Aval de la Eurocámara al nuevo impuesto fronterizo sobre el carbono

El Parlamento Europeoha completado este martes la aprobación formal de otras tres piezas claves del llamado Fit for 55, el paquete legislativo con el que la Unión Europea aspira a reducir las emisiones contaminantes un 55% para 2030 (respecto a 1990) y lograr la neutralidad de carbono en 2050 : la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, incluido el sector marítimo y la aviación, el nuevo mecanismo de ajuste en frontera de carbono y el nuevo fondo social para el clima con el que compensar a los consumidores más vulnerables. La nueva legislación obligará a los generadores de electricidad y a los grandes contaminadores a reducir sus emisiones en un 62% para 2030 respecto a 2005 e introduce el primer impuesto fronterizo sobre el carbono.

El acuerdo político provisional entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo se cerró a finales de diciembre. El último paso, tras dos años de intensas negociaciones y el aval del pleno, será la aprobación formal por parte del Consejo en las próximas semanas. El régimen de comercio de derechos de emisión es la principal herramienta que utiliza la UE para reducir las emisiones de CO2 a partir de un sistema de cantidades máximas e intercambios de derechos entre los sectores de gran consumo de energía. Hasta ahora cubría alrededor del 40% de las emisiones totales de CO2 de la UE mientras que desde su introducción en 2005 las emisiones han caído un 41%. 

La nueva norma, que ha logrado 413 votos a favor, 167 en contra y 57 abstenciones, permitirá reducir todavía más y aumentar la ambición al ampliar la cobertura a otros sectores como la aviación y el transporte marítimo. El objetivo es eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación en 2026 a más tardar, y fomentar el uso de combustibles sostenibles. Además, los generadores de electricidad y los grandes contaminadores estarán obligados a reducir su contaminación en un 62% para 2030. La norma incluye un límite máximo global de emisiones durante dos años, de 90 y 27 millones de derechos de emisión respectivamente, y aumentar el porcentaje de reducción del límite máximo en un 4,3 % anual de 2024 a 2027 y un 4,4 % de 2028 a 2030. El pacto también refuerza el mecanismo que regula las fluctuaciones excesivas de precios, estableciendo, por ejemplo, una retirada automática de derechos de emisión de la reserva de estabilidad y destinándolos al mercado.

Aquellas instalaciones que reciban asignaciones gratuitas tendrán que cumplir los requisitos de condicionalidad, por ejemplo como auditorías energéticas, y, en el caso de determinadas instalaciones, planes de neutralidad climática. El pacto también incluye el compromiso de Bruselas a evaluar y presentar un informe para mediados de 2026 sobre la eventual introducción en el régimen, a partir de 2028, del sector de la incineración de residuos municipales. Además, en determinadas condiciones y en algunos Estados miembros podrán concederse asignaciones gratuitas transitorias adicionales al sector de la calefacción urbana para incentivar las inversiones para su descarbonización, una cuestión polémica por el temor a que la política tenga un efecto desproporcionado en los hogares vulnerables.

Apoyo a los hogares vulnerables

Para evitar ese escenario, la revisión también incluye un nuevo Fondo Social para el Clima que estará disponible a partir de 2026 y que se financiará a través de las subastas de los derechos de emisión hasta un importe máximo de 65.000 millones. El fondo -aprobado con 521 votos a favor, 75 en contra y 43 abstenciones- se creará para el período 2026-2032 y los Estados miembros tendrán que contribuir a nivel nacional con cargo a sus propios presupuestos con una cofinanciación del 25% (elevando el montante dispomnible a 87.000 millones).

El puzzle se completa con la creación de primer impuesto fronterizo sobre el carbono del mundo, llamado Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono, con el que la UE aspira a evitar que las empresas europeas se vean perjudicadas e incentivar al mismo tiempo a que países terceros aceleren la ambición en sus objetivos climáticos. El mecanismo, avalado con 487 votos a favor, 81 en contra y 75 abstenciones, se aplicará a los productos como hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno, así como las emisiones indirectas en ciertas circunstancias. Los importadores de estos productos tendrían que pagar la diferencia entre el precio del carbono pagado en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en el régimen de comercio de emisiones. El impuesto se introducirá progresivamente a partir de 2026 hasta 2034, al mismo ritmo que se eliminan los derechos de emisión gratuitos en la UE.