Reforma del mercado eléctrico

Bruselas afirma que la propuesta española de intervenir nucleares e hidráulicas “espantaría" a las nuevas inversiones

La Comisión Europea considera que poner precios regulados a tecnologías ya instaladas generaría "incertidumbre regulatoria"

Kadri Simson.

Kadri Simson. / AFP

Sara Ledo

La Comisión Europea ha hecho oídos sordos sobre el corazón de la propuesta española de reforma del mercado eléctrico que abogaba por establecer un precio regulado para nucleares e hidráulicas antiguas al considerar que crearía "incertidumbre regulatoria" y "espantaría las nuevas inversiones", según explican fuentes comunitarias.

Bruselas presentó este martes su planteamiento de renovación del mercado que pasa por mantener el sistema marginalista de fijación de precios (como defienden la mayoría de Europa) e impulsar los contratos bilaterales entre generadores y consumidores de energía (los llamados PPA) reduciendo algunas barreras y con subastas de precios regulados para las nuevas inversiones de renovables, así como para las nucleares.

Las herramientas son las mismas que pretendía utilizar España, también las que defienden las grandes eléctricas europeas, pero la gran diferencia es que el Ministerio para la Transición Ecológica planteaba extender los precios regulados a nucleares e hidráulicas ya instaladas, mientras que Bruselas se centra solo en nuevas inversiones. "En el contexto de los altos precios de la electricidad, estos contratos podrían reducir inmediatamente los precios de los consumidores, y dar seguridad regulatoria a los productores”, defendía en su propuesta el departamento que dirige Teresa Ribera.

Bruselas, por su parte, reconoce en los documentos que adjunta a su propuesta que la "principal" ventaja de los precios regulados "cuando son diseñados de forma apropiada"-- es "garantizar unos ingresos para los generadores, limitar los ingresos excesivos en un ambiente de precios altos en el mercado y, al mismo tiempo, aliviar la presión en las facturas de los consumidores". Pero descarta aplicar esta medida sobre las instalaciones 'antiguas'. "La retroactividad en las medidas supone un riesgo, crea una incertidumbre regulatoria y espantaría a nuevas inversiones", exponen fuentes comunitarias.

"La posibilidad de que los Estados miembros adopten estas medidas obstaculizaría seriamente la capacidad de los inversores para estimar sus ingresos. Esto, a su vez, aumentaría los riesgos de inversión y el coste de capital, a expensas de los consumidores y, en última instancia, afectaría a la eficiencia y el ritmo de la transición energética", asegura el texto, que añade que en el periodo de consultas de la Comisión Europea se ha puesto de relieve que esta decisión "genera preocupaciones significativas" sobre "el bloqueo de la capacidad existente a niveles de precios excesivamente altos, con el consiguiente riesgo presupuestario para los Estados miembros" e implica "altos riesgos legales".

La patronal de las grandes eléctricas europeas Eurelectric ha celebrado la decisión de Bruselas que al "dar protagonismo a las soluciones basadas en el mercado, la Comisión se aleja de las ideas más disruptivas que han surgido en el debate" en referencia a la idea española.

Tope a los ingresos

También ha descartado Bruselas que el tope a los ingresos de las centrales nucleares e hidráulicas promovido tras la crisis derivada de la guerra de Ucrania para reducir los "beneficios caídos del cielo" que --según la Comisión y el Gobierno español-- recibe esta generación por el alza del precio del gas. Estas medidas, dice la Comisión, "pueden traer beneficios en momentos de crisis energética", mientras que hacerlas permanentes podría suponer "riesgos y costes innecesarios" pudiendo "dañar los mercados a plazo" y afectar al "atractivo de inversión".

Bruselas impuso un tope al precio de estas tecnologías de 180 euros por megavatio-hora que finaliza el 30 de junio de 2023 y que decidirá si extiende antes del 30 de abril de 2023, cuando espera tener una conclusión sobre los ingresos recaudados y su impacto para los consumidores. España mantiene un tope más bajo, de 67 euros por megavatio-hora, extendido hasta finales de este año. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, dijo hace unas semanas que la eléctrica había recortado sus beneficios anuales en 6.000 millones de euros debido al tope del Gobierno.