La subida de costes deja desiertas más de un centenar de obras en Alicante

Las obras de mejora o ampliación de instalaciones de institutos como los de Cristòfol Colom de Xixona, el Pla de Barraques de El Campello o el Virgen de la Salud en Elda; la ampliación de consultorios médicos como el de San Fulgencio; la nueva sala de reuniones del aeropuerto o edificios enteros como el Concepción Aleixandre, en el campus de Sant Joan de la Universidad Miguel Hernández.

Son solo algunos ejemplos del reguero de obras públicas que quedaron desiertas el año pasado a lo largo de toda la provincia como consecuencia del encarecimiento que sufrieron los costes de construcción y la falta de actualización de los precios en las licitaciones públicas, lo que provocó que ninguna empresa quisiera pujar por ellas.

Una situación que podría agravarse aún más en los próximos meses después de la decisión del Gobierno central de poner fin a las medidas excepcionales contempladas Real Decreto Ley 3/2022, que permitían a los constructores reclamar al menos una parte de los sobrecostes que sufrían durante el periodo de ejecución de las obras, como consecuencia de la inflación provocada por la guerra de Ucrania y de los cuellos de botella registrados en las cadenas de suministro tras la pandemia. Así lo ha advertido este miércoles la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (Fopa), que se suma así a la patronal nacional del sector –la Confederación Nacional de la Construcción- a la hora de reclamar al Ejecutivo que no sólo prorrogue las medidas adoptadas el año pasado, sino que las mejore ante los numerosos problemas y retrasos que se han registrado en su aplicación.

Como recuerda el presidente de Fopa, Javier Gisbert, el problema de fondo viene por el encarecimiento que han sufrido la práctica totalidad que se emplean en este tipo de trabajos –desde el acero, hasta el hormigón o la propia mano de obra- y que ha disparado un 40% el coste de ejecución de cualquier obra desde 2021. Un aumento de costes que, sin embargo, no se ha recogido en las licitaciones públicas, en su mayoría redactadas con anterioridad a las subidas o basadas en precios desfasados.

El resultado es que, a medida que avanzaba el ejercicio, cada vez más contratos se quedaban sin adjudicar ya que los números no salían y nadie se presentaba a los concursos. "Lo lógico hubiera sido actualizar los precios antes de sacar las licitaciones, pero muchas administraciones no lo hicieron y, lo que es más incomprensible, siguen sin hacerlo", denuncia Gisbert..

Las reformas de los colegios Pla Barraques y El Vincle de El Campello quedan desiertas

Para dar una idea de la gravedad de la situación, basta con mirar los datos que ofrecen los empresarios. Según la información facilitada por Fopa, de las 2.617 obras que salieron a licitación en la Comunidad Valenciana a lo largo del año pasado, se quedaron desiertas 830, es decir, el 31,7%, prácticamente una de cada tres. En importe el porcentaje es algo menor, del 17% -se quedaron sin adjudicar 175 millones de un total de 1.053- porque muchos de los proyectos son los de menor importe, a los que suelen optar también empresas más pequeñas, las que menos riñón tienen para afrontar sobrecostes imprevistos.

En el caso de Alicante, el listado de obras desiertas a lo largo del año pasado alcanzó las 122, con un importe global de 52,8 millones de euros, aunque Gisbert señala que la realidad aún es peor ya que el informe de los empresarios sólo incluye aquellos proyectos declarados oficialmente desiertos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público por la correspondiente administración. Esto excluye algunas que aún no constan como tales –es decir, que la administración responsable no lo ha comunicado a la plataforma- como es el caso de dos fases de la conducción postrasvase del Júcar-Vinalopó, que suman más de 20 millones de euros.

El Ayuntamiento cifra en 125 los contratos adjudicados en 2022 y en un 10% las licitaciones desiertas

Por administración, los ayuntamientos son los que acumulan más proyectos en esta situación, con un total de 84, por valor de 29,4 millones. Le sigue la Generalitat, con 11 obras desiertas, por valor de 3,8 millones; la Diputación, con ocho proyectos por valor de 1,6 millones; el Estado suma otros ocho, con 1,3 millones; las mancomunidades y organismos supramunicipales, con seis contratos por valor de 6,2 millones; y las universidades, con cinco obras por 9,9 millones.

Junto a los citados, abundan los contratos de mantenimiento de distintos edificios públicos, instalaciones deportivas, obras de saneamiento y hasta la adecuación de quirófanos. Unos proyectos que, tras la falta de candidatos, han tenido que volver a licitarse, con el retraso que conlleva en su ejecución. Así, entre otras cosas, Fopa alerta de la posibilidad de que parte de los fondos europeos se queden sin gastar por este motivo.