El 70% de los hogares de la provincia está en áreas que la nueva ley considera tensionadas

Más del 70% de los hogares de la provincia se encuentran en zonas que encajarían en la definición de área tensionada que prevé la futura Ley de Vivienda que el Gobierno ha pactado con sus socios y en las que, por tanto, podrá imponerse un tope a los alquileres, más allá de las limitaciones generales que la normativa también prevé para el conjunto de arrendamientos. Una medida con la que el Ejecutivo pretende atajar la escalada de precios que se ha producido en los últimos años y evitar la exclusión del mercado de capas cada vez más amplias de la población, pero que ha suscitado la crítica unánime de propietarios e inmobiliarias, que aseguran que estas limitaciones reducirán la oferta disponible.  

Los cálculos los ha realizado la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics, que está especializada en el desarrollo de herramientas de data science y que ha utilizado como base de su estudio los códigos postales ya que esta es la unidad mínima –en realidad, el distrito censal- que recoge la nueva normativa a la hora de delimitar estas zonas tensionadas.

El Consell se apunta a limitar los alquileres y las inmobiliarias advierten de que reducirá la oferta

En concreto, el texto señala que podrá tener esta consideración aquella área donde la tasa de esfuerzo para alquilar un piso –la renta mensual más los gastos- supere el 30% de la renta disponible media en la zona, o bien donde los precios hayan subido tres puntos más que el IPC en los últimos cinco años. Bastará con cumplir una de estas dos condiciones, aunque la declaración no será automática: deberán instarla los ayuntamientos o el ejecutivo autonómico.

Con los últimos datos disponibles, los investigadores de Atlas concluyen que hasta el 47,8% de los códigos postales de la provincia cumplirían con uno de los dos requisitos, lo que ya supone un porcentaje más que notable. Pero el problema es que, como es de esperar, estos distritos son los que agrupan a un mayor porcentaje de población. En concreto, hasta el 70,46% de los hogares alicantinos se ubica en una de estas áreas.

Son diez puntos más que la media nacional, según el mismo estudio, lo que sitúa a Alicante entre las provincias donde, al menos sobre el papel, la nueva ley podría tener un mayor impacto. Una clasificación que encabezan Baleares y Málaga, donde casi un 95% de los hogares se encuentran en zonas que podrían tener la consideración de tensionadas, según la futura legislación, seguidas por Madrid, con un 89,9%; Cádiz (83,18%); Barcelona (80%); Las Palmas (79,13%); y València (74,2%).

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En el lado opuesto se situarían Ceuta o Teruel, con porcentajes casi insignificantes de hogares en zonas con el alquiler tensionado.

Municipios

En cuanto al desglose por municipios, como era de esperar, son las grandes ciudades y los municipios de la costa los que se llevan la peor parte. Así, en el caso de la ciudad de Alicante entrarían en uno de los dos supuestos que contempla la ley hasta 20 de sus 24 códigos postales, es decir, todos menos los que recogen las partidas rurales. Y algo muy similar ocurre en Elche, donde son las pedanías las que se libran de esta consideración, según el estudio.

También se ven afectadas las poblaciones del área metropolitana de la capital provincial, como San Vicente, Sant Joan o El Campello, que recogen buena parte de la demanda que la propia Alicante no puede atender.

Igualmente encajarían en esta definición que pretende señalar aquellas áreas más problemáticas para encontrar un piso de alquiler las principales poblaciones turísticas de la Costa Blanca, donde los residentes locales deben competir por los pisos con los visitantes llegados de otras zonas del país y del extranjero, lo que limita la disponibilidad de arrendamientos de larga estancia y los encarece. Dénia, Pedreguer, Benissa, Altea, Calp, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, La Nucia, l'Alfàs del Pi, Benidorm o La Vila son algunos de los municipios de las Marinas con el mercado del alquiler tensionado.

En la zona sur de la provincia, también presentan esta situación Santa Pola, Guardamar, Torrevieja y buena parte del término municipal de Orihuela, junto con poblaciones como Redován, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral o Cox, en el interior de la Vega Baja.

Por el contrario, las zonas donde hay menos códigos postales con la vivienda tensionada son las mismas que en los últimos años han permanecido ajenas a la reactivación del ladrillo, es decir, es decir, el Alto y Medio Vinalopó y la Montaña. Así, el estudio señala que no cumplen ninguno de los requisitos para obtener esta consideración municipios como Aspe, Novelda, Monforte, Elda o Petrer, en las comarcas del Vinalopó, o las ciudades de Alcoy, Castalla, Biar o Ibi, en la zona norte.