El Consell redobla la presión sobre las empresas que infringen la normativa de riesgos laborales

La Conselleria de Economía Sostenible, a través de la Dirección General de Trabajo, ha impuesto sanciones a seis empresas que operan en la provincia de Alicante por graves incumplimientos de la normativa de riesgos laborales. Las multas oscilan entre los 40.986 y los 163.956 euros.

Las sanciones, levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, han sido publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y en cuatro de los casos están vinculadas a compañías que pertenecen al sector de la construcción. Este es el caso de la empresa que se ha llevado la mayor sanción, Primer Grupo de Restauración. Se trata de una mercantil dedicada a la construcción de edificios residenciales que tiene la sede central en Murcia, pero que en julio del año pasado, fecha de la infracción, estaba trabajando en la provincia.

Otra de las mercantiles sancionadas es Mevinia Levante, una firma de Novelda dedicada a actividades de construcción especializada, que se ha llevado una multa de 114.192 euros por una infracción que se remonta a marzo de 2008, pero que ha adquirido ahora carácter de firmeza.

La tercera de las sanciones ha sido para la empresa Técnica de Construcción y Alquileres, de Alicante, cuya actividad está relacionada con la construcción de edificios no residenciales, en este caso por un valor de 40.986 euros, a raíz de un acta levantada en junio del año pasado. Justo esta misma cuantía es la que tendrá que abonar Tombergrup Obras y Servicios, ubicada en Alcoy y dedicada a los inmuebles no residenciales, por una infracción cometida también en verano de 2022.

A estas empresas hay que sumar Gayanes Recycling, especializada en el comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho y con sede en l’Alqueria d’Asnar, que también deberá afrontar una multa de 40.986 euros por un acta levantada por la inspección en octubre de 2018. La sexta firma sancionada es Konecta Asesores Solares, dedicada a las instalaciones eléctricas y con sede en el municipio manchego de Ballesteros de Calatrava. Con todo, la infracción, fechada en mayo de 2022, se cometió cuando realizaba unos trabajos en la provincia. La cuantía asciende a 49.181 euros.

Las sanciones se han impuesto en un momento de amplia preocupación por la cantidad de accidentes laborales que se producen. El año pasado, sin ir más lejos, la provincia registró 16.000, 28 de ellos mortales. La directora general de Trabajo, Elvira Ródenas, subraya que con estas sanciones lo que se persigue es ejemplarizar y exigir el cumplimiento de la normativa, con la finalidad de proteger a los trabajadores y reforzar la prevención.