirlas. "Lo que queremos -explica- es habilitar unas nuevas estaciones, aunque para ello necesitamos que nos cedan unos terrenos, porque no es seguro que podamos ubicarlas en el mismo emplazamiento".

El Consell negocia en Redován y Orihuela una subcontrata con las concesionarias de las ITV

El caso de las unidades de Elda, Novelda y Pilar de la Horadada es distinto, toda vez que pertenecen a las concesionarias de Orihuela y Redován, con las que se está negociando la subcontratación del servicio. Se trata de dos empresas que recibieron en su momento la autorización directamente del Ministerio de Industria, por lo que no estarían afectadas por la reversión. De ahí que se esté buscando un acuerdo que, por un lado, evite un conflicto judicial y, por otro, garantice la prestación. "El objetivo -destaca Quilis- es que las unidades móviles que dependen de estas empresas también formen parte de la misma solución".

El ente público, asimismo, está trabajando en la subrogación de los alrededor de 1.000 trabajadores que forman parte de las plantillas de las concesionarias, con unos salarios que, en su conjunto, podrían ascender a cerca de 46 millones de euros anuales, lo que representaría 15 más de los previstos inicialmente. Quilis, con todo, destaca que "globalmente sabemos lo que cuesta la prestación del servicio. Ahora de lo que se trata es de concretar el apartado de los salarios, para lo cual estamos ultimando la auditoría que lo tiene que determinar".