Desaparece la obligación de los trabajadores de entregar su baja médica a la empresa

Patronal y sindicatos reclaman que el sistema informático que sustituirá a este trámite desde el 1 de abril funcione de forma correcta

Una mujer entrando a un centro de salud en Sant Joan.

Una mujer entrando a un centro de salud en Sant Joan. / Áxel Álvarez

M. Vilaplana

M. Vilaplana

Agilizar trámites y eliminar obligaciones burocráticas. Ese es el objetivo de la nueva normativa que entra en vigor el próximo 1 de abril, por medio de la cual los trabajadores quedarán exentos de la obligación de entregar a su empresa los partes médicos de bajas y altas temporales. La comunicación, a partir de ese momento, se realizará de forma telemática desde la Seguridad Social, precisamente el punto que más desconfianza genera en estos momentos tanto en los empresarios como en los sindicatos, que reclaman que los sistemas informáticos funcionen de manera adecuada con el objetivo de evitar disfunciones y colapsos.

La nueva normativa, aprobada a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal. Y en lo relativo a los partes médicos de bajas y altas, está previsto que solo se entregue una copia a los trabajadores y que se elimine la segunda, que es la que iba dirigida a la empresa. De esta forma, se deja sin efecto la obligación de que sean los propios empleados los que se ocupen de comunicar y trasladar a su compañía el parte.

Así, desde el 1 de abril, la comunicación se establecerá de manera directa entre la Seguridad Social y las empresas de forma telemática, una medida que, según han explicado desde el propio ministerio, lo que busca es sortear trámites que pueden resultar molestos para personas que estén en situación de incapacidad temporal, aprovechando, además, las posibilidades de mejorar la eficacia y eficiencia que brindan los avances en digitalización y tecnologías de la información.

La iniciativa, además de agilizar la burocracia, también pretende sortear diligencias que pueden ser molestas para personas que se encuentran en situación de incapacidad temporal.

La nueva normativa, asimismo, establece que el personal facultativo podrá fijar plazos de revisión médica inferiores a los señalados, en función de la evolución del proceso.

Para el ministerio, estos cambios van a aportar importantes beneficios a las empresas, los trabajadores y los propios facultativos del sistema de salud.

Pues bien, hasta aquí todo parecen ser ventajas, pero tanto las empresas como los sindicatos tienen dudas en cuanto a su aplicación. Una muestra de ello es la opinión del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, quien lamenta, en primer lugar, las formas utilizadas para abordar estos cambios. «Se trata de una medida más de las que el Gobierno está aprobando de forma unilateral, sin contar con la opinión de las empresas», asevera.

Y respecto al fondo de la cuestión, Navarro subraya que todo dependerá de cómo funcione el sistema público de salud a la hora de comunicar los partes. Según sus palabras, «es totalmente necesario que las empresas puedan conocer la baja laboral de un trabajador con el suficiente margen como para reorganizar el trabajo de forma adecuada. Si no se comunica a tiempo, no tendrán margen de reacción».

Las centrales sindicales, por su parte, están de acuerdo con el fondo de la normativa, aunque también tienen sus dudas con relación a la operatividad. Así lo manifiesta el secretario general de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, Paco García, quien señala que «la idea es buena, pero falta ver después si los sistemas informáticos están adaptados para lo que se les va a pedir a partir de ahora con el cruce de datos y no se generan colapsos que puedan perjudicar tanto a los trabajadores como a las propias empresas».

García, además, considera que se debería liberar a los médicos de los trámites que realizan para formalizar los partes de altas y bajas. «Yo he pasado por ahí recientemente, y he podido comprobar que invierten por lo menos dos minutos en estas tareas, cuando podrían estar dedicándolos a atender a pacientes. Lo ideal, por tanto, sería que se incrementara el personal administrativo en los sistemas de salud para descargar a los facultativos».

Por su parte, la secretaria general de UGT en la misma demarcación, Yaissel Sánchez, opina que la medida es positiva, sobre la base de que favorece a los trabajadores y elimina trámites burocráticos, «aprovechando las nuevas tecnologías, que están para estas cosas», enfatiza. En cualquier caso, también espera que todos los equipos se hayan adaptado de forma conveniente, de manera que no se produzcan problemas a partir del 1 de abril, cuando entre en vigor la norma.